Es penoso que la Universidad de la República (Udelar) tenga que forcejear año tras año en busca de recursos para el mantenimiento de tareas básicas, cuya importancia para el país es innegable, y que el rector Rodrigo Arim deba dedicar tiempo y esfuerzos a exponer razones cuya comprensión está al alcance de cualquier persona con un mínimo de sentido común.
En una institución privada de enseñanza, el aumento de la cantidad de estudiantes trae consigo más ingresos y, si la dirección tiene buen criterio, por lo menos una parte de ese dinero se destina a que no empeore la relación entre horas docentes y alumnos. En una institución pública, los recursos disponibles no dependen de la cantidad de estudiantes, y cuando esta crece (como sucede en la Udelar, con casi 5.000 más por año), queda en manos del Poder Ejecutivo que también lo haga el presupuesto.
Por supuesto, esta no es la única razón por la que el presupuesto debe ir en aumento. La función de las universidades no es mantenerse sin cambios en un mundo cambiante, y para no quedarse atrás se ven obligadas, entre otras cosas, a innovar regularmente en investigaciones, proyectos y carreras, al tiempo que van mejorando su infraestructura desde lo edilicio hasta lo tecnológico.
A esto se suman, en la situación actual de la Udelar, la demanda en alza de becas (lamentablemente lógica en un período de caída de ingresos para la mayoría de la población), la necesidad estratégica de continuar y potenciar el desarrollo institucional fuera de Montevideo y el apoyo a los investigadores jóvenes, y las dificultades para retener docentes de calidad con remuneraciones rezagadas en el contexto nacional e internacional, cuya ronda de negociación colectiva aún no comenzó.
Sin embargo, en los últimos años los poderes Ejecutivo y Legislativo no han incrementado la asignación de fondos presupuestales sino que la han disminuido, la proyección para el actual período de gobierno implica su caída en siete puntos porcentuales, en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento no había ningún refuerzo para los próximos 12 meses (incluso se preveía un nuevo recorte, por la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad), y todo esto tiene consecuencias muy problemáticas.
Para colmo de males, en la Cámara de Representantes se acordaron algunas reasignaciones para programas del Hospital de Clínicas, pero todo indica que el Senado no las avalará, y el oficialismo no logra acuerdos para identificar áreas menos prioritarias que la Udelar.
El producto interno bruto de Uruguay se ha recuperado tras el período de emergencia sanitaria, y el oficialismo decidió este año revertir parcialmente algunos recortes del gasto público, pero mantiene los del área de educación superior. Se puede discutir en qué medida esto se debe a hostilidad política, prejuicios ideológicos contra lo público, incomprensión de requisitos indispensables para que el país y su gente mejoren o simple incompetencia, pero cualquier motivo imaginable horroriza.