–¿Qué camino debo tomar?
–Eso depende de dónde quieras ir tú, Alicia.
–Eso no importa.
–Entonces realmente no importa el camino.
Lewis Caroll, Alicia en el País de las Maravillas
Una nueva instancia presupuestal en el Ministerio del Interior, tercera oportunidad en el cuarto año de gobierno, en la que la tan promocionada transparencia va perdiendo cada vez más presencia en una gestión que sigue sin capacidad de planificar y prefiere el by pass en los procedimientos.
La reina de corazones
De acuerdo con la Constitución de la República, “el Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas“ (artículo 214).
Es en esta instancia anual que cada ministerio presenta una propuesta de artículos de ley (articulado) junto a una exposición de motivos y fundamentos, así como información financiera en cuanto a la ejecución del crédito asignado y del desempeño en la gestión mediante indicadores de contexto, productos y procesos. Tanto la información cuantitativa como la propuesta de modificaciones normativas son coordinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cada organismo en su materia de competencia.
Una vez que ingresa el proyecto de Rendición de Cuentas a una de las cámaras es posible presentar “sustitutivos” y/o “aditivos” al proyecto de articulado. En general, los sustitutivos son enmiendas y correcciones a artículos presentados y los aditivos son nuevos artículos que no se presentaron en el plazo, por lo que ambos deben ser presentados por miembros de la cámara por donde se esté procesando la Rendición de Cuentas. Esta semana el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes.
¿Quién robó los pasteles?
En particular, el Ministerio del Interior compareció el 26 de julio para presentar su rendición de cuentas explicando sus resultados de gestión, información de gasto y fundamentación del articulado, a la vez que incluyó una serie de aditivos que procuran exceptuarse de la normativa general para la compra y contrataciones de bienes y servicios, incluso aquella que fue modificada en la Ley de Urgente Consideración presentada por este gobierno. El director general de Secretaría fundamenta exceptuarse de presentar un plan anual de contratación de bienes y servicios cuando son financiados con refuerzo de créditos, para “cuestiones importantes que no pudieron ser previstas con anterioridad”.
Explica asimismo la necesidad de incluir “la reparación de la flota en las compras directas por excepción”, al igual que para “reparar y mantener en condiciones dignas los establecimientos carcelarios en todo el país”, pues, “como saben, tenemos entre 25% o 30% -oscila en esos números- de la flota radiada (...) en talleres mecánicos, y eso ha generado un cuello de botella bastante importante que tiene un impacto directo en el patrullaje”, y “las roturas en los establecimientos carcelarios son permanentes”.
Un déficit institucional en cuanto al monitoreo de la gestión de recursos no puede ser razón para no presentar planes anuales de compras y abusar del procedimiento de “excepción”.
Pig & Pepper
Estos planteos de exceptuar al Ministerio del Interior de los procedimientos generales de compras no se incluyeron en la propuesta original del Poder Ejecutivo, con lo cual surge la pregunta sobre si fue algo evaluado. El Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿comparte estas propuestas que cambian las reglas para las compras y contrataciones, evitando controles y transparencia?
Estos aditivos presentados a último momento (se presentaron con firma de diputados, horas previas a la votación en comisión) revelan la imposibilidad de planificar en cuanto a procedimientos rutinarios y repetitivos que tienen que ver con el mantenimiento de los vehículos policiales, así como la reparación y mantenimiento de los centros carcelarios.
Un déficit institucional en cuanto al monitoreo de la gestión de recursos no puede ser razón para no presentar planes anuales de compras y abusar del procedimiento de “excepción”.
Quien conoce la cultura institucional también conoce los mecanismos por los cuales minimizar la flota “radiada”, sobre todo cuando se da por desidia y mala praxis del personal involucrado. En las gestiones anteriores se dieron pasos en la búsqueda de soluciones para el mantenimiento de los vehículos, pero también para evitar la corrupción en torno a este servicio. Para ello, se hicieron acuerdos con el Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles con el fin de estandarizar los precios de las reparaciones y facilitar los controles. Además, se diseñaron e implementaron sistemas integrados de gestión que permiten detectar los grandes nudos en estos aspectos; tener información de conductores asignados, mapeo de itinerarios, alarmas en excesos de velocidad, entre otros; es cuestión de utilizar estas herramientas y potenciarlas. Asimismo, el mantenimiento de centros carcelarios no debiera ser una urgencia no prevista y debería formar parte de un plan anual de inversión. La caracterización de cada centro en cuanto a su infraestructura edilicia, la vida que transita intramuros, las características de las personas que cumplen su privación de libertad y la cantidad de personal asignado a cada centro dan base de planificación para las obras de refacción necesarias en cada año. Nuevamente, utilizar los sistemas de información, generar sinergias entre los equipos de dirección, tanto en lo técnico como en lo administrativo, es relevante para una gestión integral.
Adaptar la normativa es un camino cómodo, corto y sencillo, aunque el Tocaf ya prevé mecanismos para poder atender situaciones de urgencia, que deben ser certificadas; pero abusar de la excepcionalidad y presentar al refuerzo de rubros como un procedimiento extraordinario sólo genera falta de garantías en los procedimientos y, por lo tanto, de transparencia.
Gabriela Valverde es asesora parlamentaria, integrante de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio.