El Frente Amplio necesita discutir con urgencia qué está haciendo con el poder. Llegar al gobierno, después de cinco años de administración de la derecha, generó expectativas que implican mucho más que una gestión estatal ordenada y sin sobresaltos. Hay una historia de luchas, de militancia y una base social que no votó para administrar lo existente, sino para cambiar las condiciones de vida de las grandes mayorías. La autoproclamada “prudencia gubernamental” no es neutral: tiene costos sociales inmediatos para quienes llevan demasiado tiempo esperando.
Considero que el rumbo inicial del gobierno de Yamandú Orsi profundiza un desplazamiento que el Frente Amplio viene procesando peligrosamente desde hace años. La obsesión por ofrecer garantías a los mercados, evitar conflictos a cualquier costo y demostrar homologación técnica ante los poderes fácticos ha ido acotando hasta la extinción su horizonte de transformación. Se corre el riesgo imperdonable de asumir como limitaciones estructurales propias las resistencias interesadas de quienes se benefician del statu quo.
Thomas Piketty ofrece una lente insoslayable para desnudar este retroceso desde el corazón de la agenda de izquierda: la concentración de la riqueza. Su obra documenta con precisión implacable cómo la propiedad privada y la herencia actúan como los motores primarios de la desigualdad. El lugar que cada persona ocupa en la sociedad sigue dependiendo, casi de manera absoluta, de la cuna en la que nació. El relato meritocrático del esfuerzo individual no es más que una coartada ideológica que ignora deliberadamente esa asimetría de origen.
Un joven que recibe como herencia una vivienda tiene resuelto un problema vital que a otro puede consumirle décadas de trabajo extenuante. Quien cuenta con respaldo económico familiar puede prolongar sus estudios, apostar a un proyecto o absorber el impacto de un fracaso; quien carece de él debe aceptar el primer empleo precario disponible porque en su casa urge ese ingreso. Hablar de “igualdad de oportunidades” sin hacerse cargo de estas brechas materiales es lisa y llanamente una hipocresía.
Para intervenir sobre esa geografía de privilegios, Piketty propone instrumentos audaces, como una herencia universal financiada mediante impuestos progresivos al patrimonio y las sucesiones. En su propuesta para Francia, esto se traduce en una dotación de base para los jóvenes al cumplir 25 años. Naturalmente, las cifras corresponden a otra realidad económica: Uruguay debe estudiar sus propias posibilidades, definir prioridades y elaborar herramientas de ingeniería fiscal propias. Pero lo verdaderamente urgente no es calcar una cifra, sino recuperar la audacia política de discutir la propiedad, su concentración y su transmisión intergeneracional.
Nos hemos habituado a naturalizar que una fortuna se herede como un derecho divino, mientras que la posibilidad de que la sociedad garantice un piso patrimonial a quienes nacen sin nada choca de inmediato contra el veto de los poderes conservadores. Esa asimetría revela hasta qué punto el privilegio ha logrado colonizar nuestro sentido común, incluso dentro de las propias filas progresistas.
En Uruguay, el debate sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico con un impuesto del 1%, destinado a fondear recursos para combatir la pobreza infantil, desnuda sin atenuantes los límites autodefinidos del oficialismo. Mientras el presidente Orsi desestimaba la iniciativa afirmando tajantemente que no formaba parte de sus planes, voces partidarias –como la de Fernando Pereira– intentaban sostener la necesidad de discutir una estructura tributaria más justa.
Considero que el rumbo inicial del gobierno de Yamandú Orsi profundiza un desplazamiento que el Frente Amplio viene procesando peligrosamente desde hace años.
Ese cortocircuito interno es síntoma de que la orientación gubernamental no agota el pensamiento de su base militante. Pero es el Ejecutivo el que detenta las palancas institucionales para transformar la realidad, y es allí donde se opta por la parálisis.
Es evidente que una medida de esta naturaleza requiere un diseño técnico riguroso. Sin embargo, resulta inaceptable que una propuesta orientada a exigir un aporte mayor a la riqueza concentrada sea descartada de plano por el progresismo en el gobierno, mientras la pobreza infantil sigue reclamando respuestas estructurales urgentes. Las bases programáticas del propio Frente Amplio comprometen una mayor progresividad en la imposición sobre la renta y el patrimonio; la distancia entre ese compromiso escrito y el rechazo gubernamental exige explicaciones políticas, no eufemismos tecnocráticos.
La herencia universal de Piketty y el impuesto promovido por el movimiento sindical tienen alcances diferentes, pero comparten una urgencia ineludible: recurrir al patrimonio acumulado para ampliar la libertad real de las mayorías.
Esa renuncia conecta directamente con otro fenómeno documentado por Piketty: el desplazamiento electoral de las fuerzas progresistas hacia los sectores de mayor formación académica. Su concepto de “izquierda brahmánica” describe con crudeza cómo los partidos de izquierda han migrado su representación hacia las élites ilustradas, disolviendo su vínculo histórico con los trabajadores y los sectores populares.
En Uruguay debemos preguntarnos cuánto de ese aburguesamiento ideológico nos atraviesa, y escuchar el profundo malestar de quienes sienten que su movilización es indispensable para ganar elecciones, pero absolutamente prescindible a la hora de gobernar. Una fuerza política puede conservar el vocabulario de sus orígenes mientras se distancia, en los hechos, de las urgencias materiales que le dieron razón de ser.
La estabilidad macroeconómica es, sin duda, una responsabilidad de gestión. Pero la erosión de la desigualdad también lo es. Su perpetuación estructural restringe la libertad real de las personas y condena a sus hijos. Cada reforma que se posterga por cobardía política o cálculo electoral tiene ganadores y perdedores claros, aunque esa distribución del costo social se intente disolver en el discurso de la “moderación”.
La crítica desde la izquierda no solo es legítima: es una obligación ética frente a la parálisis. La verdadera lealtad a una historia de luchas no consiste en aplaudir el ajuste del rumbo, sino en fiscalizar a quienes gobiernan en su nombre.
El Frente Amplio tiene que explicitar de una vez por todas si está dispuesto a enfrentar los privilegios o si se resigna a administrar la desigualdad existente. El portazo gubernamental a gravar los grandes patrimonios marca hoy el techo de su ambición transformadora. Quienes viven de su trabajo necesitan saber si este gobierno representa un dique contra la injusticia o un mero engranaje de reproducción del orden. De esa respuesta depende, ni más ni menos, el sentido histórico de seguir llamándose izquierda.
Daniel Devitta es director de UTU.