La aprobación del proyecto de reforma jubilatoria impulsado por la coalición oficialista expone varios asuntos que permiten entender, al menos en parte, los clivajes del poder y los intereses de clase. En primer lugar, es evidente que la preocupación central de los partidos políticos que votaron la ley se fundamentó –casi exclusivamente– en la sostenibilidad financiera del sistema; dicho de otro modo, la clave fue quiénes y cómo asumirán los costos de la reforma. La evidencia tanto en el papel (el texto de la ley), como en los discursos argumentativos (la fundamentación de los legisladores), es elocuente; aun cuando algunas ideas en torno a los futuros y supuestos beneficios que los menos privilegiados recibirán a cambio no resultan tan convincentes. Lo cierto es que se descargan los costos de la reforma en la clase trabajadora, con un esfuerzo absolutamente desigual por parte del capital. Conclusión 1: la reforma aprobada es clasista.
El papel de la seguridad social obviamente es crucial y se articula necesariamente con el conjunto de la institucionalidad que tiene como finalidad la producción de bienestar para toda la población. Implica, desde luego, reconocer la diversidad y multiplicidad de riesgos sociales que enfrentan las y los ciudadanos en todo el ciclo vital. Precisamente, el sistema jubilatorio constituye básicamente el pilar contributivo, a partir de los principios de solidaridad intergeneracional, equidad y suficiencia (entre otros), en tanto que el pilar no contributivo se corresponde a la asistencia pública. La ley aprobada se circunscribe sobre todo a los mecanismos, causales y montos jubilatorios, con algunos artículos relativos a pensiones específicas, quedando por fuera otras dimensiones de la protección social, alejándose mucho del criterio de equidad. Conclusión 2: la reforma aprobada es limitada.
Trabajar más años, esta es una cuestión crucial. En realidad, cuando en otras latitudes se esbozan avances sostenidos hacia la reducción de la jornada laboral, en Uruguay se intenta resolver el dilema fiscal obligando a trabajar más tiempo. Sin embargo, se omite en la evaluación prospectiva la evolución y las tendencias del mercado de empleo; nadie puede desconocer las mutaciones y efectos que el avance acelerado de las tecnologías va generando tanto en la destrucción de fuentes laborales como en las exigencias –para mantenerlas o para obtenerlas– para los actuales y futuros trabajadores. El reemplazo de la mano y mente humanas van dejando secuelas por la obsolescencia de aptitudes y calificaciones para la inserción en el mercado de empleo. La ley aprobada no contempla en absoluto esta cuestión crucial. Conclusión 3: la reforma es retrógrada.
El rediseño del sistema de seguridad social debe incorporar criterios redistributivos para reducir sensiblemente las desigualdades en el punto de partida y las generadas durante todo el ciclo vital.
Trabajar más años y cobrar menos por efecto de la disminución de las tasas de reemplazo resulta en innegable perjuicio para los trabajadores. Por tanto, la calidad de vida y la producción de bienestar que las y los trabajadores deberán asegurar para sí mismos y sus familias se verá disminuida en sus capacidades. Incluso la introducción del suplemento para las jubilaciones más bajas resultará insuficiente. Las actuales generaciones de trabajadores jóvenes y las futuras deberán dedicarle más años al trabajo remunerado y casi con certeza, recibir menos proporcionalmente durante la etapa de inactividad laboral. La simulación de escenarios probables realizados por diferentes instituciones académicas, las propias del Frente Amplio y las aportadas por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, ilustran de manera inequívoca los perjuicios para la clase trabajadora de esta reforma jubilatoria. Conclusión 4: la reforma aprobada no mejorará el bienestar de las futuras generaciones.
Situados en un contexto económico de crecimiento moderado del PIB, toda reforma de los componentes del sistema de protección social debe responder a las necesidades de la población en su conjunto. Si todos los partidos políticos están de acuerdo con la “urgencia” de los cambios, también es notorio que los proyectos de reforma son diferentes y en algunos puntos centrales, contrapuestos. Precisamente, este es un ejemplo de cómo la variable ideológica explica en gran medida los proyectos y estrategias de modificación de la arquitectura de protección social.
Desde mi punto de vista, otro proyecto de reforma es posible y viable, si y solo si se fundamente en mejorar las condiciones estructurales para el desarrollo humano. El pleno ejercicio y goce de los derechos exige, precisamente, generar las oportunidades y garantías de la existencia material de las y los ciudadanos. Será necesario imaginarse con audacia e innovación las nuevas fuentes o dispositivos de protección social, considerando el régimen de jubilaciones y pensiones de manera integrada y articulada.
El rediseño del sistema de seguridad social debe incorporar, asimismo, criterios redistributivos para reducir sensiblemente las desigualdades en el punto de partida y las generadas durante todo el ciclo vital. Reconfigurar la seguridad social implica garantizarles a todos y todas las ciudadanas un ingreso básico suficiente para gozar de una vida decente y digna. El trabajo remunerado constituye una dimensión, sin duda muy relevante, pero no la única en la vida de los seres humanos. Es en este sentido que hace falta cambiar radicalmente de paradigma, por uno que supere las connotaciones e implicancias de un sistema inadecuado a los desafíos de un mañana muy cercano.
Christian Mirza es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.