El jueves 30 de marzo de 2023, el presidente francés Emmanuel Macron presentó el plan eau (plan agua), elaborado por sesiones de estudio y debate cuyo último período de trabajo se inició el 29 de setiembre de 2022. Participaron autoridades ministeriales, representantes territoriales, actores sociales, investigadores en ciencia y tecnología.
El plan propone 53 medidas para mejorar la gestión del agua, “más allá de la urgencia a corto plazo. El corazón del ‘plan agua’ es ante todo un plan de sobriedad y eficacia” en todos los sectores, con el propósito de reducir 10% el agua consumida en Francia de aquí a 2030, declaró Macron.1
El presidente galo enumeró cinco grandes ejes de trabajo: “acelerar la sobriedad por doquier y en el largo plazo”, “luchar contra las fugas”, “invertir en la reutilización de aguas usadas”, “acompañar la transformación de nuestro modelo agrícola”, “establecer la tarificación del agua”.
Por otra parte, en Estados Unidos, en la Franja de Las Vegas,2 utilizan agua no potable de pozos privados. En los crecientes suburbios, las “patrullas del agua” circulan desde temprano en la mañana a la caza de aspersores rotos y mangueras con goteras. Filman infracciones antes de colocar una bandera en el césped si se trata de una primera falta, o una multa para transgresores reincidentes. “Tienen dos semanas para abordar la infracción por derrame de agua”, explicó Cameron Donnarumma, miembro de una “patrulla del agua”.
“Nuestra comunidad es extremadamente eficiente en el uso del agua”, declaró Bronson Mack, portavoz de la Autoridad del Agua del sur de Nevada.
La escasez de agua potable que afecta a Uruguay tiene alcance internacional. Es una de las situaciones típicas que demuestran la necesidad imperiosa de una integración regional en lo científico, en lo tecnológico y en todos los aspectos que hacen a las necesidades básicas y no sólo a los imperativos comerciales.
A esta altura de la emergencia hídrica, parece aconsejable que la responsabilidad la asuma el presidente de la República, asesorado por un equipo similar al GACH.
El artículo 47 de nuestra Constitución establece que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”. “Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”. “La prestación del servicio de agua potable y saneamiento [...] deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”.
Debido a la gran disminución de agua dulce del embalse de Paso Severino, ubicado en el departamento de Florida, OSE resolvió agregar agua del Río de la Plata al proceso de potabilización, según informó la empresa estatal en un comunicado. Esto implicó un aumento de la cantidad de cloruro y sodio en el agua que consume la población de Montevideo y el área metropolitana.
Variadas declaraciones de jerarcas implicados causaron crítica y desazón. Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse un agua, estimó Susana Montaner, vicepresidenta de OSE. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que las causas originales del problema del agua “no atañen” ni a su cartera ni a OSE y aseguró que las clínicas nefrológicas para los pacientes que deben hacerse diálisis “tienen agua de perfecta calidad”.
La oposición cuestionó las declaraciones, y la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular advirtió sobre las consecuencias del exceso de sal en el agua.
A esta altura de la emergencia parece aconsejable que la responsabilidad la asuma el presidente de la República, asesorado por un equipo similar al Grupo Asesor Científico Honorario formado para encarar la pandemia de covid-19.
Claudio Iturra es profesor de Historia.