Un niño de ocho años asesinado a tiros en un ataque a su casa; 2,16 toneladas de cocaína que no fueron detectadas por un escáner de la Aduana; Sebastián Marset haciendo relaciones públicas en horario central de televisión. Son algunas facetas alarmantes del avance en Uruguay del crimen organizado y la violencia que trae consigo. Nadie sensato piensa que el proceso se pueda revertir con facilidad y rapidez, pero hay bases para construir respuestas mejores que las actuales.
Sabemos que eventuales procesos de cambio hacia la regulación del mercado de las drogas ilegales requieren difíciles acuerdos en escala internacional, que están lejos de plantearse. Sabemos que las políticas represivas a ultranza tienen altísimos costos en materia de derechos y de convivencia democrática, e incluso que sus mejores resultados son un espejismo transitorio.
Sabemos que, entre los extremos antedichos, hay medidas necesarias que no garantizan el éxito pero reducen daños. Entre ellas, la mejora sustancial de las tareas de inteligencia, la disminución de la vulnerabilidad social en territorios que el crimen organizado busca dominar, el control de la proliferación de armas, un cambio profundo de las cárceles y la prevención de la corrupción y del lavado de activos.
Sabemos que tanto el actual gobierno como la actual oposición tuvieron carencias en este terreno, y deberíamos saber que la seguridad pública requiere y merece políticas de Estado.
El nuevo ministro del Interior, Nicolás Martinelli, fue recibido ayer por la Comisión Permanente del Poder Legislativo y quedó claro que, con independencia de que le vaya a ir mejor o peor en la gestión que inició hace un par de meses, tiene escasa disposición a cambiar de modo sustancial el encare de las relaciones con la oposición.
Martinelli prefirió mantener una actitud pendenciera y frívola, afirmando que durante los gobiernos frenteamplistas hubo un déficit en la represión del delito (pese a que la población carcelaria mantuvo una tendencia al ascenso casi constante), que los anteriores de los partidos Nacional y Colorado, desde 1985, fueron deficitarios en la prevención y que recién ahora se ha descubierto que hay que hacer las dos cosas con una “estrategia de enfoque dual”.
También sostuvo que ya se aplica una política de Estado, porque en diciembre de 2022 se les pidieron aportes a los partidos y a otros actores públicos y privados, y después de un semestre de “trabajo arduo”, se “sistematizaron” las propuestas para definir una “estrategia de seguridad integral y preventiva”. No dijo que la “síntesis” estuvo a cargo del Ministerio del Interior, que en vez de procurar acuerdos, cortó y pegó, a partir de documentos con distintas orientaciones.
Es una lástima que Martinelli haya optado por hacer campaña. Gran parte de sus responsabilidades tendrán que ver con ofrecer garantías al conjunto de la ciudadanía en un año electoral, no es razonable reclamarle que en un período breve mejore mucho la seguridad ciudadana y sí sería muy positivo que apostara a una política de cooperación que pudiera continuar a partir de 2025.