El siguiente relato puede haber ocurrido en un liceo o cualquier escuela técnica de la periferia montevideana, en Canelones, o en algunas zonas de San José o en otro centro urbano (la evidencia indica que hay centros que tienen mayores índices de violencia que otros: ¿no hay mediciones al respecto?).
El centro educativo culmina el primer turno y ya varios jóvenes empiezan a reunirse en la esquina (puede ser en la puerta también), alguna moto pasa a toda velocidad de un lado a otro. Los gritos y la música son cada vez más fuertes. Desde adentro del centro se pueden escuchar gritos hacia afuera que son devueltos con más gritos. Todo hace suponer que sucederá algo y que no será un hecho gratificante sino todo lo contrario.
De un momento a otro comienzan las corridas, los golpes, las pedreas. Batalla campal a pleno mediodía en la puerta de una institución educativa pública con centenares de adolescentes como testigos. También puede suceder que los que estaban afuera ingresen al local, buscando a un estudiante, y quienes se interpongan en el camino (docentes o funcionarios), se lleven alguna trompada o patada (además de los insultos de rigor). (Por las noches en el barrio hacía una semana que se escuchaban constantemente balaceras, ráfagas de calibres automáticos, frenazos y estampidas de automóviles. ¿Habrá tenido algo que ver con el suceso desarrollado en el centro educativo?).
Estos hechos (o similares) vienen ocurriendo casi todas las semanas en algún centro educativo desde el inicio del año lectivo. Se ha denunciado un aumento de estas situaciones por parte del gremio docente y de los sindicatos. ¿Y las autoridades qué hacen para reparar esta situación?
La ausencia de las autoridades: mucha “transformación” y poco hacerse cargo
La ausencia de las autoridades políticas con respecto a este tema (como en tantos otros) es alarmante y se debería llamar a que den explicaciones de cuál fue el plan que desplegaron en estos años de gestión y qué piensan hacer para mitigar esta violencia creciente. No es un hecho menor no saber si en tu trabajo podrás ser lesionado. ¿Quién se hace responsable de una situación así?
Se debería llamar a que den explicaciones de cuál fue el plan que desplegaron en estos años de gestión y qué piensan hacer para mitigar esta violencia creciente.
Se han ido naturalizando los insultos a docentes, funcionarios, entre los mismos estudiantes, con personas que se acercan a los centros educativos; etcétera. ¿Qué ha hecho el gobierno para generar una mejora con respecto a esta problemática? ¿Hasta cuándo se seguirá sin hacer nada al respecto? ¿Están esperando a que haya un episodio trágico para comenzar a diseñar algún plan?
Las autoridades políticas desde el 1º de marzo de 2020 nunca tuvieron como centro mejorar la educación pública. Nunca fue de su interés lo que sucedía con los estudiantes. En plena pandemia se eliminaron horas de apoyo para los jóvenes que no pudieron continuar su trayectoria educativa de manera sostenida, se eliminaron grupos y cargos docentes (hoy el liceo IAVA es un caso paradigmático).
Desde la misma asunción de las autoridades se tomó a los docentes organizados como el blanco de todos los males. Estas autoridades reabrieron expedientes administrativos que ya se habían culminado en la anterior administración, y se montaron espectáculos en el Parlamento y en muchos medios de comunicación acusando y dando por culpables a los docentes de hechos que se prejuzgaban como delitos. En la misma línea el periódico oficial de la plaza Cagancha todas las semanas publicaba una tapa haciendo referencia a estos hechos.
El expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) siempre estuvo preocupado por temas extraeducativos. La implementación a fuerza de la reforma en la educación es una evidencia que explica que para nada le interesaban los temas educativos. Su objetivo era poder mostrar en su campaña un supuesto logro para competir por una banca.
Es por eso que los centros educativos están cada día en peores condiciones. En zonas montevideanas hay jóvenes con hambre y las autoridades han llegado a perseguir a los colectivos que lo han denunciado. Esto ocurre porque el gobierno a nivel central entiende que las políticas sociales son un gasto y que cada ciudadano debe tener la capacidad de satisfacer sus necesidades. Este es un principio teórico central de esta administración que muchas veces está implícito en sus políticas.
Es triste pero hay una crónica de una muerte anunciada. En este caso, a diferencia de Santiago Nasar en el libro de Gabriel García Márquez, no sabemos quién será la víctima: en la ruleta de todos los días en los centros de enseñanza puede ser cualquiera.
Héctor Altamirano es docente de Historia.