La “reforma” previsional: las piedras y los cangrejos

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El primero de junio se publicó en la diaria una nota del profesor José Miguel Busquets bajo el título de “La agenda de la reforma previsional: trayectoria y dilemas”,¹ con la que intentaré respetuosamente debatir. Él es un reconocido investigador y estudioso, entre otras cosas de la seguridad social, desde la teoría académica, y yo soy alguien algo conocido que estudio la materia en forma autodidacta, pero tengo experiencia práctica como servidor público a nombre del PIT-CNT; en ese marco, intervine en la Conferencia Interamericana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Caracas, en 1992, y en la Reunión Tripartita de Expertos en Seguridad Social de las Américas en México, en 1993.

En primer lugar, me gustaría expresar una gran diferencia que tengo, no sólo con Busquets. Discrepo absolutamente con que lo que se hizo en 1995 y se quiere hacer ahora en materia de jubilaciones y pensiones se haya tratado y se trate de una “reforma”. Que yo recuerde, cuando en mi casa se reformaba algo, siempre lo que se hacía era una mejora de lo preexistente. Se reformaba el baño, y el baño quedaba mejor, etcétera. La “reforma” previsional que se nos quiere imponer empeorará muchas más cosas que las que mejorará.

Según Busquets, “la fuerza parlamentaria del gobierno de centroizquierda no fue suficiente para hacer posible una reforma estructural que revirtiera la existencia de las AFAP”. Está equivocado. En los hechos, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez obtuvo ya en la primera vuelta de las elecciones de 2004 una mayoría parlamentaria que sí era suficiente para la referida eliminación de las AFAP. El problema de correlación de fuerzas insuficientes no tuvo que ver con la oposición: se dio dentro del Frente Amplio (FA) y no fuera de él.

En cuanto a que la ley de 2008 “modificó la tasa de reemplazo”, es también erróneo. Las tasas de reemplazo anteriores se mantuvieron exactamente como eran. Simplemente, al bajar los años de trabajo de 35 a 30, lo que se hizo fue establecer un rango de entre 45% y 49% para quienes entonces sí pudieron jubilarse por causal común, a quienes les faltaban de uno a cinco años para completar los 35 de trabajo anteriores, o por edad avanzada. Tampoco es correcto decir que la rebaja de los 35 a 30 años de trabajo haya cambiado el “cálculo jubilatorio”: simplemente permitió el acceso a la “causal jubilatoria”.

En el caso particular de la Comisión de Expertos, nunca aclara que las “recomendaciones” tuvieron los votos en contra del PIT-CNT, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas y el FA.

¿Una privatización “liberal”?

Busquets sostiene que la de 1995 “fue prácticamente la reforma liberal menos liberal de todas las reformas que se realizaron en el mundo donde se practicaron reformas liberales”. Tal expresión y nominación no se ajusta a lo que en verdad fue: una reforma neoliberal, teniendo en cuenta que “la expresión concreta más relevante de la globalización en la región latinoamericana es la instrumentación del proyecto neoliberal en la mayoría de estos países. Este proceso significa una reorganización integral de la sociedad, y no sólo un cambio en la política económica. Este puede asumir distintas modalidades nacionales, pero en todos los casos está basado en los principios del mercado y el individualismo. La nueva organización de la sociedad requiere de una profunda reestructuración del Estado, que significa un nuevo tipo de intervención, mas no su retiro, y que se manifiesta en el terreno legal, en las políticas y en las instituciones de bienestar social”.² Es decir, es una expresión política y económica de las clases dominantes, que buscan ampliar los espacios de acumulación capitalista reduciendo al mínimo el papel estatal, impulsando el libre mercado a través de privatizaciones, desmonopolizaciones y desregulaciones.

En todo caso, debe quedar absolutamente claro que, de todos modos, en lo que aquí nos importa, que es la seguridad social, la lógica es dejar en manos de las fuerzas económicas el proceso económico y social. Hay que hacer hincapié en que todas estas reformas lo que hacen es eliminar la responsabilidad del Estado o reducirla a su más mínima expresión. El Pilar Cero es clarísimo en ese sentido: la intervención estatal será responsable de “un mínimo: muy mínimo”. Toda la política cada vez más ha sido: cada cual se las arregla por sí mismo y el Estado, al tener menos responsabilidades, obviamente va a tener menos déficits. Una visión contraria al neoliberalismo es –aunque suene repetitivo– un fuerte papel del Estado, que corrija las fallas del mercado, que haga mejoras en el ingreso de la población trabajadora de ayer y de hoy, garantizando su calidad de vida, etcétera.

Pero además: ¿por qué se da como un hecho indiscutible que no se puede abordar la situación desde los ingresos al sistema (es decir, un mayor aporte del capital y un mayor y mejor control de la evasión), y sólo se concibe que la famosa sustentabilidad deban pagarla trabajadoras y trabajadores trabajando más, aportando más y cobrando menos y por menos tiempo?

Busquets resulta ser funcional a las propuestas que haría el doctor Luis Lacalle Pou, elaboradas a contramano de sus propios compromisos de campaña electoral (están por verse los detalles de su articulado cuando esté el proyecto definitivo).

Por supuesto, en ningún momento cuestiona la existencia de las AFAP en el Banco de Previsión Social (BPS), adhiriendo por omisión a la propuesta de extenderlas a todas las cajas. Nada opina sobre el aumento de la edad jubilatoria y lo que ello significará para quienes hoy tienen, en principio, menos de 55 años, dando a entender con su silencio que está de acuerdo con que esto se lleve a la práctica. Tampoco sobre las modificaciones relativas a la forma de cálculo y los bajísimos porcentajes de tasa de reemplazo que irían a votarse; ni se expresa sobre el aumento de los años de trabajo necesarios para alcanzar el derecho a una jubilación por edad avanzada. No teclea una sola letra para escribir sobre la ausencia (por lo menos, en lo que conocemos hasta ahora) de una política de género y sus derivaciones en la “reforma”, ni sobre la necesaria dotación de recursos económicos para un sólido sistema de cuidados.

En su nota, Busquets informa sobre las recomendaciones de la mayoría de la Comisión de Expertos destacando cinco de ellas. Menciona el ingreso mínimo garantizado sin siquiera comentar que, en realidad, este se pagará con la plata de los propios trabajadores y trabajadoras al tener que aportar de uno a cinco años más.

Adolfo Bertoni fue presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y hoy integra su comisión especializada en seguridad social.