Concesión de licencias para transmisión de datos, grupos mediáticos y Antel

Editar

Cinco resoluciones firmadas el 14 de junio de 2022 por el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, concedieron licencias de tipo B a cinco operadores de cable para que, además de contenidos audiovisuales, puedan vender servicio de datos a los hogares (internet fijo), sólo en la localidad en la que ya venden el servicio de televisión para abonados. Entre los grupos favorecidos se encuentran los tres principales grupos de Montevideo (y Uruguay): Montecable (dueño también de Montecarlo TV Canal 4), TCC (propietario de Canal 10) y Nuevo Siglo (propietario de Canal 12); es decir, los que desde hace más de 70 años son los grupos de medios dominantes en Uruguay.

Actualmente, la tecnología del cobre coaxial para la venta de datos es inviable ya que no tiene capacidad para competir con la fibra óptica (ancho de banda, velocidad, latencia). Obviamente estas resoluciones serán complementadas con contratos entre Antel y estos operadores de cable, quienes, según el acuerdo final al que se llegue, venderán los datos utilizando parte de su red de cobre y parte de la fibra óptica de Antel o, incluso, podrían llegar a vender contenidos audiovisuales y datos sólo utilizando la fibra óptica de Antel (LAN to LAN), dando ya por obsoleta prácticamente toda la red de cobre coaxial.

La idea del gobierno es terminar por la vía de los hechos con el monopolio de Antel en el mercado de servicios de telecomunicaciones fijas al hogar, aumentar la cantidad de competidores y que, como consecuencia de esta mayor competencia, bajen los precios de estos servicios, beneficiando finalmente a los consumidores. Esta idea teórica e ideológica idílica ya aplicada en muchos países se ha encontrado con muchas restricciones, por lo que finamente los resultados obtenidos son muchas veces diferentes y/o contrarios a los esperados, o peor, detrás de estos argumentos se busca el beneficio de algunos grupos económicos privados.

Una forma para eliminar el monopolio de Antel en la venta de datos fijos al hogar podría ser con la tecnología ya existente 5G, con mejor capacidad que la fibra óptica y a un precio competitivo. Las compañías telefónicas deberían invertir en este desarrollo, mejorarían las comunicaciones en el país, y se haría con inversiones privadas genuinas. El gobierno prefiere la vía corta.

Tirame un cable

No es novedoso que la transformación tecnológica, fundamentalmente el desplazamiento de la inversión publicitaria de los medios clásicos a distintas plataformas de internet, más el desarrollo del VOD en streaming, haya comenzado a golpear a los medios audiovisuales clásicos a escala global (aunque con distintas intensidades según los diferentes países); tanto a la televisión abierta como a la de pago. Por ejemplo, para el caso uruguayo, la inversión publicitaria en televisión abierta refleja una caída constante desde 2014 (el de su mayor apogeo), hasta 2020 (del que se tenga registro, el menor), que pasó casi de 130 a 54 millones de dólares. La inversión publicitaria en internet, también en Uruguay, y en el mismo período pasó de 12 a 48 millones de dólares.

Por su parte, los hogares abonados al cable entre 2018 y 2021 pasaron de 733.000 a 606.000. Los servicios de streaming, como Netflix, crecieron en ese mismo período de 150.000 a 570.000 suscripciones.

Esta situación se refleja claramente en las cuentas de los tres principales grupos de medios uruguayos que, como se verá en las tablas a continuación, muestra cómo los canales 4 y 12 perdieron entre 16% y 42% de sus ingresos, además de registrar magros resultados en televisión abierta entre 2017 y 2020. En sus empresas de televisión por cable también redujeron sus ingresos en 36%, y los resultados de sus ejercicios en 44%.

Evolución de los ingresos y los resultados de los canales 4 y 12 (años 2017-2020, en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a los balances de las empresas obtenidos de la Auditoría Interna de la Nación.

Evolución de la suma de los ingresos y de los resultados de los ejercicios de las empresas de cable TCC, Nuevo Siglo y Montecable (años 2017-2020; en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a los balances de las empresas obtenidos de la Auditoría Interna de la Nación.

Para los tres principales grupos de comunicación uruguayos, no es solamente un proceso de pérdida de ingresos y disminución de utilidades, producto de la aparición de las plataformas de streaming, o de la pérdida de audiencia y el consiguiente desplazamiento de la inversión publicitaria de la televisión a internet. Estos grupos han sido golpeados también por el avance de las empresas extranjeras de televisión para abonados. En un fuerte proceso de concentración que se ha dado en Uruguay en el sector clásico de la televisión, los grupos extranjeros pasaron a representar de 19% en 2010 a 52% en 2020. La tendencia para los grupos nacionales fue la inversa. De concentrar más de 60% de los ingresos de todo el sector televisivo en 2010, en 2020 representaban menos de 40%.

Subiéndose al cable de Antel

Antel es una empresa que facturó durante 2021 cerca de 1.000 millones de dólares y, de ese monto, la facturación por datos fijos al hogar fue de 487 millones de dólares, cifra superior en 21% a lo facturado en 2020 por ese mismo concepto. Como se ve, un negocio en auge. Para haber llegado a estas cifras de negocio, Antel invirtió en sus redes de fibra óptica, particularmente aquella que llega de forma directa a los hogares (última milla), unos 800 millones de dólares (Estados Financieros consolidados Antel 2021, Ursec 2021).

Por lo dicho en un inicio, la única forma viable de que los cableoperadores brinden servicios de datos al hogar será utilizando la red de fibra óptica de Antel. En general, cuando las empresas de telecomunicaciones compiten entre sí en un territorio determinado, cada una invierte en el desarrollo de sus redes. Este fenómeno ocurrió en todos los países europeos en los procesos de liberalización de las telecomunicaciones, particularmente en la instalación de la fibra óptica, en la década de los años 90. También pasó en Uruguay con las empresas privadas que proveen servicios de telefonía móvil, Claro y Movistar, que invirtieron en sus propias radio base y otras infraestructuras. No está previsto que pase lo mismo con TCC, Montecable y Nuevo Siglo. Estas empresas se subirán a la red que le costó a Antel 800 millones de dólares.

Antel deberá arrendar a los cableoperadores a precio mayorista el uso de su red para que estos últimos puedan brindar el servicio en cuestión. El precio que establecerá este contrato entre la empresa estatal y los grupos privados será la variable fundamental que determine los precios a los que puedan vender los cableoperadores su nuevo servicio. En cualquier caso, es evidente que cualquier mecanismo de acuerdo entre Antel y los cableoperadores para vender datos generará una ganancia a estos últimos, y una pérdida a Antel. La discusión se centraría en la rebaja de precios –manteniendo la calidad del servicio– al consumidor final. Si la caída neta de ingresos de Antel por este negocio es mayor que la rebaja de los precios a los consumidores finales, entonces habrá una transferencia neta de ingresos de la compañía de telecomunicaciones a los grupos de medios nacionales.

Para que este negocio pudiera ocurrir, Antel debería proporcionar a estos grupos condiciones muy ventajosas en sus contratos mayoristas. La calidad del servicio y la reducción del precio debería ser muy atractiva para que el cliente actualmente de Antel decida realmente cambiar de compañía. Como escenario de mínima (para que toda esta operativa tenga sentido), se podría suponer que estas tres empresas de cable reducen el precio de los datos al hogar en 30%, y obtienen 10% de los clientes de Antel en Montevideo (unos 50.000 hogares). En este caso, cada uno de estos cableoperadores aumentaría en promedio sus ingresos anuales en unos cinco millones de dólares. Un espaldarazo para poder continuar en este momento de transformación tecnológica tan complejo. Más que un respiro, podrían volver a competir con mayor respaldo económico con los grupos extranjeros de televisión para abonados, además de compensar parte de las pérdidas por la aparición de las plataformas de streaming y la caída de la audiencia y la inversión publicitaria en la televisión abierta.

La solución jurídica que encontró el gobierno es, casualmente, excelente para estos grupos de medios, que pueden adelantarse a los demás o, incluso, pueden terminar siendo los únicos en Montevideo,¹ el único departamento con una masa crítica importante para hacer viable este negocio. Se puede recordar que no han sido los únicos beneficios proporcionados por gobiernos blancos a estos tres grupos de medios. La Ley de Medios en discusión en el Parlamento, según se afirmó públicamente y nunca se desmintió, la redactó uno de los propietarios de estos grupos, y la envió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de forma directa al Parlamento –ni siquiera pasó por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)–, y en los años 90 fue el gobierno de Luis Alberto Lacalle el que otorgó las licencias de cable a estos tres grupos (además de Multiseñal).

En medio de este negocio, hay una transferencia aún más directa de Antel a estos tres grupos económicos. Actualmente los canales 4, 10 y 12 negocian con Antel, en un contrato “confidencial”, la venta de los derechos de sus respectivas señales para que la plataforma Vera TV pueda transmitir la señal on line dentro del territorio nacional sólo en dispositivos celulares. Antel pagaría por las tres señales unos tres millones de dólares por año. El presidente de la empresa estatal, Gabriel Gurméndez, según sus propias declaraciones, en un inicio no tenía ideas claras de qué hacer con Vera TV. Ahora se le ocurrió que la mejor estrategia es distribuir las señales de los tres canales por celulares. Justo las señales de televisión en abierto, que pierden sistemáticamente audiencia; justo video en telefonía celular, que es utilizado por los estratos de audiencia más jóvenes, que son los que ya prácticamente no ven señales de televisión en abierto. No parece la mejor estrategia. Sí parece un complemento, aunque menor, de la política de apoyar económicamente a estos grupos.

Ideología por un cable

Aparentemente, si bien Antel perderá ingresos dentro de esta área de negocio, y los cableros los aumentarán, tampoco parece ser que estas políticas modifiquen sustancialmente la estructura del mercado de datos al hogar. Lo que queda claro es que favorecerán sustantivamente a los grupos mediáticos elegidos. Aparentemente, tampoco modificará sustancialmente “la competencia”.

Cuando este gobierno piensa en un acuerdo de libre comercio, o simplemente en una rebaja arancelaria, apuesta por los sectores más competitivos (se puso de moda “el malla oro”). Según su propia ideología, sería negativo para la economía apoyar a sectores económicos no competitivos.

Por una parte, y según los datos expuestos, las empresas y grupos apoyados por estas medidas no son competitivos, y claramente están en declive. Además, si se habla de competencia, los tres mayores grupos de comunicación, si algo tienen, es que nunca han competido entre sí; por el contrario, se han comportado como un cartel, lo que equivale a que se comporten como un monopolio que luego reparte los beneficios entre los tres. Aquí se plantean tan sólo algunos casos. Por ejemplo, TCC, Montecable y Nuevo Siglo son propietarios en partes iguales de Equital SA, que es la empresa que ha generado una única red de cobre en Montevideo para el uso de las tres empresas; tienen la exclusiva en la adquisición de las señales extranjeras de cable (HBO, CNN, etcétera); venden servicios técnicos y de programación a empresas de cable del interior asociadas a Equital SA, al mismo tiempo que discriminan a la mayor parte de empresas de cable del interior que integran la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) –hay sentencias de Ursec que obligan a los canales 4, 10 y 12 a proveer esas señales a los cables por ellos discriminados–; también les han negado por años los canales de aire a sus competidores en el negocio de la televisión para abonados como a DTV. Es difícil prever que estos cableoperadores compitan entre ellos en precios en los servicios de datos al hogar.

Según los datos vistos, los tres grupos mediáticos del audiovisual en Uruguay forman parte de un sector en declive, no compitieron entre ellos, no han innovado en programación ni en tecnología, no pudieron competir tampoco con sus rivales extranjeros como Cablevisión o DTV. Podrán subirse a un negocio sólo gracias a las inversiones públicas de Antel. También hay que recordar que la mayor parte de los accionistas de estos grupos son exitosos empresarios en otros sectores (forestal maderero, supermercados, etcétera), y sus patrimonios están entre los 20 mayores de Uruguay. ¿Por qué habría que apoyarlos con una empresa pública que financió sus inversiones con fondos de todos los uruguayos?

Gustavo Buquet es economista, profesor de la Facultad de Información y Comunicación (FIC-Udelar).