Quedé impactado después de leer la excelente nota que Lucía Barrios le realizó a Andrea Vigorito en la diaria a propósito de la investigación que esta realizó con Rodrigo Nicolau, denominada “El estigma a la pobreza y su relación con las trayectorias económicas individuales”.
Según señala la nota, “los investigadores sostienen en el estudio (que forma parte del proyecto ‘Transferencias públicas y estigma a la pobreza’ impulsado por el grupo Ética, Justicia y Economía de la Universidad de la República, con el apoyo del Fondo Clemente Estable) que “la estigmatización o falta de reconocimiento a ciertos grupos sociales o personas por causa de su menor nivel socioeconómico guarda estrecha relación con las creencias de una determinada sociedad sobre las causas de la desigualdad económica”.
Debería ser un insumo de primera línea en la izquierda. Incorporando una mirada autocrítica. La alarma social y el botín electoral terminan presionando, incluso en la izquierda, y se terminan aceptando estigmas que son verdaderos ordenadores de la política. Pasó en políticas sociales, pasó y puede ocurrir en la visión de convivencia y seguridad.
En este tema ya se ha dicho: no es un problema sólo policial. No es sólo la pobreza. Es un conjunto de problemáticas que conforman un desafío complejo, social, político y académico. La integralidad no es un capricho o un eslogan. El gobierno actual recurrió a un argumento de tipo cultural: había que fortalecer la autoridad de la policía. Así de simple. Ah... y aumentar penas con la LUC, siendo permisivos con el lavado. Ahora, sin autocrítica y con un fracaso colosal, pasan tardíamente a lo que llaman estrategia dual. Paradoja: no tienen autoridad.
Conexión entre mercados ilícitos y mercados legales
El sociólogo y criminólogo Marcelo Bergman, en su libro El negocio del crimen, es provocativo con ciertas afirmaciones. En una de las más importantes, Bergman señala la conexión entre mercados ilegales y legales. Se roban un millón de autos en América Latina por año. Los de alta gama se contrabandean. Las autopartes se negocian en mercados legales al que acceden todos los ciudadanos/as. Muchos millones de dispositivos celulares y laptops tienen el mismo destino. La oferta de objetos robados es un componente que debe ser señalado, sólo para mostrar la complejidad y la extensión de una cultura de lo ilícito. Al igual que la infraestructura necesaria y el lavado de activos en el caso de narcotráfico, contrabando y corrupción. La conexión entre mercados ilícitos y legales es una de las claves que interroga a toda la sociedad. No sólo a los pibes chorros, jóvenes, pobres que pueblan nuestras cárceles con cursos intensivos de negocios. Sí, de negocio del crimen. El estigma es funcional a castigar sólo al chiquitaje que se hacina en las cárceles.
“En los últimos 30 años el crimen creció en toda América Latina (una excepción es Colombia), en contraposición a lo que pasó en todas las otras regiones del mundo, donde cayeron o se mantuvieron estables. Aumentaron los homicidios, pero sobre todo los delitos adquisitivos: uno de cada cuatro latinoamericanos declara haber sufrido un robo en los últimos 12 meses. La inseguridad está asociada al crecimiento del crimen organizado, que disputa las ganancias que generan los delitos económicos y patrimoniales”, sostiene Bergman. Y añade: 1) ¿por qué ha aumentado la delincuencia en todos los países de América Latina?; 2) ¿por qué las nuevas democracias no han abordado eficazmente lo que se ha vuelto el problema y la preocupación más importante para los ciudadanos de la región?; y 3) ¿por qué las instituciones encargadas de la aplicación de la ley (Policía, tribunales y prisiones) tienen un desempeño deficiente?”.
¿De qué se trata la producción de subjetividad?
En una nota de mi autoría, titulada “El amor y los afectos ¿son parte del programa?”, afirmaba e insisto con los modos de producción. No económicos. Sino de producción de subjetividad, que tiene por objeto deconstruir y librar batalla, entre otras, contra el estigma social y contra una cultura ultraindividualista que, en nombre de la libertad, enciende la sed de ganancias y de ultraconsumo. Valores que comparte la opción criminal. Son empresarios chicos, medianos y grandes con sed de ganancia. Con conexiones. Y con estigmas que justifican la marginación del pobre, jóvenes, mujeres, analfabetos, con años de violencia en sus cuerpos y almas.
La alarma social y el botín electoral terminan presionando, incluso en la izquierda, y se terminan aceptando estigmas que son verdaderos ordenadores de la política.
La inseguridad y el miedo, el goce de la vida y la búsqueda del placer deben ser incorporados como modos de existencia tan importantes como las dimensiones económicas. Esto no es un invento de la izquierda. Esta producción de subjetividad fluye y está presente en todos sus aspectos, buenos o malos, modelando la vida cotidiana. Vida cotidiana, grupalidad y subjetividad son pilares que hay que incorporar al análisis de coyuntura y a las perspectivas de largo plazo. Hacen al desarrollo humano.
Hacer memoria y mirar al futuro
Cito nuevamente a Vigorito: “A partir de 2013 en adelante, la discusión pública empeoró mucho y aumentó el discurso que responsabiliza a las personas por su condición de pobreza. Al mismo tiempo, las personas tendieron a apoyar menos las políticas redistributivas y la confianza interpersonal se redujo. Considero ese año como bisagra, ya que en aquel momento hubo un embate de la oposición sobre las transferencias, y una parte del gobierno (BPS), en vez de defenderlas, respondió con el control de condicionalidades y da de baja a un número importante de beneficiarios, que son los más pobres y vulnerables. A partir de allí se fortalece la idea de la autorresponsabilidad por la pobreza, se entiende la falta de ingresos como fracaso personal, y se brinda menos apoyo a políticas redistributivas, con una menor solidaridad social”.
No hay bala de plata para solucionar este desafío que padecemos con la inseguridad, los homicidios y el crimen organizado penetrando estructuras. Estamos a tiempo. Hay que empezar. Combatir todo tipo de corrupción, que no parece estar en los discursos electorales, debería ser la prioridad. Pero no sólo con leyes. Sino con actitud. Con voluntad política. Como afirma el compañero Ricardo Gil, no es imprescindible una ley de financiamiento de los partidos políticos; pueden hacerlo ya, sin ley. Mostrar quiénes son los que aportan.
Enfrentar y deconstruir, no someterse a los estigmas, es una necesidad que preside el diseño de las políticas. En este caso tiene que ser acompañada por una visión y una estrategia integral, construida desde los cuatro pilares de una política criminal pública, como lo ha señalado el exfiscal Dr. Jorge Díaz.
En entrevista con el programa Más temprano que tarde, de El Espectador, Jorge Díaz dijo que la seguridad es un derecho humano fundamental y que centrar el problema de la seguridad enfocándolo en la Policía es “el mayor error de los últimos 30 años en Uruguay. La seguridad debe ser asumida por todo el Estado y hay cuatro acciones que se deben cumplir para combatir el delito: prevención, represión, investigación y persecución penal. La prevención como la persecución no son tareas exclusivas de la Policía, sino que deben ser acciones globales y coordinadas con todos los organismos que cumplen funciones de control: Policía, Policía Sanitaria, Aduana, Prefectura, Intendencias. En cuanto a la investigación, el gobierno debe marcar la política criminal y que es responsabilidad del Estado, y no sólo de la Policía, diseñar los caminos para priorizar los delitos a investigar. “Si no se prioriza, se termina persiguiendo la flagrancia, que el eslabón más débil de la cadena”. “Hay mercados que se abastecen de productos obtenidos de manera ilícita. Mientras no se ponga el foco en la persecución de esos mercados y sólo se persiga al bien fungible, que es el ser humano que comete el ilícito, no habrá soluciones a los problemas de seguridad”.
Una estrategia de este tipo necesita un programa transversal que reparta las cargas en varios incisos, que se comprometa al modelo de cumplimiento de objetivos y que tenga anclaje territorial recogiendo la participación de la comunidad y de los actores locales, con las mejores experiencias de las Mesas de Convivencia y Seguridad.
Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.