Detenidos desaparecidos: la crueldad, barbarie y traición de los golpistas

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Así como el “Obeliscazo” del 27 de noviembre de 1983 rubricó un hecho de enorme trascendencia en el camino por la reconquista de la democracia, cada 20 de mayo la Marcha del Silencio se ha convertido desde 1996 en una multitudinaria y emblemática movilización impulsada por Madres y Familiares para conocer la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura uruguaya. En su gran mayoría fueron secuestrados en Argentina y también en Uruguay, Chile y Paraguay, en el marco del Plan Cóndor instaurado por Estados Unidos y su ideólogo, el alemán-estadounidense Henry Kissinger, con agentes del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, según surge de los archivos desclasificados.

Uno de los hechos más infames y deshonrosos de la historia de Uruguay fue la consolidación del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Con apenas el 21,97% de los votos en la elección, el presidente Juan María Bordaberry, del Partido Colorado, exsenador del Partido Nacional, fue corresponsable principalísimo del quiebre institucional que derivó en una dictadura civil y militar en un país ocupado durante 12 años por las Fuerzas Armadas.

El 1º de febrero previo, el senador colorado Amílcar Vasconcellos cerraba su mensaje por radio con estas palabras: “Que nadie se haga ilusiones: [Lorenzo] Latorre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los ‘latorritos’ que tratan de llegar –aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores– que no olviden la lección histórica”. Tres civiles y un militar ocuparon la máxima magistratura usurpada al poder legítimo en ese período de oscurantismo: Juan María Bordaberry, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez. Pertenecían al Partido Colorado y al Partido Nacional.

Secuestros, torturas, homicidios, robo de niños, saqueo y corrupción fueron características de la dictadura neofascista en Uruguay. Las Fuerzas Armadas se inventaron para sí la condición de combatientes y no vacilaron en traicionar el juramento de fidelidad a la Constitución y las leyes para convertirse en verdugos del pueblo indefenso y sin armas. Con los varios miles de “rinocerontes”, civiles blancos y colorados funcionales a la dictadura, la felonía arrasó con los valores de la democracia republicana en un Estado de Derecho.

Pero no todos los militares fueron gorilas. Más de 60 oficiales y unos 300 integrantes del personal subalterno sufrieron prisión, tortura y pérdida de grado por su lealtad al régimen legalmente constituido.

Con su protervia condenable, a través de sus actos institucionales viciados de nulidad, destruyeron el orden jurídico de Uruguay. El Parlamento fue reemplazado por un Consejo de Estado designado por la cúpula de facto. Ni el imperio romano fue capaz de tanta indignidad. El Poder Judicial pasó a ser una figura decorativa, la Suprema Corte de Justicia perdió su rango y se llamó Corte de Justicia. Miles de familias fueron destruidas y su injusto corolario fue la diáspora en el exilio de varias decenas de miles de personas. Los cimientos de la educación y la formación cultural fueron arrancados desde la raíz con la aplicación de la Ley 14.101 de Julio María Sanguinetti, promulgada el 4 de enero de 1973. En las antípodas del legado de la reforma de José Pedro Varela, parecía una ley de corte penal y no de enseñanza.

Ausencia con presunción de fallecimiento

“La desaparición bajo regímenes dictatoriales es principalmente la consecuencia de un método represivo ilegal que consiste en el secuestro de las personas, ejecutadas luego sin proceso en centros de detención clandestinos, por lo que también se denomina desaparición forzada de personas, y a las víctimas, detenidos desaparecidos. Esta metodología de represión fue utilizada por las dictaduras latinoamericanas como parte de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional” (Torcuato S Di Tella, Diccionario de ciencias sociales y políticas. Puntosur, 1989).

Sobre este tema, causa indignación la hipocresía del dictador Jorge Rafael Videla en su calidad de presidente de la Junta Militar que el dio golpe de Estado en Argentina en 1976: “Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, desaparecido que no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

En América Latina se estima en alrededor de 90.000 el número de desapariciones forzadas de personas. Un fenómeno particular es el de los niños desaparecidos, quienes en muchos casos fueron entregados a terceros adulterando su filiación. El sistema de desaparición forzada de las personas fue ejercido por los nazis a partir del decreto Noche y Niebla de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial.

Fuerzas Armadas traidoras al ideario artiguista

“La Defensa Nacional, tal como se ha encarado en el país, no ha sido nacional, ni antiimperialista, al haberse subordinado a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, en tanto el elemento militar de la defensa se ha empleado siempre como instrumento de presión o, directamente, de represión contra las aspiraciones populares y como protección de los intereses de los sectores dominantes. [...] No son pocos los compatriotas que preguntando para qué sirve el ejército, proponen su eliminación. Es que más allá del lamentable desempeño que ha tenido contra su propio pueblo, el ciudadano común no le ve otras aptitudes, y para cumplir tareas de utilidad social o en oportunidad de calamidades como puede ser una inundación, lo considera un organismo sobredimensionado y caro”, ha señalado el general retirado Juan Antonio Rodríguez.

Cuando la seguridad de sus compatriotas o la defensa de los ideales revolucionarios no estuvieron en jaque, Artigas defendió la vigencia del derecho a la vida. Uno de los hechos más elocuentes al respecto fue el caso de “los siete jefes engrillados” que le fueron enviados para que los fusilase y el Jefe de los Orientales se negó a hacerlo. “Yo no firmaré su exterminio, pero tampoco consentiré [que] obstruyan los pasos para realizar la libertad porque tan dignamente se sacrifican los pueblos que la aman y veneran. El que sea enemigo, declárese y sabremos contrarrestar armas con armas y hombres con hombres, pero no que a fuerza de intrigas e intereses quieran oscurecer nuestra virtud y hacer que triunfe la iniquidad”.

Terrorismo de Estado

El terrorismo de la dictadura en nuestro país empleó en forma sistemática la violencia a través del aparato estatal con fines de intimidación, lo que afectó a la población, sacrificando víctimas inocentes. En el derecho internacional se ha avanzado en la tipificación de los delitos de terrorismo, tanto estatal como de oposición. Los primeros abarcan el genocidio, los crímenes contra la paz, de guerra y de lesa humanidad, la tortura, el apartheid y la desaparición forzada de personas. La resolución 3034 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por mayoría, condenó el terrorismo de los regímenes coloniales, racistas y de dominación extranjera, y reafirmó la legitimidad de la lucha de los movimientos de liberación contra esos regímenes.

En el velatorio de Eduardo Bleier en el Paraninfo de la Universidad el 14 de octubre de 2019, Felipe Michelini expresó: “Es necesario recordar que el régimen del terrorismo de Estado en nuestro país avasalló las instituciones democráticas, sometió a un férreo control social y represivo a nuestro pueblo, consolidó la tortura sistemática, la violación y el abuso sexual de los detenidos, la prisión prolongada, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, dentro y fuera de fronteras [...] Los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y muertes fueron muy valientes en el momento de torturar a víctimas indefensas; por el contrario, han demostrado una cobardía sin límites a la hora de enfrentar sus responsabilidades”.

Entrevistado por el periodista César di Candia para el semanario Búsqueda el 7 de marzo de 1991, el general Hugo Medina afirmó que “el recelo del golpe de Estado estuvo orientado unilateralmente y no por toda la población, sino por una parte: los sediciosos y el Partido Comunista. Con el resto no hubo problemas”. Afirmó que el rechazo de la población hacia las Fuerzas Armadas se dio en la “etapa final” de la dictadura, y que “al principio no daban abasto las manos para aplaudir”. “En los años finales sí, sentimos fuertemente el rechazo [...] En el 80 estábamos tan seguros [de] que ganábamos que desdeñamos el voto militar y el de la policía”.

En este diálogo, el general Medina incurrió en dos omisiones selectivas. Por un lado, no dijo que la dictadura en su acto institucional Nº 2, de fecha 12 de junio de 1976, disponía en su artículo 9º que “los militares y el personal policial en actividad, sin distinción de grados, tienen suspendido el ejercicio de todos los derechos políticos, incluido el voto”. Tampoco, obvio es señalarlo, hizo referencia a que –como afirmó Carlos Quijano desde el exilio en México– “en condiciones normales, sin exilios, sin proscripciones, sin censura, sin intimidación, sin amenazas, sin presos políticos, sin torturas, sin el dominio monopólico de los medios de comunicación, sin clausura del Parlamento y de las organizaciones políticas y sindicales, ¿cuántos votos habrían obtenido? Para sobrevivir deben reprimir. Y aun así, pierden”.

El 25 de mayo de 1988, en el programa televisivo En vivo y en directo, Medina defendió como un mérito de los militares “que no hayan desaparecido en nuestro país más de 20 personas” ya que “si fueron 5.000 los presos podrían haber sido 4.000 los muertos”.

En octubre de 2009, Luis Alberto Lacalle participó en uno de los almuerzos del programa de Mirtha Legrand. Allí afirmó que “increíblemente murieron más soldados y policías que integrantes de la subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos, o una docena de desaparecidos”.

Estas declaraciones contrastan con las cifras confirmadas que manejan los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la represión y la Universidad de la República. La nómina de compatriotas detenidos desaparecidos en dictadura es cercana a 200 personas.

En su primer gobierno, Sanguinetti impulsó el Pacto de Anchorena y su concreción con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. No sorprende, entonces, que el general Medina, militar represor de la dictadura y miembro de la logia de los tenientes de Artigas, fuera su ministro de Defensa Nacional desde noviembre de 1987 hasta el final de su mandato. Carlos Pirán, vinculado al escuadrón de la muerte según testimonio de uno de sus integrantes, el fotógrafo Nelson Bardesio, fue su ministro de Industria y Energía. Desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, Pirán había apoyado el proyecto de reforma constitucional impulsado por la dictadura en el plebiscito de 1980.¹

Tras el referéndum de 1989, el 24 de abril el presidente Sanguinetti envió carta al presidente del Círculo Militar, general Iván Paulós, en “reconocimiento a la Institución por su cooperación en este difícil debate. Fue necesario realizar una labor de esclarecimiento pero, a la vez, impedir que muchos sentimientos de reacción frente a injusticias o agravios no afloraran descontroladamente y cooperaran, sin quererlo, con los adversarios de la ley de la pacificación y de las Fuerzas Armadas”. Paulós participó en la fundación de la logia Tenientes de Artigas el 25 de agosto de 1965. En 1988, obtenidas las firmas para el referéndum de la “ley de caducidad”, declaró en la revista Punto y Aparte que no tenía “la menor duda de que ha habido errores, cientos de errores”, pero consideró que “cuando hablamos de decenas de desaparecidos o de muertos, es una insignificancia para lo que se logró”. Indagado por la Justicia italiana por su presunta participación en el asesinato de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor a manos de las dictaduras del Cono Sur, murió sin ser juzgado cuando la Justicia de Italia evaluaba su procesamiento.

En Uruguay, la omertá corporativa de los mandos militares y civiles involucrados en los crímenes de lesa humanidad mantiene el secreto de los lugares donde están enterradas las víctimas.

Este 20 de mayo es la fecha que nos recuerda el centenario del nacimiento del entrañable Zelmar Michelini. Más tarde o más temprano, el tiempo, gentilhombre que menos nos miente, pondrá las cosas en su justo lugar. En honor y homenaje a todos los desaparecidos, ¡a redoblar!

Periodista y escritor.