Lamentablemente, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para reformar la Caja de Profesionales se pone a consideración del sistema político con el mínimo margen temporal posible para su estudio y aprobación. Se llega a esta situación por la incapacidad de los colectivos profesionales de priorizar los aspectos sustantivos, y por preocuparse sólo por sus intereses gremiales así como también por el acceso a los cargos de dirección en la caja; también, por la falta de interés de los ministros que pasaron desde al menos 2010 a la fecha, ya que abordar el tema les implicaba un costo político que nunca quisieron asumir. Los directivos de la caja que votaron oportunamente beneficios complementarios por encima de los legales son corresponsables de esta situación, así como de otros aspectos que generaron problemas en la gestión actual de la institución, al firmar acuerdos permanentes basados en información de coyuntura. En cualquier caso, es bueno que de una vez se plantee al Parlamento el problema.
Lamentablemente, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para reformar la Caja de Profesionales se pone a consideración del sistema político con el mínimo margen temporal posible para su estudio y aprobación.
La Caja de Profesionales nace por necesidad de los profesionales independientes de tener una cobertura al momento del fin de su vida laboral, ya que el sistema general no los comprendía y la actitud de nuestra sociedad, representada por sus diferentes gobernantes, era fomentar la aparición de entidades que dieran solución a colectivos específicos, sin un sentido global.
Más allá de la discusión filosófica relativa a la cobertura poslaboral, el Estado debe dar solución a las personas que por distintos motivos ya no pueden procurarse ingresos para su sustento, principio básico que atiende a todas las personas en todas las etapas de su vida. Comparto el criterio de contar con un único sistema de seguridad social, pero no con los criterios establecidos en la última reforma (Ley 20.130) y siempre respetando los derechos generados hasta el momento de cambiar las reglas de juego. Será necesaria una discusión profunda entre todos los involucrados, no una propuesta de iluminados que ya está mostrando falencias (fideicomiso para los cuarentones en plena rendición de cuentas) y que considere equidades eliminando privilegios (militares).
Lo relevante en este caso es contemplar la situación de los profesionales independientes, que es el colectivo realmente involucrado. Hay muchos profesionales que por la característica de su vínculo laboral se ocupan en relación de dependencia, y por lo tanto tienen cobertura por otro sistema.
Los objetivos
El proyecto de reforma de la Caja de Profesionales plantea dos objetivos compartibles: asegurar la sostenibilidad a través de cambios paramétricos (escala de aportes, edad jubilatoria, tasa de aportación, reducción de las jubilaciones actuales) y cambios en el funcionamiento interno (mejorar fiscalización, comunicación con afiliados, mecanismos de contralor financiero). Debió incluirse también facilitar la convergencia de la caja al régimen previsional común y atender situaciones parciales.
Las propuestas
Edad jubilatoria
Las personas comprendidas son aquellas que nacieron a partir del 1° de enero de 1967. Esto significa que quien nació en esa fecha hoy cuenta con 56 años. Un profesional de esa edad seguramente egresó (en promedio) en 1992, y cuenta hoy (si realizó aportes en forma continua) con 30 años de aportes; en estas condiciones, en cuatro años más configura causal jubilatoria (por la edad), habiendo excedido en cuatro años los necesarios de aportes. A este profesional (que ya contribuyó con su parte del acuerdo) se le exige al menos que aporte durante un año más.
Sería bueno que los nuevos afiliados sean los que cumplan las nuevas reglas de juego, y que los que ya estaban lo hagan a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley. A la hora de los beneficios, que cada quien obtenga los beneficios a prorrata de las diversas reglas de juego; como esto no se puede hacer, y es necesario establecer una línea de corte, que esta contemple al menos a quienes ya cumplieron con el 70% de su tiempo de contribución, y los incluya dentro del régimen general. Esto significa que quienes hayan aportado al menos durante 21 años a la entrada en vigencia de la ley puedan regirse por el régimen anterior. En términos de fechas, quienes empezaron a aportar en 2001 están en esas condiciones, y con 25 años de edad al egreso, habrían nacido en 1976. En esta línea de razonamiento, una buena fecha de corte sería el 1° de enero de 1974.
Más allá de la especificidad, en términos generales, es razonable contar con una línea de base mínima, pero debe ser armonizada con los años de contribución realizados por la persona y la edad efectiva de retiro, a la hora de la determinación del sueldo básico jubilatorio. Esto debería ser así ya que las circunstancias del egreso son bien distintas en cada persona; hay quienes no pueden cumplir con las condiciones, y perfectamente pueden ingresar al régimen jubilatorio percibiendo menores ingresos. Además, debe existir posibilidad de continuar ejerciendo, cobrando la jubilación y aportando, con reglas de juego claras. En otras palabras, el egreso de las personas no debe ser traumático, es un proceso que todos viven diferente, y el sistema debe permitir transcurrirlo de la mejor forma posible, siendo el sueldo básico jubilatorio la variable de ajuste.
Sueldo básico jubilatorio
Es razonable que el sueldo básico jubilatorio tenga una relación con todas las contribuciones efectuadas por el profesional. Dado que la caja se basa en un régimen ficto de ingresos (no real como el sistema previsional común), y se busca que los egresados cuenten con jubilaciones dignas, es necesario equilibrar los períodos mínimos que se pueden aportar en las diversas categorías. La propuesta es correcta, si se contemplase en un marco de flexibilidad (edad jubilatoria, años de aporte, posibilidad de realizar mayores aportes, posibilidad de seguir ejerciendo).
Aportes de jubilados y pensionistas
Actualmente los jubilados y pensionistas están aportando el IASS y toda su recaudación se destina al financiamiento del régimen general. Si el objetivo es mantener la sostenibilidad de la caja, esos aportes deberían ser volcados a la caja. No corresponde plantear otro esfuerzo adicional a este colectivo, al que ya con el IASS se le redujeron sus ingresos, por lo tanto el impuesto sólo tiene lugar si no existen otros gravámenes sobre los ingresos.
Tasa de aportación
La propuesta de asimilar la tasa de aporte al régimen general es de recibo en miras a la convergencia de sistemas; lamentablemente no se sigue el mismo criterio (tasa de aportación rural, universidad) donde existen inequidades en sentidos contrarios. Este aumento de la contribución por parte de los activos merece el mismo comentario referido a la flexibilidad a la hora del egreso.
No es compartible la facultad que se le otorga al directorio (y por mayoría simple) de aumentar la tasa hasta 22,5%. Esta decisión atenta contra la convergencia y debería ser tomada con la corresponsabilidad del Estado, y una fuerte aprobación de los órganos internos (Comisión Asesora).
Asistencia
El Estado queda facultado a asistir a la caja en forma excepcional siempre que los activos hayan aportado por aumento de tasas. Si se va a facultar al Estado para asistir a la caja, dicha asistencia no debería estar condicionada, y debería hacerse en el marco de los objetivos de la convergencia.
Afiliados voluntarios
La caja se ha encargado a través de sus últimas acciones y comunicaciones de desmotivar a la aportación complementaria de los profesionales que realizan su actividad en forma dependiente. Solo quienes en años anteriores iniciaron ese camino lo continuarán, con miras a no perder su inversión. El aporte de estos afiliados era muy importante, y su pérdida se hará sentir.
Aportes indirectos
Estos aportes de alguna forma representaban el aporte patronal en los demás sistemas. En la propuesta, dicho aporte se efectúa a través de un aumento de tasas de aportación sobre los activos, por lo que la sociedad contribuirá de menor manera al financiamiento de la caja.
Síntesis
Estamos ante un proyecto que llega tarde, que tiene un ajuste importante sobre los aportes que efectúan los activos (en monto y tiempo), que rebaja las jubilaciones futuras (por menores sueldos jubilatorios e impuestos sobre las liquidaciones resultantes), que no considera la necesaria flexibilidad a la hora del egreso (a diferencia del sistema previsional común que permite un funcionamiento mixto), que no da ninguna solución a situación de caídas de trabajo (como desempleo parcial y problemas de salud), que faculta a una mayoría simple a tomar decisiones de aumento de tasa de aportación (sin previa intervención del Estado ni de la propia comisión asesora) y que alienta a los profesionales no dependientes a desvincularse definitivamente de la institución.
Marcelo Marchesoni es contador y dirigente de Rumbo de Izquierda, Frente Amplio.