La reciente decisión del gobierno libertario de Javier Milei de eliminar la obligatoriedad de la Evaluación Nacional de Cultivares afectará negativamente al mercado de semillas y a las cadenas agroindustriales, y va en contra de los cometidos internacionalmente reconocidos para el sistema oficial de control de la calidad de las semillas.
A diferencia del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que sale siempre en los informativos y cuyos comunicados nos involucran y nos afectan en aquello que planeábamos hacer mañana, que nos dan tema de conversación con quienes nos rodeamos día a día, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) no es tan conocido para el conjunto de la sociedad. Por decirlo en pocas palabras, el rol del Inase es garantizar que las semillas que están en el mercado y que se ofrecen a los productores sean de calidad.
En ese sentido, el Inase se ocupa de fiscalizar y garantizar la calidad e identidad de las semillas introducidas, producidas y comercializadas en Uruguay, en todos los cultivos y en su más amplia acepción. Desde hace unas tres décadas, Uruguay pasó de ser un país fundamentalmente ganadero a ser un país ganadero-agrícola-forestal. También unas tres décadas atrás, en 1997, el Inase fue creado por ley como instituto público de derecho privado y esa ley estableció sus cometidos. Que el Estado intervenga en el área de las semillas, que regule toda la comercialización y garantice la calidad, es tan obvio como la intervención del Estado en controlar la nómina y la calidad de los medicamentos que se ofrecen a la población, que sean seguros y efectivos. Tan obvio como que el Instituto Nacional de Vitivinicultura tenga un registro de las bodegas existentes, de todos los viñedos, de la producción de uva estimada año a año, para, de esa manera, garantizar que el vino se elabore con uvas, o mejor aún, que la producción de vino nacional sea de alta calidad.
Las semillas son un factor clave para los procesos productivos. Empezando por lo más elemental: si un productor compra y planta una semilla y no germina, no nace, el perjuicio no es solamente lo que gastó en la compra de esa semilla. También pierde la época óptima de siembra o directamente pierde el año. Toda la actividad agropecuaria está sujeta a costos y márgenes económicos muy estrictos, y contar con la mejor semilla es tan importante como definir la mejor época de siembra, los suelos adecuados, la profundidad óptima a la que colocar esas semillas y la mejor densidad de plantas por metro cuadrado. El sector productivo apunta al mayor control de todos los factores que van a afectar un cultivo porque eso va a afectar los márgenes del negocio. Contar con semillas de muy alta calidad, en todo lo que implica la calidad, es un factor clave, es el mejor inicio para el proceso agrícola, sea en el cultivo de soja, cebolla, trigo, papa, mandarinas, sea en diversos tréboles y pastos cultivados para alimentación del ganado.
El Inase es garantía para el sector productivo porque también es responsable de la inscripción de nuevas variedades en el Registro Nacional de Cultivares, que es obligatorio para los principales cultivos en el país, y el registro de la propiedad de variedades en los casos en los que la empresa obtentora así lo disponga. El Inase garantiza la calidad física de las semillas (que la bolsa contenga realmente semillas), fisiológica (que nazcan) y genética, es decir, que sea la variedad que dice ser y que sus características sean las esperadas: si un tomate es perita o redondo, si la soja es de ciclo medio o largo, si el boniato es el típico de pulpa color crema para un puchero o de pulpa naranja para hornear, o si el arroz se adapta mejor a la región Este o a los valles planos de la región norte en los que va a enfrentar mayores temperaturas.
Por esas razones, la Evaluación Nacional de Cultivares (variedades=cultivares) es importante y está establecida en la ley de creación del Inase como uno de sus cometidos. Acceder a información sobre el comportamiento agronómico de la semilla que un productor va a plantar es información relevante y muy sensible para el éxito del proceso productivo. No hay variedades de maíz o de trigo que sean las mejores en todo el mundo, sino que hay que evaluarlas: cuáles se comportan mejor en los ambientes de Uruguay, de acuerdo con los suelos, las épocas típicas de siembra, si se va a usar riego o no, si son sensibles a enfermedades, si son estables en diferentes años. Las características de una variedad de maíz o de trigo no son equiparables a las características de un teléfono móvil, que va a funcionar del mismo modo en todo Latinoamérica, en todo el mundo. Ni siquiera son comparables a las de otro producto industrial como un alfajor, comparación en la que lamentablemente cayó un alto funcionario del gobierno de Argentina en estos días, Federico Sturzenegger. Las consecuencias de comprar un alfajor en un quiosco en la peatonal de la calle Florida fácilmente se entenderá que no son las mismas que comprar una semilla para un cultivo agrícola en el que está en juego el negocio del productor, la inversión en los salarios de los trabajadores, la maquinaria propia o contratada, la contratación de empresas transportistas, el volumen ingresado a industrias y, en definitiva, la soberanía y seguridad alimentaria, y la generación de divisas para el país.
La reciente decisión del gobierno libertario de Javier Milei de eliminar la obligatoriedad de la Evaluación Nacional de Cultivares afectará negativamente al mercado de semillas y las cadenas agroindustriales.
Otro comentario desafortunado del funcionario fue que, en definitiva, la semilla es un insumo más, lo cual no es argumento para desregular. En Uruguay todos los insumos agrícolas comercializados deben estar registrados y autorizados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con el mismo objetivo de dar garantías al sector productivo. Sus comentarios vinieron a cuento de que el 13 de febrero el Inase argentino, desde su creación hermano y homónimo del Inase de Uruguay, en su resolución 49/2025 eliminó la obligatoriedad de la Evaluación Nacional de Cultivares, que pasó a ser optativa, una decisión que va en línea con el pensamiento libertario y de desregulación del singular gobierno de Milei. Las consecuencias son altamente negativas para la producción agraria y para el propio sector semillerista.
¿Puede tener alguna ventaja que no haya información objetiva y oficial generada por un organismo neutral como el Inase? El costo para el sector productivo al plantar una variedad de la que no se conoce su comportamiento es que los productores estarían en cada siembra, por sí mismos, cargando con los costos que tiene la (supuestamente burocrática) Evaluación Nacional de Cultivares, y trasladando a toda la cadena productiva y finalmente a las cuentas nacionales la incertidumbre de no tomar una decisión informada.
El desarrollo de Uruguay necesita la producción agropecuaria como un motor relevante. Las semillas son un factor productivo clave, cuantitativamente por su relevancia en la cadena productiva y cualitativamente al aportar valor agregado por su calidad genética y por la tecnología incorporada. Las semillas también constituyen un sector exportador en sí mismo. Que el Estado eventualmente se retire de la Evaluación Nacional de Cultivares, que está dentro de sus cometidos, que no sea obligatoria, para nada contribuye a dar las garantías, para nada acompaña el despegue económico que el país espera desde el agro.
Los cultivares o variedades de un cultivo tienen evaluación agronómica obligatoria justamente para conocer sus características y su rendimiento, es decir, cuánto se cosecha en cada ambiente de evaluación. Así como el Estado interviene en la evaluación de los medicamentos para ofrecer garantías a los médicos y a los pacientes sobre su efectividad frente a la problemática para la que se prescriben y sobre los posibles efectos secundarios, la Evaluación Nacional de Cultivares brinda información objetiva y relevante para una toma de decisión informada del sector productivo. Es una actividad establecida con base en pautas y acuerdos internacionales, que da prestigio al país y garantía a las empresas que participan en el mercado. Su eliminación perjudicaría al sector productivo, a los productores de semillas y obtentores de nuevas variedades. Es vital contar con información sobre el comportamiento de una variedad antes de que salga al mercado, antes de que esté disponible para los productores, del mismo modo que es importante definir su densidad de siembra, fertilización y estrategias para la comercialización.
¿Por qué eliminar la evaluación sería ventajoso? ¿No estaríamos forzando a nuestros productores y a sus asesores técnicos a una decisión azarosa? ¿Tan azarosa como una recomendación para invertir en algunas monedas virtuales que han rodeado de irresponsabilidad a la Presidencia argentina? Muchas veces se cuestiona el tiempo que demanda la evaluación oficial para que una nueva variedad de un cultivo llegue al mercado, para que los productores la puedan comprar y plantar, así como lleva su tiempo la aprobación de otros insumos agrícolas. Se argumenta que los productores se ven rezagados frente a los avances en la tecnología. Pero la alternativa no puede ser que la actividad agropecuaria sea como jugar a la ruleta, como el presidente argentino declaró intentando explicar la reacción de quienes lo siguieron en sus dislates sobre el mercado de criptomonedas. La decisión libertaria del gobierno de Milei sobre la evaluación de variedades aceleraría su disponibilidad, pero, como explicamos, genera un cúmulo de incertidumbres indeseables para toda la cadena productiva.
Quienes participan en las semillas, todas las partes, saben que hay variedades en algunos cultivos que son las superiores, reconocidas, las más plantadas desde hace años, y no necesariamente las que justo van a entrar en la evaluación y posteriormente en el mercado de semillas son las mejores. Obviamente las empresas que desarrollan nuevas variedades y los institutos de mejoramiento como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) buscan superar las variedades disponibles en el mercado, y en especial sus propias variedades anteriormente liberadas. Pero sobre este punto, tal vez valga una analogía futbolística: es muy extraño que se proponga eliminar la evaluación obligatoria de cultivares con el argumento de que los mejores cultivares están esperando en el banco de suplentes, que los productores están perdiendo producción por no contar con ellos. Si son tan buenos, ¿por qué entonces no se someten a la Evaluación Nacional de Cultivares y ganamos todos en información, en tomar una decisión informada? No es imaginable un DT de la selección nacional citando a un jugador que le dijeron que era bueno o dándole para patear un penal cuando resulta que nunca lo vio jugar. Los DT pueden ser más o menos analíticos y estudiosos del fútbol, pero ninguno juega a la ruleta en sus decisiones. Menos aún nos puede pasar en el agro.
Guillermo Galván fue designado presidente del Inase delegado del Poder Ejecutivo por el gobierno entrante. Es profesor Grado 5 de la Facultad de Agronomía en mejoramiento genético vegetal y producción de hortalizas.