Uruguay interior: habitación y hábitat

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Entiendo el ámbito rural como aquel territorio cuya matriz sociofuncional es la producción rural, que a la vez de provocar, depende del uso del suelo y la construcción de hábitat¹. Claramente esta concepción del ámbito rural está fuertemente atravesada por nuestro sentido común e imaginario, que es el resultado de una construcción social histórica muy tensionada por las relaciones de poder que la construyeron. Para terminar con esta definición y para que quede más claro de qué estoy hablando, el ámbito rural está comprendido por el territorio que se corresponde con lo que en general visualizamos como el “Uruguay interior”. En principio y provisoriamente, entenderemos el “Uruguay interior” como el territorio nacional sin Montevideo y su área metropolitana ni las capitales departamentales, en el entendido que en estos asentamientos “urbanos”, además de incorporar otras actividades productivas y de servicios, prima una dinámica asociada a la presencia de los gobiernos departamentales (en el caso de Montevideo, también nacional) que no juega en el resto del territorio, y tampoco la faja costera de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha donde los impactos asociados al turismo (principalmente de sol y playa, con la especulación inmobiliaria asociada) tampoco tienen mayor incidencia en el resto del territorio, salvo alguna situación puntual.

En estos dos años hemos visto curiosamente muchos anuncios sobre atención al ámbito rural, a la vez que se informa de resoluciones que conspiran contra la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Voy a ser más claro: hemos visto anunciar la vacunación pueblo a pueblo y lo celebramos. Vimos poner en agenda “avanzar significativamente en el saneamiento de las pequeñas localidades” (124 de más de 2.000 habitantes). Que sin entrar en el detalle de la debilidad, ni las dudas técnicas y financieras que provoca lo poco que por ahora se sabe, y sin aclarar las razones para abandonar la estrategia que se venía desarrollando que permitió obtener el 50% del tan promocionado 80% al que se llegaría, se trata de una iniciativa muy bienvenida. Y muchas otras menos difundidas seguramente por considerarlas de menor impacto sobre la realidad, pero que sin duda sí lo tienen sobre el imaginario, como por ejemplo la renovación (por un monto inferior a los firmados en el gobierno anterior) del convenio Mevir-Mides, o el “construyendo comunidad” también de Mevir, al tiempo que la cantidad de convenios específicos con otros actores en el territorio rural disminuyó.

Pero, por otro lado, se resuelve afectar al Instituto Nacional de Colonización (INC) en el presupuesto nacional, y luego en la rendición de cuentas para la conformación del “Fideicomiso Integración social y urbana” para reforzar la respuesta a la resolución de asentamientos irregulares, que entienden son solo urbanos ya que no se menciona esta situación en el ámbito rural.

Se afecta a las radios comunitarias sin considerar el rol relevante que cumplen no solo en las funciones tradicionales de información y entretenimiento, sino sobre todo en la consolidación de rasgos de pertenencia e identidad en lo local. Y no menciono su rol cultural, porque en este sentido el cierre de centros MEC es significativamente más repudiable. Podríamos mencionar varios ejemplos más, pero con los ya anotados queda claramente establecida la falta de integralidad en la acción del gobierno, que nos muestra que sigue pensando estos territorios con una mirada que no atiende los cambios que se han producido en los últimos 30 o 40 años. Sin entrar tampoco, por el objetivo de este artículo, en que esa comprensión desintegrada o sectorial del ámbito rural es significativamente responsable de los importantísimos problemas socioterritoriales que presenta.

Los fenómenos territoriales rurales son una realidad ineludible por la cantidad de suelo que ocupan, por la cantidad de habitantes que involucran, y por la importancia que estos tienen en la matriz productiva de nuestro país y en este sentido, en el nivel de desarrollo al que podemos aspirar en función de la relación que la sociedad toda (incluyendo pequeños productores familiares, colonos y trabajadores rurales) asume con este territorio. Los procesos contemporáneos emergentes (desborde post‐urbano, crisis ambiental y cambio climático, transformación de los procesos de producción y consumo, cambios demográficos, irrupción de las TIC en diversas áreas, etc.) producen un impacto en el ámbito rural con consecuencias aún no asumidas en su totalidad y complejidad, y en este sentido mayoritariamente poco reguladas en atención a los impactos que producen: especialización territorial en función de cadenas productivas globalizadas, concentración productiva, tendencias demográficas que cuestionan los estándares convencionales, fuerte asimetría en acceso a los servicios, envejecimiento de la población, postergación en las políticas y programas de acción social, etc. En este mismo sentido, es muy buena la descripción que hizo Gustavo Gariboto: “un país chico, con buena conectividad, de población envejecida, en el que los pocos niños son nuestro más valioso tesoro y en el que la cultura rural es el principal patrimonio identitario nacional, no puede permitirse el lujo de la miseria de que las familias que quieren vivir en campaña no puedan hacerlo, con la contracara, encima, de lo que se obtiene es este territorio crecientemente despoblado, concentrado y extranjerizado”.²

A pesar de esto es consensualmente reconocida la vigencia y necesidad del ámbito rural, en principio por motivos económicos, constatándose una sensibilidad hacia la importancia del medio rural y sus necesidades de transformación desde distintos ámbitos públicos.

Es evidente la complejidad de la temática asociada al hábitat rural, tanto por la multiplicidad de causas como de respuestas a dar, para superar la fragmentación y asimetrías socioterritoriales presentes. La situación que se plantea hoy en el ámbito rural necesita nuevas respuestas. Las causas y efectos de la intensificación productiva, asociada a las transformaciones de los modos de vida, las formas de consumir, producir y gestionar el suelo, ponen en cuestión las maneras tradicionales de abordar y responder a estos problemas. Debemos asumir el hábitat rural como categoría específica, aunque diversa, en la búsqueda de la mejora de las calidades de vida y el desarrollo local y productivo ambientalmente responsable.

Pasemos a la habitación³, entendida como la acción de habitar⁴, donde la casa-vivienda juega un papel sustantivo. Desde este lugar vemos también que las maneras tradicionales de abordar la vivienda no han logrado superar un problema que mirando los datos de despoblamiento parece que no debería haber sido así. Por supuesto que esta es una conclusión extremadamente lineal y no se corresponde con la complejidad que la problemática de la vivienda presenta en el “Uruguay interior”. Mientras la tasa de crecimiento nacional es muy baja, y la de Montevideo negativa, las localidades de este “Uruguay interior” crecen por encima de la media nacional al tiempo que el área rural dispersa es el territorio con la mayor pérdida de población. Pero miremos esto desde los cambios demográficos que se han procesado, cuyo resultado es la diversificación de modalidades familiares con el consecuente aumento de hogares. En este entendido, la construcción de vivienda nueva para familia “tipo” se transforma en una solución para la minoría tal vez mayor. Esto impone continuar con las soluciones alternativas exploradas en el período anterior que combinaron formas aplicadas exitosamente en otros contextos, y con buena expectativa en su ensayo por parte de Mevir, que sin embargo se han discontinuado. Estamos hablando de maximizar el aprovechamiento del suelo urbanizado, incluido el ocupado con viviendas no utilizadas y recurrir a soluciones de mayor densidad, para no obligarnos a la expansión de área urbana con el costo asociado en infraestructura y el consumo de suelo sin justificación. Paralelamente, como respuesta a la dinámica familiar y laboral, debemos pensar en soluciones jurídicas y financieras que tomen como referencia modelos más flexibles de acceso como el cooperativo, la propiedad horizontal o las sociedades anónimas, donde cada familia sea “propietaria” de una cuotaparte del todo, con derecho de uso y posibilidad de intercambiar la unidad sin necesidad de contratos de compra venta.

Una preocupación complementaria, pero central, es romper el aislamiento y fragmentación de las diferentes situaciones socioterritoriales. En este entendido, lo que hace falta es encontrar el punto de equilibrio entre lo universal-abstracto-teórico y lo específico-concreto-práctico de cada situación en el territorio, que están fuertemente impactadas por una multiplicidad de dimensiones que hacen a las particularidades socioterritoriales locales. Esto implicará el desarrollo de instancias para la discusión de temáticas comunes entre comunidades de distintos territorios, con prácticas diferenciadas para el abordaje de las temáticas. La complejidad de los distintos escenarios que encontramos hoy en el territorio nos exige profundizar en el conocimiento a partir en principio de la lectura transversal de la múltiple información disponible y principalmente producir una correcta comunicación de ella para facilitar el trabajo en las actividades de discusión entre los distintos actores institucionales y la comunidad.

Para todo ello, lo primero es reconocer que el uso del suelo y la construcción de este Uruguay interior han estado principalmente asociados a su rol productivo, conocido disciplinarmente como “urbanismo de la extracción”, cuyo resultado socioterritorial es el producto de una serie de definiciones focalizadas en la producción fuertemente centrada en la exportación. Por supuesto que este territorio ha sido muy analizado, diagnosticado e intervenido desde múltiples dimensiones, pero casi todas ellas han hecho hincapié en alguna de las dimensiones ya mencionadas, con aproximaciones en su mayoría sectoriales. En este sentido se impone explorar el Uruguay interior a partir de la integración de las varias miradas existentes desde una lectura transversal, centrada en las implicancias socioterritoriales que su interpretación ha construido.

El desafío es encontrar las claves para superar las inequidades territoriales, potenciar las posibilidades latentes en cada territorio, visualizar las actividades productivas sustantivas para el desarrollo económico preservando la calidad ambiental en general y particularmente la del agua, a efectos de no dificultar el desarrollo de otras actividades y asegurar la preservación de los ecosistemas relevantes para mantener los servicios ecosistémicos de forma natural. Para ello se precisa una mirada intersectorial focalizada en los aspectos sociales, económicos y culturales a conservar o transformar, y en qué medida, para obtener el objetivo planteado, diseñar estrategias y líneas de acción para superar las inequidades territoriales.

Además, es imprescindible la participación activa de la comunidad, no como un generador de demandas, sino desde el aporte que pueden dar desde su conocimiento y saberes sobre su realidad, con una contribución sustantiva para la definición de las estrategias y las líneas de acción desde sus intereses, posibilidades y potencialidades. Esto implica que la comunidad y la variedad de actores se involucren en el diagnóstico, elaboración e implementación de soluciones y sobre todo en la evaluación del proceso a efectos de asegurar su desarrollo con la mayor consistencia posible.

En síntesis, para cambiar la tendencia de la construcción del “Uruguay interior” necesitamos: organización, nuevas miradas, innovación y complejidad en la comprensión, [re]conocimiento, para poder definir con la mayor precisión y certeza posible los objetivos necesarios para el cambio de rumbo. A partir de allí, lo ya sabido, planificación y sobre todo diseñar los instrumentos de intervención y gestión que aseguren en el menor tiempo y con los recursos disponibles la obtención de los objetivos.

Gonzalo Balarini es arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Fue director de Mevir entre 2010 y 2020.