Esta semana se agravó el caso Astesiano. Gracias a una investigación de la diaria, hay indicios de que el ex jefe de seguridad del presidente usó los sistemas de vigilancia estatales para hacer un seguimiento del dirigente sindical Marcelo Abdala, de que informó al secretario del presidente Luis Alberto Lacalle Pou sobre los detalles del accidente que sufrió (y sugirió capitalizarlo políticamente) y de que coordinó acciones de pesquisa con altas jerarquías policiales.
La investigación y su posterior confirmación por parte del secretario del presidente, Nicolás Martínez, agrega elementos delicados y muy importantes a lo que ya se sabía sobre Astesiano. Se conocía que tenía acceso a los sistemas de vigilancia –a pesar de que autoridades como el ministro del interior, Luis Alberto Heber, lo negaran–, pero hasta ahora la finalidad de sus espías ilegales era o bien difusa o bien orientada al beneficio personal. Ahora, en cambio, Astesiano comparte el resultado de una maniobra totalmente ajena a su función de custodio con una persona de absoluta confianza del presidente.
Dejemos de lado el hecho de que también Astesiano gozaba de esa confianza, ya que el presidente ha manifestado haber sido engañado por él. Martínez, en cambio, sigue en su puesto. De los audios difundidos esta semana queda claro que no actuó como debería haberlo hecho tras el intercambio con Astesiano. De manera insólita, tampoco ha sido removido el subdirector de Policía, Jorge Berriel, a pesar de su confirmada participación en el monitoreo de cámaras para rastrear las horas previas al accidente de Abdala.
Desde Presidencia se ha actuado con lógica cautela desde que en setiembre del año pasado se detuvo a Astesiano por su presunto involucramiento en el trámite fraudulento de pasaportes. También la oposición se ha movido con prudencia, tal vez por intuir las posibles consecuencias institucionales que puede tener el caso.
Ante esta nueva vuelta de tuerca, los legisladores del Frente Amplio se encaminan a pedir explicaciones no sólo al ministro del Interior, como ya habían intentado, sino también al presidente. Lacalle Pou está en todo su derecho si decide guardar silencio y esperar los fallos de la justicia, que ahora deberá sumar complejas líneas de investigación en la causa ya abierta, mientras que ingresarán nuevas denuncias por parte de personas –como Abdala– cuyos derechos se vieron vulnerados. El presidente puede esperar, pero es deseable que hable antes, y que hable claro.