En estos días arrecian los intentos de tergiversar la historia reciente de nuestro país, poniendo en entredicho la comprobación académica de la existencia del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar. No sorprende que sean los mismos negacionistas de otros crímenes.
Algunos voceros, más cautelosos, no niegan los crímenes cometidos por militares y policías golpistas (detenciones ilegales, acosos, malos tratos, torturas, muertes y desapariciones) so pena de ser tildados de caraduras, con todo lo que implica. Sin embargo, con sutileza, justifican la barbarie por la presencia de dos contendientes en actitud de violencia contrapuesta, una de las cuales se impuso a la otra. Se trata de la teoría de los dos demonios, ahora recargada, para usar las palabras del abogado argentino Luis Eduardo Duhalde. Para Duhalde, instalar una "simetría justificativa" en este caso equipara fuerzas desiguales, minimiza las atrocidades cometidas por el Estado y oculta que el objetivo real del golpe fue el disciplinamiento social y la reestructuración económica del país, con métodos de amedrentamiento por el terror. No hay que ser muy lúcido para entender que algo parecido aconteció en Uruguay.
Los crímenes de lesa humanidad no son privativos de Estados criminales, también pueden ser cometidos por grupos no estatales. Ocurrieron en muchos países (recordemos Ruanda, Bosnia-Herzegovina y decenas de otros). Sin embargo, el terrorismo cometido por fuerzas de represión estatales se aplica en condiciones de poder cualitativamente diferentes. Porque los mismos Estados, monopolizadores legales de la fuerza y posesión de armas de represión y de guerra, bloquean los mecanismos de control de su uso, dictan decretos protectores para impedir investigaciones o negocian su impunidad en rutas de salida beneficiosas. Y lo hacen, generalmente, con extorsiones o amenazas de retorno. Eso fue, de hecho, lo que ocurrió en Uruguay, como ha quedado demostrado hasta el hartazgo.
Los delitos ejecutados mediante terrorismo de Estado son reconocidos por nuestro país, al refrendar el Parlamento Nacional las firmas de tratados internacionales.1 Su negación, expresada en foros y en redes, roza, y a veces invade, el ámbito de la apología de delitos, según disposiciones de nuestro Código Penal.2
Tras edulcorar los efectos de tales crímenes, los operadores han ido más allá: elaboraron contrarrelatos en los que, por un lado, ponen en duda las desapariciones y, por otro, justifican las reacciones de los perpetradores por las conductas de sus víctimas. Transforman a las víctimas en victimarios y viceversa. La versión más canalla agrega que el manejo de estas situaciones por familiares de las víctimas es una gran maniobra para lograr subsidios compensatorios. Y como corolario de este mundo diseñado al revés, hay delincuentes sueltos y “pobres viejitos” inocentes entre rejas, sin pruebas o con pruebas amañadas, o simplemente por la saña de fiscales soberbios y jueces parciales con sentencias injustas.
Mucha similitud hay entre las reacciones sexistas de la “machosfera” con el submundo violento de los impunes de las dictaduras.
Es interesante advertir cómo este negacionismo es manejado en común y con similares justificaciones por negacionistas de otros delitos que se cometen día a día en nuestra sociedad. Los defensores de los criminales, cuando se juntan en sitios de internet, en foros de debates o en círculos de amigos o familiares, coinciden con desparpajo. Suele haber comunión de opiniones y complicidad entre quienes niegan la violación o el asesinato de mujeres por hombres violentos y quienes niegan que haya habido muertos y desaparecidos en Uruguay. Hay un hilo conductor que acciona el mecanismo de la transferencia de culpas, sintetizado en una frase con raíz común: “Algo habrán hecho”. La mujer enojó tanto al hombre que se vio obligado a matarla; los activistas obligaron a los militares a reprimirlos, luego a torturarlos, luego a desaparecerlos. Es probable que haya habido excesos en ambos casos, debido a que fueron provocados y llevados al límite de sus paciencias.
Mucha similitud hay entre las reacciones sexistas de la “machosfera” con el submundo violento de los impunes de las dictaduras. Son esferas que, si bien pueden no coincidir totalmente, tienen zonas de interferencia. Como si fuera poco, en ambas están presentes las violaciones y los abusos sexuales. En ambas se podrá acusar de mentira todo lo que se diga. O de falsas denuncias, porque en el ámbito del hogar, inviolable, tampoco hay testigos o los han paralizado por el miedo.
Los defensores de esas conductas no las ponen en contexto, para preguntarse qué llevó a la reacción contra gobiernos represivos, autoritarios, entreguistas, violadores de la Constitución. Tampoco interesa encontrar el motivo de la rebeldía de las mujeres contra hombres que las castigan, las hostigan o las sancionan matando a sus hijos. El negacionista cierra su círculo de entendimiento y se detiene ahí. Lo demás ya no es tema de investigación o no está en la mesa de debate.
La intención declarada por los operadores es la de “dar la batalla cultural” y negar, negar siempre. Si hay pruebas, son amañadas; si hay testigos, son falsos; todo es una confabulación para imponer la cultura de la “victimización”. Eso no sucedió, no hay registros, no hay confesiones, no hay testigos. Es un relato contra otro. Tu palabra contra la mía. Se intenta armar el contrarrelato al precio de la tergiversación de los hechos, o de la contraafirmación sin pruebas y, en general, entre gritos e insultos. O, la más cruel, afirmar que un crimen no existió, como es el caso de la desaparición forzada, crimen cuyo principal objetivo es ocultar todas las pruebas de su comisión. Al desaparecido no solo le quitan la vida, también le privan de su muerte. Privan a los deudos de hacer el duelo, de saber dónde se le puede llevar un rezo, una flor, o llorar su dolor. Una doble infamia, el más vil y cruel de los crímenes cometidos por humanos desnaturalizados, que permanece en el tiempo.
En definitiva, el motor de los negacionistas ruge ya sin silenciador, cada vez más expuesto y más perverso, ahora con conspicuos voceros dispuestos a negar los derechos humanos, sin excusas.
Carlos Pérez Pereira es escritor, experiodista, militante de izquierda.
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El reconocimiento y la aceptación formal del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad en el derecho uruguayo se consolidaron principalmente a partir de 2006 con la Ley N° 18.026, que incorporó el Estatuto de Roma y tipificó estos delitos en el ordenamiento nacional. ↩
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En Uruguay, el Código Penal castiga la apología pública de hechos delictivos en su Artículo 148, estableciendo una pena que va desde los 3 hasta los 24 meses de prisión. ↩
