Grandes laboratorios que explotan la salud de miles de millones

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Durante la pandemia, junto a más de un centenar de países dependientes, Uruguay enfrentó el chantaje de las grandes empresas farmacéuticas. Como lo expresó el presidente Luis Lacalle Pou: “La opción era firmar un contrato con confidencialidad o no tener vacunas... la decisión para mí era meridianamente clara y nos hacemos responsables de lo que firmamos”.¹

Estados Unidos es la potencia que más gana con el negocio de las vacunas; sin embargo, hace llamativos gestos hacia los “países pobres” y, a pesar de que la pandemia está en retirada, estos aún no se concretan.

El 5 de mayo de 2021, el gobierno de Joe Biden accedió ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) a levantar las patentes de las vacunas 2021² mediante una derogación temporal de los derechos de propiedad intelectual (Adpic), que se debatiría –algún día– en la Organización Mundial de Comercio, sin que a la fecha se haya resuelto nada.

En realidad, más allá de sus expresiones solidarias, el gobierno de Biden lleva a cabo acciones geopolíticas agresivas, como la que se conoce como “vaccine apartheid”, que veda el acceso a las vacunas a los países que Washington sanciona por considerarlos hostiles, en una clara intervención para que los pueblos empobrecidos se alcen contra sus gobiernos.

Para implementar sus acciones, Biden tiene en su gobierno un círculo muy aceitado a favor del Big Pharma,³ que integra a altos funcionarios: por ejemplo, Linda Thomas-Greenfield, embajadora ante la ONU, donde una multitud de países pobres clama por vacunas menos caras y mejor distribuidas. Participan también poderosos funcionarios del Departamento de Estado: Victoria Nuland, Wendy Sherman, Uzra Zeya y Molly Montgomery. También Anita Dunn, Susan Rice, Eric Lander. Anita Dunn fue la principal estratega de la campaña presidencial de Biden, socia gerenta de la firma de consultoría que ella cofundó, SKDK, que brinda amplios servicios de relaciones públicas y publicidad a Pfizer. Susan Rice, asesora de política interna, posee cinco millones en acciones de Johnson & Johnson y 50.000 en Pfizer. Eric Lander, asesor de Ciencias de la Casa Blanca, posee un millón de dólares en acciones de BioNTech, socio de Pfizer para desarrollar la vacuna contra la covid-19.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, fue consultor de Gilead Science, la empresa de biotecnología que produjo Remdisivir, el único tratamiento contra la covid-19 aprobado por la Food and Drug Administration (FDA). Chiquita Brooks-LaSure es una abogada que asesoró tanto a Pfizer como a Gilead en cuestiones de política, y fue elegida por Biden para los Centers for Medicare & Medicaid Services, agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

La danza de los millones

Para llevar a cabo sus trabajos, las grandes empresas farmacéuticas crean y presiden organismos de fachada para no arriesgar sus propios fondos en los trabajos de investigación y desarrollo que son financiados con fondos suministrados por los estados. Un ejemplo conocido lo constituye Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI).

El Big Pharma, así como los grandes medios y las empresas de armamentos (complejo militar industrial) tienen el común financiamiento de los mayores fondos de inversión mundiales, lo que hace que la enfermedad, las fake news y las guerras, sean más redituables que la salud, la verdad y la paz.⁴ BlackRock Inc. y The Vanguard Group, Inc. son los más poderosos y ponen sus huevos en las canastas más decisivas en la vida moderna. Black Rock gestiona un patrimonio que supera el producto interno bruto de las economías más grandes a escala global, salvo China y Estados Unidos.⁵

La magnitud de las ganancias del Big Pharma le permite hacer frente a numerosísimas y elevadas multas que en forma permanente tienen que pagar por violación de leyes y reglamentos, por prácticas comerciales fraudulentas o por no respetar el medioambiente.

En el informe “Twenty-Seven Years of Pharmaceutical Industry Criminal and Civil Penalties: 1991 Through 2017”⁶ se hace un recuento de las multas –motivos y montos– en Estados Unidos. Este estudio lo lleva adelante Public Citizen, grupo de abogados voluntarios que defienden a los consumidores, basado en Washington.

A su vez, el grupo Good Jobs First tiene un banco de datos “rastreador de violaciones”⁷ que permite “descubrir qué corporaciones son las mayores infractoras reglamentarias y transgresoras de la ley en Estados Unidos”.

El daño que las malas prácticas de las farmacéuticas provoca en la investigación lo expresó el doctor Philippe Douste-Blazy, exministro de Salud de Francia y exsubsecretario general de la ONU, quien sostuvo que “si esto continúa⁸ ya no podremos publicar datos de investigación clínica, pues las compañías farmacéuticas son tan poderosas financieramente que llegan a tener tales metodologías para hacernos aceptar trabajos que en apariencia son metodológicamente perfectos, pero que en el fondo dicen lo que ellas quieren; eso es muy grave”.

Duro baño de realidad

Durante la prolongada experiencia de la covid-19, Uruguay y los cientos de países de menores recursos han experimentado en carne propia lo que significan realmente la amistad y las alianzas con los países más poderosos: estos anteponen los negocios a la vida, la salud y el bienestar de millones y millones.

Las estrategias implementadas por los países más poderosos durante la pandemia han profundizado la desigualdad haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, desatando la inflación, la desocupación y la inseguridad. Es la concreción práctica de la dependencia en este siglo.

Este duro baño de realidad permite saber dónde se está parado: por ejemplo, aprender de la Unión Europea a no negociar cada uno por su lado, sino en forma coordinada. Asimismo, no sólo superar la desarticulación para negociar, sino también para producir medicamentos en forma distribuida y coordinada con los numerosos países dependientes, empezando por los de América Latina.

El conocimiento reunido en el Grupo Asesor Científico Honorario creado en Uruguay al comienzo de la pandemia, así como la masa crítica de investigadores y conocimiento científico existentes en el país, es un capital para visualizar una estrategia hacia la autonomía. O sea, tomar la historia en sus propias manos.