El martes se cumplieron 53 años del asesinato de Walter Medina. Tenía 16 años, era estudiante de liceo, militante de la Juventud Socialista y poeta. Lo mató un sargento de la Guardia Republicana que lo vio desde un ómnibus pintando una pared del barrio Piedras Blancas y se bajó a dispararle por la espalda. Lo que Walter estaba escribiendo era la consigna “Consulta popular”.
La ejecución de Walter ocurrió 11 días después del golpe de Estado, en un contexto en el que el anticomunismo en Uruguay no fue solo un discurso, sino una práctica concreta de eliminación. Escribo esto hoy porque ese mismo discurso está entre nosotros, con nueva ropa y nuevos protagonistas.
En los últimos meses se han multiplicado foros, actos y redes que equiparan a la izquierda latinoamericana con el autoritarismo e instrumentalizan el dolor de quienes migraron de Cuba y Venezuela como combustible de una narrativa de alcance global. No es un fenómeno local ni espontáneo. Rosario Monasterio, dirigente de origen cubano de Vox en Madrid, la misma persona que ha defendido la dictadura franquista, que niega la violencia machista como categoría jurídica, que llama “adoctrinamiento” a la memoria histórica española, aparece en ese circuito como referente de la “libertad”.
En Uruguay ese circuito tiene expresión parlamentaria concreta que está siendo nutrida por sectores del Partido Nacional. El 16 de abril de 2026, en la sala 17 del Palacio Legislativo, la sala que lleva el nombre de Paulina Luisi, se realizó el foro “Voces por Cuba y Venezuela: derechos, verdad y justicia”, con ponentes del Partido Nacional, del Movimiento Abajo Todo y de Vente Uruguay. Lo moderó Leydis Aguilera, diputada suplente del Partido Nacional y primera legisladora de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo. El evento fue presentado como un espacio para “escuchar y visibilizar la realidad bajo regímenes autoritarios”.
Nadie discute que esas realidades existen y las crisis humanitarias que atraviesan dichos países. Lo que vale preguntar es qué discurso político se construye cuando ese dolor se canaliza desde el Parlamento sin una sola voz que nombre el bloqueo de más de seis décadas, la intervención histórica de Estados Unidos en la región, o se desconozca la herida que el anticomunismo dejó en este país. Actuar como si no existiera, o usar el lenguaje que la produjo como si fuera inocente, es una forma de violencia política que merece ser nombrada.
El anticomunismo que hoy circula en foros parlamentarios vestido con el dolor de migrantes cubanos y venezolanos es estructuralmente el mismo que en 1974 justificó irrumpir a las tres de la madrugada en un apartamento del barrio Brazo Oriental y acribillar a tres mujeres que dormían. Diana Maidanik tenía 22 años. Laura Raggio, 19. Silvia Reyes, 19 y estaba embarazada. Las tres hacían trabajo de base: repartir volantes, organización política. Los soldados dispararon más de 200 proyectiles. La versión oficial habló de “enfrentamiento”; las autopsias demostraron que fue una ejecución. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por las ejecuciones extrajudiciales de las “muchachas de abril” y por décadas de impunidad. En 2023, el Estado reconoció su responsabilidad en el Palacio Legislativo, en un acto marcado por la limitación del aforo y la ausencia del entonces presidente Luis Lacalle Pou.
La lucha anticomunista también afectó la vida de Liber Seregni, detenido el mismo día del golpe; terminó con Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados y asesinados en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor; con 205 desaparecidos, miles de presos políticos, miles de torturados.
El anticomunismo no es un residuo histórico, es una tecnología política activa, un mecanismo de corrimiento de las subjetividades hacia el fascismo.
La arquitectura del discurso anticomunista coloca a la izquierda como el enemigo, pero esa estructura no describe la realidad: la organiza para producir un efecto político. Lo que ese discurso no nombra, porque no puede hacerlo sin desarmarse, es que el bloqueo sobre Cuba lleva más de seis décadas, que ha sido condenado por más de 180 países, y que la administración de Donald Trump recrudeció el cerco energético desde enero de 2025, sumiendo a Cuba en una crisis humanitaria de proporciones históricas. El 18 de abril de 2026, dos días después del foro en el Legislativo, los presidentes de México, Brasil, Uruguay y Colombia estaban en Barcelona exigiendo el cese del bloqueo y defendiendo el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro sin presiones externas.
Tampoco nombra ese discurso lo que la derecha uruguaya hizo con los propios migrantes cuando tuvo el gobierno. La ley de urgente consideración (LUC) de 2020 subordinó la Dirección Nacional de Migración a la cadena de mando policial. La Rendición de Cuentas de 2022 introdujo un costo económico al trámite de residencia Mercosur, que antes era gratuito. Y la reforma previsional de 2023 modificó el acceso a la pensión por invalidez de forma que una persona migrante con discapacidad severa que lleva menos de diez años en el país queda excluida de la cobertura, exactamente la franja de quienes llegaron durante el pico de la migración cubana y venezolana. La misma derecha que sancionó esas tres reformas organiza hoy foros en nombre de los derechos de esas mismas comunidades.
El ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas migrantes es una reivindicación más que presente y necesaria; Leydis Aguilera representa un reconocimiento al trabajo por esa lucha y el resultado de una política migratoria forjada en los gobiernos del Frente Amplio. La paradoja innegable es que desde esa banca, y animada por sus correligionarios como Pablo Abdala y Martín Elgue, modera foros que instrumentalizan el dolor migratorio para atacar a la izquierda que construyó las condiciones para el ejercicio de derechos de las personas en contextos de movilidad humana.
Walter Benjamin escribió en 1940, meses antes de morir huyendo del nazismo, que “la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla”. Y advirtió contra el error de tratar al fascismo como una anomalía arcaica destinada a ser superada por el progreso. El anticomunismo no es un residuo histórico, es una tecnología política activa, un mecanismo de corrimiento de las subjetividades hacia el fascismo que opera igual cuando lo usa una dictadura militar que cuando lo instrumentan Donald Trump, Javier Milei o Nahib Bukele, o cuando se lo habilita, sin memoria y sin datos, desde una sala del Palacio Legislativo en Montevideo.
Resulta fundamental animar una discusión y un encuentro con las comunidades diversas que hoy habitan nuestro país, independientemente de nuestros orígenes nacionales; esta es también una historia compartida, herencia común, nuestra y de nuestros hijos e hijas.
Valeria España es abogada, investigadora y docente en la Facultad de Información y Comunicación (Udelar). Trabaja en derechos humanos, políticas de vivienda y migración.