Hay 617.327 armas de fuego registradas de manera legal en Uruguay. Eso implica que hay 17,5 armas por cada 100 habitantes, pero ese número aumenta si se toman los cálculos tentativos de las armas que circulan en la ilegalidad. Las registradas —y las estimaciones de las no registradas— ubican al país dentro del ranking de los más armados de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, el problema no son las armas de fuego por sí solas, sino lo que ha sucedido con ellas en los últimos años. “No hay una correlación entre la proliferación de armas y el delito o la violencia. Hay sociedades que están muy armadas y que son pacíficas, y también hay sociedades que están muy desarmadas y que son muy pacíficas. Países como Alemania, por ejemplo, tienen muchísimas armas y pocos niveles de violencia y delito; Japón no tiene armas y tiene bajísimos niveles de violencia y delito”, explicó a la diaria Diego Sanjurjo, actual gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, quien además ha estudiado el fenómeno en su carrera académica.
Sanjurjo explicó que, en realidad, las armas cobran “su peligrosidad dependiendo del contexto en el que estén insertas”. En ese sentido, en un contexto de “marginalidad, de bandas criminales de narcotráfico, de hombres jóvenes que se dedican a delinquir y a pelear por territorio, lo que vas a tener, si hay armas, es un multiplicador de violencia”.
En 2025, las armas se usaron en 68,2% de los homicidios, y en promedio, por año, los heridos por arma de fuego en Uruguay son 1.150. Asimismo, los delitos asociados al uso de armas de fuego aumentaron de manera significativa: las denuncias de disparos entre 2013 y 2025 aumentaron más de 220%, las de porte y tenencia ilegal de armas más de 400% en el mismo período y las de tráfico interno, entre 2018 y 2025, incrementaron casi 900%.
A eso se suman las armas hurtadas, que, según la información del AECA, entre 2013 y 2025 se registraron aproximadamente 16.000 denuncias. “Para entendernos, son 1.300 armas por año en promedio que están registradas legalmente en Uruguay y que van directo a las manos de la delincuencia”, resaltó Sanjurjo.
El problema fue identificado por la actual gestión del Ministerio del Interior y es uno de los ejes que busca abordar el Plan Nacional de Seguridad. En paralelo, Sanjurjo coordinó el trabajo con distintas unidades del ministerio para buscar mejorar los controles de las armas y municiones, y eso desembocó en el desarrollo de una estrategia, que implicó la redacción de un proyecto de ley, un decreto y cambios internos en la cartera.
El decreto: se mantiene el total de ocho armas por usuario, pero con límites
El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en los próximos días se conocerá el contenido de un decreto que busca controlar las armas y regular la tenencia de municiones, que actualmente “no tienen ningún tipo de regulación”, según dijo en Arriba gente, de Canal 10.
Sanjurjo explicó que el decreto —que aún no fue firmado y está siendo revisado por las carteras involucradas— pondrá límites a la cantidad de municiones que se pueden adquirir. “No es común nuestra situación nacional. Se puede ir de una armería a la otra agotando todo el stock y es perfectamente legal”, apuntó. En ese sentido, señaló que los límites sugeridos en el decreto son acordes a la legislación internacional, y las cantidades varían según el tipo de arma y el calibre.
Sanjurjo señaló que la mayoría de las armas que se utilizan para cometer delitos y homicidios son las armas cortas y, en particular, las pistolas de 9 milímetros y las armas de calibre 223. Para esos dos casos, el decreto dispone que no se puedan adquirir más de 250 cartuchos por año y por persona. En el caso de las demás armas cortas, se establece una limitación de hasta 1.000 cartuchos por año. En tanto, para las armas largas, que son generalmente utilizadas por cazadores, el límite es de 2.500 cartuchos por año y por arma.
Otro aspecto que se abordará en el decreto es la cantidad de armas que puede tener cada usuario. El decreto 345 que impulsó el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2020 amplió de tres a ocho las armas que podía tener una persona de manera regular. La nueva normativa mantiene el mismo límite, pero establece que, de ese total, puede haber un máximo de cuatro armas cortas y, dentro de estas, dos pistolas.
“Las armas que se utilizan para matar a otros en Uruguay son casi siempre pistolas y son las que hacen daño”, explicó Sanjurjo y añadió que, por lo tanto, lo que se busca es “prevenir la posibilidad de que estas pistolas terminen en manos de la delincuencia porque, de vuelta, se hurtan, más o menos, 1.300 por año”.
Para los coleccionistas, se mantendrá la habilitación para que tengan la cantidad de armas que quieran tener, pero se exigirá que estén desactivadas y se dispondrá que solamente podrán tener el mismo número que el resto de los usuarios: ocho armas activadas, con un máximo de cuatro armas cortas y dos pistolas.
Además, el decreto prevé que las municiones del Ministerio del Interior tengan un marcaje particular para poder hacer la trazabilidad de las balas cuando se encuentran en la escena del crimen.
Por otra parte, se prohibirá la importación de armas que tengan el número de serie con láser. Si bien tradicionalmente las armas fueron marcadas con herramientas hidráulicas, en la actualidad muchas empresas usan el láser. “El problema es que cuando se borran los números de serie con láser, son irrecuperables. Si se hizo con estampado hidráulico, muchas veces se puede recuperar. Es una ventaja que le estamos dando a la delincuencia, que me parece que no corresponde”, señaló.
Esto también había sido modificado por el decreto de 2020 y el ministerio aspira a cambiarlo. Según explicó Sanjurjo, no se trata de “ninguna innovación”, y mencionó, a modo de ejemplo, que Brasil “tiene completamente prohibida también la importación de armas con estampado en láser”.
También se exigirá a los importadores entregar una muestra de cada munición que importan al departamento de balística de la Policía Nacional. “El departamento tiene una base de datos que luego le permite comparar con las vainas que se encuentran en las escenas del crimen y permitirá investigar si se trata de tráfico nacional, de qué armería salió la munición o si son balas que no se consiguen en Uruguay”, informó el especialista.
Sanjurjo explicó que otro aspecto que se regulará es el que tiene que ver con la transferencia de municiones, ya que existe un “vacío normativo”. “Vos podés venderle un arma a otra persona con todos los papeles en regla, pero no munición. Entonces, con la habilitación vigente y la autorización del registro general de armas, se podrá vender entre particulares”, explicó.
Las armas y los militares retirados
El decreto todavía no ha sido firmado y está siendo estudiado por el Ministerio de Defensa. Uno de los artículos que está en discusión es el que establece que los militares retirados deberán gestionar el porte de armas del personal militar a través del Ministerio del Interior. Actualmente, hay 40.000 militares retirados y, por ordenanza, es el Ministerio de Defensa el encargado de llevar adelante el registro de personal militar en situación de retiro con tenencia y porte de armas.
El proyecto de ley: armas no convencionales, penas e información
El martes, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala ingresó al Parlamento el proyecto de ley de control de armas y municiones, que fue elaborado en el marco de la estrategia elaborada por el Ministerio del Interior.
La iniciativa, que tiene diez artículos, se puede resumir en tres capítulos, explicó Sanjurjo. Una primera parte está orientada a incluir las prohibiciones de armas no convencionales que están “causando destrozos en el resto del mundo” y son, básicamente, tres: armas de aire comprimido, armas electromagnéticas portátiles y armas 3D.
El segundo capítulo dispone el aumento de penas para ciertos delitos. En ese sentido, se incrementan las penas por alterar la numeración de las armas de fuego, por modificar armas para aumentar la letalidad, por porte de arma en lugares públicos sin permiso, habilitación o registro y por tráfico internacional e interno. También se dispone una sanción con multa o trabajo comunitario a quien no denuncie el hurto o el extravío de un arma en las primeras 24 horas del hecho.
Consultado sobre la decisión de aumentar penas y su eventual impacto en la disuasión del delito, Sanjurjo explicó que lo que sugiere la evidencia científica “de manera imposible de rebatir es que por sí solas las penas y el aumento de penas no suelen tener una gran incidencia en el delito, aunque no significa que no lo tengan”. En los casos en los que se aumentó el mínimo de la pena, se buscó que el delito no fuera excarcelable. “Todos estamos de acuerdo en que por sí solo eso no va a solucionar el tema, pero sí creo que suma a la situación”, agregó.
El tercer aspecto que busca mejorar el proyecto es garantizar el acceso a la información entre distintos organismos. Sanjurjo explicó que, por ejemplo, actualmente, cuando una persona concurre a una armería a comprar un arma, la armería manda la información de la compra al Ministerio del Interior mediante correo electrónico o papel.
“Todos esos papeles van a carpetas que se guardan en una caja y que son imposibles de revisar”, explicó Sanjurjo, y detalló que “con las armerías los controles son suficientes; el problema es la forma en la que nos lo hacen llegar a nosotros, que nos hace difícil de controlar. Entonces, queremos tener un sistema con ellos, puesto por nosotros, para que podamos hacer uso de forma sistematizada de esa información y controlar realmente lo que se está vendiendo”.
Por otra parte, se busca resolver el “control cruzado de armas y usuarios de armas” con el Ministerio de Defensa. Actualmente, el Ministerio del Interior lleva el registro y la habilitación de usuarios de armas y el Ministerio de Defensa es el que lleva el Registro Nacional de Armas. Eso hace que, en la práctica, los policías solo saben si una persona tiene permiso de tenencia, pero no tienen conocimiento de las armas que tiene a disposición y esa información, si es solicitada, demora dos o tres días en ser enviada al ministerio.
“Es un tiempo que, al día de hoy, ya no existe, ya no tenemos. Entonces la Policía, para hacer su trabajo, necesita tener acceso en tiempo real al Registro Nacional de Armas. La idea acá es tener un sistema de información interoperable entre ambos ministerios, que ellos puedan ver aquellas habilitaciones y tenencias, y nosotros podamos ver el registro de armas”, explicó.
En el caso de la Aduana, el interés es poder acceder a las armas que se importan al país. Para Sanjurjo, integrar a los ministerios del Interior y Defensa, a la Aduana y a las armerías a un sistema de información compartida permite cerrar el círculo de la trazabilidad de las armas y las municiones.
Indicadores indirectos sobre posesión de armas
Sanjurjo puntualizó que es imposible saber a “ciencia cierta” cuántas armas no reguladas hay en Uruguay. De todas formas, señaló que “seguramente Uruguay sea la sociedad más armada de América Latina”.
Las armas registradas posicionan a Uruguay en los primeros lugares de la región, pero además existen indicadores indirectos sobre la posesión de armas. “Hay dos que son los que más se usan: uno es el PIB per cápita; los países ricos tienen más armas de fuego porque es más barato comprar armas. Uruguay tiene el PIB más alto de América Latina. El segundo es el porcentaje de suicidios cometidos con armas de fuego. Generalmente, los países muy armados tienen un porcentaje relativamente alto de suicidios cometidos con armas de fuego”.
Según el informe Complemento del diagnóstico de la criminalidad y la violencia en Uruguay, que se elaboró en el marco del Plan Nacional de Seguridad, actualmente el porcentaje de suicidios cometidos con armas de fuego es de 20%. “Uruguay tiene el porcentaje más alto de suicidios cometidos con arma de fuego de toda la región. Entonces, esos dos indicadores, más los niveles de registro que tenemos, hablan de una sociedad que sin duda está muy armada”.
Los reparos de asociaciones
El miércoles, la Asociación Nacional de Armerías, Polígonos y Afines publicó un comunicado en el que manifestó su “preocupación” por las declaraciones de las autoridades respecto de “la posibilidad de imponer nuevas restricciones a la compra de municiones y a la tenencia legal de armas de fuego”.
Se cuestionó que las autoridades dijeran que es fácil acceder a un arma y que existe “falta de control sobre la comercialización legal de municiones”. “Creemos firmemente que las políticas más eficaces son aquellas que enfrentan a quienes actúan fuera de la ley, y no las que agregan nuevas restricciones a quienes, día tras día, hacen el esfuerzo de cumplirla”.
En paralelo, la Asociación Defensora de Derechos a Usuarios Legítimos de Armas de Fuego convocó a una movilización frente al Parlamento el 10 de julio. “Nos vamos a juntar entre 4.000 y 5.000 usuarios legítimos para decirles que nosotros no somos el problema de la inseguridad en Uruguay”, contó Fabián Fernández, integrante de la asociación, a la diaria.
Sanjurjo dijo que en el proceso de elaboración de la estrategia mantuvo reuniones con representantes de las asociaciones nacionales de Cazadores, Armerías, Polígonos y Afines, Importadores de Armas y Municiones del Uruguay y coleccionistas. Destacó que las reuniones fueron “excelentes” y que incluso se incorporaron sugerencias a las normativas.
De todas formas, señaló que son conscientes de que “los intereses de ellos no son necesariamente compatibles con los intereses de la seguridad pública” y, por lo tanto, apuntó que es esperable que no les guste que se pongan límites a las municiones que pueden comprar. “Yo lo entiendo, pero, a título personal, me parece que hay que priorizar la seguridad pública”.
La mirada de la sociedad civil
Fernando Olivera, que integra la Plataforma de Infancia y Adolescencia, sostuvo que desde hace tiempo advierten sobre el impacto de las armas de fuego en el territorio y, más precisamente, sobre “la cantidad creciente de niños, niñas y adolescentes baleados o asesinados en territorio”.
En el informe anual del AECA de 2025 se registró que hubo 19 homicidios de niños y adolescentes de entre 0 y 17 años y 81 heridos por armas de fuego en ese tramo de edad.
Olivera, en diálogo con la diaria Radio, dijo que el impacto de las armas se observa también en varones; de determinados entornos, acceden “cada vez más chicos” a armas de fuego. En concreto, indicó que hay niños de 9 y 10 años con acceso a armas.
Señaló que la cantidad de armas que una persona está habilitada a tener es “un exceso”. “Como el registro es personal, cada adulto de una casa puede tener ocho armas. Por ejemplo, en mi casa somos tres adultos y podemos tener 24 armas”, ejemplificó.
Otro punto que considera que debe cambiar es la intervención “fragmentada” de las instituciones. “Hay que crear un sistema que regule todo el acceso, el porte, la tenencia, las municiones, que sea auditable, que esté basado en derechos fundamentales, como el derecho a la vida, porque muchas veces se prioriza el derecho a la libertad del porte de armas por sobre el derecho a la vida”.
Las armas de los homicidios
Sanjurjo dijo que no existe ningún dato que avale el mito de que las armas entran ilegalmente al país mediante tráfico internacional. Mencionó que, de las armas incautadas en el marco de los homicidios, cuya trazabilidad se pudo analizar, y que corresponden a aproximadamente 25% del total de los casos, 80% había sido registrada en el país en algún momento.
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