Hace unos días, el senador Guido Manini Ríos realizó algunas afirmaciones sobre la empresa UTE que no deben pasar inadvertidas,1 en primer lugar, porque algunas suponen una falsedad y otras al menos son discutibles. Paralelamente, una de nuestras principales empresas estatales pasa por un momento de reducción de la inversión, donde actores privados quieren apropiarse de los principales clientes a costa de las inversiones que la empresa realizó, retornando al mismo tiempo a la época de los apagones, un hecho para muchos desconocido. Pero vayamos por partes.
La historia reciente de UTE señala que los partidos tradicionales, tras el fallido intento privatizador, la sumieron en la desinversión bajo la perspectiva de que nuestro país iba a importar energía barata desde los países vecinos. Los hechos fueron muy distintos, ya que gracias a las inversiones y a la interconectividad generada por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur nuestro país exporta energía a Brasil y Argentina por montos millonarios como nunca antes se habían conocido. Paradójicamente, los que han batallado contra la integración regional hoy disfrutan de uno de sus logros más significativos como lo es la interconexión energética; a modo de ejemplo, en la última década las exportaciones ascendieron casi a 1.000 millones de dólares.
La generación de energía eléctrica ha tenido en los últimos años un desarrollo colosal. Las sequías ya no suponen un aumento del déficit fiscal y no vivimos apagones por incapacidad de producir energía eléctrica.
Gracias a las inversiones que desde 2005 en adelante se realizaron, y con el cuidado que se tuvo de los activos de UTE, mantenidos en la órbita del ente y mejorados, el cambio de la matriz energética fue avanzando. En la última década las inversiones estuvieron en el orden de 3.000 millones de dólares en el sistema de producción eléctrico, prácticamente duplicando la capacidad instalada y generando independencia energética sostenible. Para concretar las centrales propias, UTE optó por financiamientos a través de cotización de acciones y participaciones de fideicomisos en la Bolsa de Valores sin afectar el déficit fiscal ni el grado inversor. De este modo, pequeños ahorristas también pudieron participar en un proyecto nacional y obtener dividendos. Paralelamente, en el mismo período, la empresa, entre impuestos y dividendos, volcó a las arcas estatales más de 6.000 millones de dólares. Además, esto se hizo reduciendo las tarifas en términos reales 21% en promedio general y 46% a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lejos de privatizar, UTE se diversificó, ganó capacidad productiva y se convirtió en una de las principales empresas exportadoras de nuestro país.
El marco regulatorio, que fue ratificado por la voluntad popular, puso la generación de energía eléctrica en mercado de competencia. Los generadores privados que invirtieron esos 4.000 millones de dólares en la construcción de infraestructura se vincularon a UTE por medio de contratos que entre sus cláusulas incluyen que la venta de su producción sea 100% para el Estado, por lo que dichos generadores están impedidos de vender a ningún consumidor, grande o pequeño, ningún porcentaje de su producción. Mal podrían los generadores privados con los contratos actuales quitarle al ente esos consumidores, a no ser que cambie la política pública. No ocultamos la preocupación que tenemos de que la realización de nuevos contratos mantenga esta cláusula, por el mejor interés de UTE y de la población consumidora.
Este gobierno redujo las inversiones de UTE y la población empezó a revivir los apagones, que aparecen como una rémora del pasado, como consecuencia natural de la desinversión.
Manini ha dicho, a partir de datos erróneos, que actualmente se paga a los privados 129 dólares el MWh por energía eólica producida. Y a partir de ese dato equivocado, se sacan conclusiones que desinforman a la ciudadanía. En realidad, los precios en promedio que se pagaron por los contratos existentes durante 2021 son: para producción eólica, 67,7 dólares por MWh; biomasa, 92 dólares por MWh; producción solar fotovoltaica, 101,1 dólares por MWh. Hay un solo caso de energía fotovoltaica -no eólica- que se paga 129 dólares. Responden a una fuente que se quería promover y es consecuencia de un procedimiento competitivo. El propio pliego de condiciones prevé distintas formas de pago, considerando como precio final los 129 dólares.
Sobre los plazos, Manini también se equivoca. Algunos parques eólicos ya llevan más de ocho años de vigencia. Algunos tenían plazo contractual de diez años y ya vencieron. Así que manejar a partir de esos datos erróneos que se pierden 500 millones de dólares anuales por 20 años en función de esos contratos sólo puede ser falta de conocimiento o, en su defecto, intención de desviar la atención de la ciudadanía de los verdaderos temas que afectan al ente, que otra vez peligra por falta de inversiones, según lo viene denunciando el sindicato.
En 2021 hubo ingresos por más de 540 millones de dólares por exportaciones de UTE, y 270 millones de superávit. ¿Dónde está la pérdida? Si no se hubiera invertido en energía eólica, se hubiera tenido que comprar petróleo, dependiendo de las variaciones de su precio, que están a la vista.
Manini confunde el costo de generación con pérdida, y omite comparar cuánto nos hubiera costado esa generación con fuel oil. En 2012, sin parques eólicos, a UTE le costó 1.400 millones de dólares abastecer una demanda menor a la actual; tres veces más de lo que hoy cuesta abastecer una demanda mucho mayor. La energía eólica es un gran negocio para UTE porque le otorga estabilidad financiera, previsibilidad y un ahorro en decenas de millones que en definitiva se terminan volcando a toda la sociedad.
Tampoco es verdad que gran parte de la energía que se produce no se utiliza: la cifra es de apenas 1,5%, muy lejos de los números volcados por el senador. Vistos los beneficios mencionados, no parece una cifra irracional.
Mientras tanto, este gobierno redujo las inversiones de UTE y la población empezó a revivir los apagones, que aparecen como una rémora del pasado, como consecuencia natural de la desinversión. El cambio de matriz energética fue fundamental, ya que no sólo ganamos en materia de independencia, sino también en términos de sostenibilidad ambiental. Hay que profundizarlo sin perder de vista que el criterio al contratar con el privado debe asegurar que la venta de lo producido siga siendo 100% para el Estado y que la distribución siga en sus manos contra quienes quieren usufructuar esa infraestructura a precio de ganga.
Sin embargo, hace bien en preocuparse Manini sobre el andar de UTE, porque es su gobierno el que está amenazando la sustentabilidad de la empresa y son las decisiones que se están promoviendo en el seno de su directorio las que la están debilitando frente a los operadores privados.
Sebastián Sabini es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.