Hasta no mucho tiempo atrás los uruguayos asistían a un debate sobre los aspectos centrales de los dos proyectos de país en pugna. No siempre en los mejores términos, pero tampoco con formas alejadas de lo ya conocido.
Por un lado, el propuesto por la coalición de gobierno -con los matices propios de los agrupamientos políticos que la integran-, basado en un proyecto conservador en lo político, concentrador de riqueza en lo económico y claramente excluyente en lo social, y, por el otro, el defendido por el Frente Amplio, con las credenciales de los 15 años de sus tres gobiernos, que si bien estuvieron lejos “de hacer temblar las raíces de los árboles” y de tocar los intereses de las clases dominantes, mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de las grandes mayorías.
Los principales temas de debate, muchos de ellos en medio de una pandemia de covid-19 que dejó el lamentable resultado de más de 7.000 muertes (muchas de ellas evitables, como reconociera el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas), fueron impuestos en la agenda por el propio gobierno, a raíz de conocerse el texto de una ley de urgente consideración de 500 artículos conteniendo los más diversos temas.
Los uruguayos asistimos, en medio de acusaciones de “poner palos en la rueda”, a un debate muy poco riguroso en el que nos dijeron que los precios de paridad de importación para fijar el precio de los combustibles serían la panacea para terminar con los combustibles más caros del mundo, la “regla fiscal” terminaría con el “despilfarro del Frente Amplio”, el aumento de las penas reduciría los delitos y la reducción de los consejos de la enseñanza agilizaría las reformas y nos pareceríamos a países del primer mundo, entre otros temas.
Los resultados están a la vista. Vea usted el precio de los combustibles, la regla fiscal aplica sólo para el gasto social (menos inversión en salud pública, menos en vivienda, menos en educación, menos gasto en los pobres, menos salario, menos jubilaciones, etcétera). Sólo subió el producto interno bruto (PIB), aumentó la concentración de la riqueza, se ensanchó la brecha entre ricos muy ricos y pobres muy pobres, y hay más gente que vive en la calle (no sólo en “situación” de calle, sino en “estado” permanente de calle).
Mientras se debatía este puchero de ley que significó la LUC, sucedían decenas de hechos de corrupción, que muy poco espacio ocuparon en los informativos centrales. La gran familia del intendente Pablo Caram en Artigas, los negocios de Guillermo Besozzi en Soriano, los ingresos de los amigos y familiares de los directores de los organismos binacionales en el litoral, las contrataciones del hotel de la familia de Verónica Alonso, las adjudicaciones de llamados poco transparentes a la fundación A Ganar de la señora esposa de Ignacio de Posadas y otros amigos del Partido Nacional, un procesado impulsando las políticas sociales de la Intendencia de Paysandú, los casos de contrabando vinculados a cargos de confianza en Cerro Largo, las contrataciones en Maldonado… y así se podría seguir llenando un par de carillas de hechos que configuran delitos o al menos flagrantes irregularidades.
Tal vez, vistos de a uno, sin su contexto, sean casos muy menores en relación con los hechos protagonizados por el ministro de Turismo Germán Cardoso en la contratación de publicidad, la compra de dos aviones de chatarra por más de 40 millones de dólares, o la entrega del puerto de Montevideo a Katoen Natie por varias decenas de años por parte del exministro de Transporte y Obras Públicas y actual ministro del Interior Luis Alberto Heber.
No hay “blindaje mediático” posible para tapar la realidad que se vive en torno a la falta de seguridad en buena parte del país, ni para los graves delitos cometidos que involucran a figuras del gobierno.
Como si todo esto fuera poco, el principal socio del presidente, Guido Manini Ríos, muchas veces transformado en el censor de la cultura mayoritaria de la sociedad, se esconde cobardemente tras los fueros parlamentarios y se niega a prestar declaración ante la Justicia sobre hechos que podrían contribuir a esclarecer el destino de compatriotas desaparecidos. A juzgar por los resultados de las encuestas de opinión, sobre todo de la imagen o aceptación de la figura del presidente, estos hechos parecían no hacerle mella. Ante la sociedad aparecían como lejanos a su figura, que pocas veces era requerida para referirse a esa sucesión interminable de irregularidades.
Pero en los últimos tiempos han sucedido nuevos hechos que pueden tener consecuencias impredecibles sobre la imagen del presidente de la República, que contribuyen al deterioro de la imagen del país a nivel internacional y seguramente tendrán sus consecuencias en nuestro país, cuando aún faltan más de dos años para que este gobierno finalice y los uruguayos puedan retomar la senda de construcción de una sociedad más justa, más solidaria, con otra concepción ética y menos permeable a la presión de intereses poderosos.
No hay “blindaje mediático” posible para tapar la realidad que se vive en torno a la falta de seguridad en buena parte del país, ni para los graves delitos cometidos que involucran a figuras del gobierno en la entrega del pasaporte a un narcotraficante uruguayo preso en una cárcel lejana, ni la cesión en la política antitabaco ante las empresas tabacaleras, ni la sarcástica explicación (o reconocimiento) del presidente de la República ante los medios de prensa, ni los espionajes a gremios ni a periodistas.
No hay forma de explicar tampoco cómo el presidente de la República tenía el jefe de seguridad que tenía, ni que este “tenía una conducta profesional intachable” como quiso convencernos desde una conferencia de prensa un día antes de que fuera formalizado y encarcelado el tal Astesiano.
Es grave lo que está pasando porque la credibilidad de nuestro presidente –nuestro legítimo presidente- se viene a pique. Porque se puede adjudicar al fragor de una campaña electoral, o a la necesidad imperiosa de hacerse del poder luego de 15 años sin ejercerlo, decir que “no vamos a subir los combustibles ni las tarifas públicas” o “no vamos a aumentar la edad para jubilarse” o “no les vamos a meter la mano en el bolsillo a los uruguayos”, pero lo que viene sucediendo en filas del gobierno no tiene explicación lógica y tampoco pueden esconder este desastre con el latiguillo “la culpa es de los 15 años de gobierno del Frente Amplio”. Menudo trabajo para la agencia de publicidad del gobierno.
No creemos que haya cortina de humo que tape esto. Ni con 1.000 denuncias a Charles Carrera ni con 10.000 auditorías a las ollas populares.
Pero a nosotros también nos debe preocupar cómo se para el Frente Amplio ante esta nueva realidad. Porque es nueva, y como tal hay que analizarla. La discusión no puede ser si se dialoga con los responsables de este caos o si se los enfrenta. En el Frente no puede haber ni una pizca de oportunismo ni de perfilismo para ver quién se posiciona como más dialoguista u opositor.
¿Le sirve al país una debacle del gobierno por más conservador y elitista que sea? ¿Esto por sí solo arrima agua al molino del campo popular? ¿Se arregla esta crisis ético-política con que sólo ruede alguna cabeza? ¿No habría que caracterizar la situación y recentrar los ejes del debate de los dos modelos de país, reafirmarnos en nuestras propuestas y que estas sean las que llevemos para acordar con un gobierno notoriamente golpeado y con su máxima figura muy pegada a los últimos hechos? ¿Está bueno que cada compañero (legislador, dirigente de sector, eventual candidato, etcétera) salga a dar su opinión ante cada micrófono que le pongan sin una previa discusión en la fuerza política?
¿No será el momento de discutir primero adentro y definir una estrategia que ponga en primer lugar la necesidad de prestigiar la política y reposicionar al Frente Amplio ante la sociedad? Eso no debe ser interpretado como dejar pasar los hechos de corrupción y no referenciarlos, sino el recentrar el debate en los temas que afectan a los uruguayos (empleo, salarios, jubilaciones, seguridad social, vivienda, seguridad, salud, etcétera).
Si cada uno de los principales compañeros sale por la suya con libreto propio, lo único que incrementaremos será el desconcierto de nuestra militancia y el descrédito en la política, y sabemos quiénes se benefician de ello. Sólo basta ver lo que sucede en Europa y cómo crece la ultraderecha en el mundo.
Javier Cousillas es integrante del Movimiento Alternativa Socialista.