Desde hace aproximadamente un mes, las familias de la zona de Montevideo Oeste, especialmente las del barrio “Paurú y la vía”, han visto distorsionada su vida cotidiana.
Algunas personas se han enterado por la prensa que una obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) atravesaría no sólo su barrio sino parte del humedal, al sur del área protegida Humedal del Santa Lucía. Este humedal fue incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el año 2015 por el decreto ley 55/015 en el marco de la Ley 17.234 del 2000.
La obra en cuestión es la continuación del anillo perimetral -ruta 102- que une la Ruta interbalnearia desde Ciudad de la Costa -Colonia Nicolich y Ruta 101- y la ruta 5 y camino Altuna. Atraviesa y conecta con las rutas 6, 7 y 8. En un inicio estaba prevista la continuación hasta la ruta 1, y fue considerada clave para el área metropolitana. Une el este y el oeste de Montevideo, y mejora las condiciones del tráfico en la zona urbana de Montevideo, eliminando parte del tránsito que la atraviesa. Este trazado ya estaba incorporado al plan estratégico de Montevideo de los años 90.
Esta obra, de 22 kilómetros, insumió 20 meses y se inauguró en 2010. El tramo que une la Ruta 5 y la Ruta 1 fue postergado, entre otras razones, por la afectación al humedal.
En los últimos meses, y a partir de una “iniciativa privada” anunciada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en setiembre de 2020, un consorcio de tres empresas privadas proponen la construcción y la creación de peajes de arcos (detectan los vehículos, free flow) que financiarían la inversión, según se publicó en la prensa. La propuesta final es la construcción de un tramo de doble vía por uno de los tres posibles trazados que habían sido analizados por los técnicos del MTOP.
En el portal de licitaciones de la Corporación Vial del Uruguay, se encuentra la licitación para la construcción de la obra, publicada como “CREMAF-Doble Vía Perimetral”. La licitación fue publicada hace dos semanas, y se cumplirá el plazo para la presentación de ofertas el día 7 de marzo. El llamado está fechado el 6 de febrero de 2023, es decir que el plazo de la licitación es de un mes. El contrato es conocido como CREMA (construcción, rehabilitación y mantenimiento).
Algunas personas se han enterado por la prensa que una obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) atravesaría no sólo su barrio sino parte del humedal, al sur del área protegida Humedal del Santa Lucía.
El 6 de febrero, día de los humedales, los vecinos del barrio Paurú informaron a la prensa la situación en la que se encuentran. Les fue informada la expropiación en una reunión donde no se dio documentación escrita ni se les permitió fotografiar la que se les presentó. También relatan que técnicos de “la empresa que va a hacer la obra”, entraron a algunos predios a tomar medidas e informaron, sin ningún documento que acreditara su derecho a hacerlo, que se les iban a expropiar sus viviendas. Esta “notificación” no oficial a personas que no tenían información alguna generó angustia e incertidumbre a las familias y al barrio.
En lo formal, una resolución firmada por el Presidente de la República de fecha 26 de enero de 2023, designa para expropiar una serie de padrones por causa de utilidad pública, con urgente ocupación.
La intersocial de Montevideo Oeste ha realizado numerosos contactos y movilizaciones por este tema. El 9 de febrero también se hizo público el pedido de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, de suspender las obras y las expropiaciones, solicitando un ámbito de coordinación formal entre ambas instituciones, cuyo objetivo sea mitigar los efectos no deseados que han sido identificados.
Este sería el proceso necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que en su artículo 77 dispone: “Las obras públicas proyectadas por el Estado o persona pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse y compatibilizarse con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial”.
No se conoce cuáles serían las instancias de participación de la ciudadanía, si fuera necesario modificar el instrumento de planificación vigente en Montevideo, con la puesta de manifiesto y audiencia pública correspondientes establecidas en la misma ley 18.308.
En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, se han divulgado documentos que muestra la comunicación de proyecto que categorizan la obra como B, es decir que los impactos son “moderados”. Queda planteada la duda de si, dado el atravesamiento del humedal, se podría suponer que el proyecto no sería categoría C, en cuyo caso, deberán presentar los procedimientos que corresponden, incluyendo estudio de impacto ambiental completo con mitigación de eventuales impactos negativos, y la puesta de manifiesto y audiencia pública como lo indica el reglamento.