Declaraciones del candidato frenteamplista Yamandú Orsi y de su eventual ministro de Economía, Gabriel Oddone, a favor de suspender las obligaciones relativas al cobro de las Asignaciones Familiares (AFAM, comúnmente denominadas condicionalidades) recibieron la réplica de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de dirigentes políticos. Estos debates, que tienen más de dos décadas –en tiempos del Plan de Emergencia Social–, se renuevan toda vez que las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables ocupan el espacio mediático.
La línea argumental que sostiene la eficacia de la conexión ineludible entre la asignación y la esperada (exigida) contrapartida que se espera de los padres o madres en cuanto a enviar sus hijos a la escuela o al liceo descansa en dos pilares: 1) hay datos que indican que, al penalizar con la suspensión de las AFAM, la reacción supone la reincorporación de los niños, niñas o adolescentes al sistema educativo; y 2) es un mensaje de reconocimiento a quienes efectivamente cumplen con aquellas obligaciones. En el sustrato ideológico subyace el paradigma meritocrático, en otras palabras, para cobrar deben merecerlo. A mi juicio, esto implica una distorsión o trasmutación de un derecho a un “beneficio” que el Estado les brinda a los más vulnerables.
En este sentido, caben algunas consideraciones que hacen a la esencia de las transferencias monetarias, en este caso particular, con el dispositivo de las AFAM, pero bien se extienden a todo tipo de transferencias a los sectores pobres o más vulnerables de la sociedad.
En primer lugar, el impacto de reversión o reintegro al sistema educativo no fue sustantivo, significando en los años más recientes un porcentaje muy bajo en comparación con la deserción. Si tomamos como referencia una investigación realizada por la economista Verónica Amarante y otros autores relativa al Plan de Emergencia, la evidencia señala un efecto neutro o de escasa significación. Dicho de otro modo, el retorno al sistema educativo no necesariamente está automáticamente conectado a las medidas sancionatorias. Tampoco garantiza la continuidad más allá de presentar un certificado que registra la concurrencia en un período determinado.
En segundo lugar, el castigo implica de suyo una reducción de los ingresos (aunque fuere temporal) a los hogares, afectando directamente los niveles de suficiencia material para subvenir a las necesidades básicas, indispensables para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. En consecuencia, los resultados son adversos y afectan seriamente los derechos fundamentales consagrados de aquellos. De esta manera se penaliza doblemente a los hogares vulnerables, por pobres e incumplidores con los deberes inherentes a la patria potestad.
Los prejuicios culturales e ideológicos colocan a los padres y madres pobres en el sillón de los acusados, sin considerar todos los vectores que operan negativamente en las dinámicas familiares en contextos de privación.
En tercer lugar, no se manejan otras estrategias acordes a las condiciones en las que transcurren los itinerarios vitales de los niños, niñas y adolescentes. La supresión o reducción de intervenciones territoriales, propias de los programas de cercanía que suponen el acompañamiento a las familias con equipos técnicos multidisciplinarios, han expresado una falta de comprensión a cabalidad de las causas de la deserción escolar.
Sostengo desde hace mucho tiempo, en coincidencia con la exministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, que las AFAM son un derecho inalienable y no sujeto al cumplimiento de las exigencias. Sin embargo, los prejuicios culturales e ideológicos colocan a los padres y madres pobres en el sillón de los acusados, por ser irresponsables, descuidados o negligentes, sin considerar todos los vectores que operan negativamente en las dinámicas familiares en contextos de privación o vulnerabilidad. En este sentido, subrayo una vez más que otras metodologías de intervención resultarían más efectivas y duraderas en el tiempo. El historial en nuestro país y en la región expone con abundancia de evidencias positivas las alternativas de trabajo desde la dimensión de la promoción de las políticas sociales, el fortalecimiento de las capacidades y la apertura de canales participativos de las familias y las comunidades. El programa Rutas de Salida (2005-2010), reformulado luego como Uruguay Integra, es una muestra de una acción sostenida, profunda y permanente en la dirección correcta.
Debemos superar la estigmatización de los hogares pobres o vulnerables, y retomar aquellas perspectivas ontológicas que colocan a la persona en comunidad en el centro de la atención de todas las políticas sociales. El tránsito hacia un pleno desarrollo humano exigirá un esfuerzo fiscal incremental y acorde a los propósitos declarados por todos, pero tan imprescindible como el despliegue de programas sociales que acompañen un proceso de construcción de capacidades y la autonomía de los hogares más vulnerables. El Frente Amplio cuenta con lo necesario para ponerlas en práctica el 1º de marzo de 2025.
Christian Mirza es diputado del Frente Amplio, Espacio 609.