El jueves de esta semana se cumplieron cinco años de la declaración de emergencia sanitaria por los primeros casos detectados de covid-19. En esta edición publicamos una evaluación de aquel período en lo referido a las áreas de salud y ciencia. Aquí van algunas reflexiones políticas, con la intención de contribuir a la buena memoria y el aprendizaje colectivo.
El manejo de la situación por parte del gobierno nacional tuvo un alto nivel de aprobación. Esto tuvo que ver sin duda con que las autoridades se presentaran en forma cotidiana para comunicar y fundamentar sus decisiones, al tiempo que se apoyaban con sensatez en las fortalezas del sistema de salud, de la ciencia y de la tecnología, entre otras cosas mediante la creación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Sin embargo, los partidos que integraban el gobierno exageran mucho al proclamar que sólo hubo éxitos y que Uruguay fue un ejemplo admirado por el resto del mundo.
La comunidad internacional contaba con información insuficiente acerca de la enfermedad. Mientras circulaban noticias aterradoras, los organismos internacionales y los gobiernos se inclinaron por las medidas urgentes que les parecieron mejores, a menudo sin una base firme para fundamentarlas. Aquí, como en otros países, hubo excesos de precaución inútiles e incluso dañinos, así como aciertos que sólo demostraron ser tales con el paso del tiempo y los avances de la investigación.
Una de las falacias del actual relato elogioso se basa en demonizar el efecto, en otros países y especialmente en Argentina, de las opciones por una restricción más severa de la circulación social, con referencias a una presunta paralización de la economía que no se produjo. De hecho, la recuperación económica uruguaya tras la emergencia fue lenta y escasa en la comparación regional.
Algunos problemas importantes se debieron a sesgos ideológicos de las autoridades. Entre ellos, la falta de apertura al diálogo con organizaciones políticas y sociales, o la centralización de las políticas sanitarias y el descuido del primer nivel de atención, que habría podido cumplir un papel muy relevante.
El asesoramiento científico tiene un enorme valor, pero las decisiones políticas se apoyan en criterios sobre las prioridades y en afinidades de intereses. La crisis golpeó en especial a los sectores más vulnerables, y el gobierno hizo mucho menos que lo que podía para protegerlos, mientras insistía en “quitarles lastre a los malla oro”. La respuesta social solidaria incluyó la hazaña de las ollas populares, y desde el oficialismo se las hostigó.
En 2021, el GACH recomendó aumentar las restricciones a la movilidad mientras avanzaba la vacunación, necesariamente con apoyo estatal a quienes iban a tener dificultades agravadas. El Poder Ejecutivo no aceptó esa propuesta, y en abril Uruguay fue el país con mayor proporción de muertes.
El tiempo dirá cuánto aprendimos como sociedad sobre el valor de apoyar y respetar el desarrollo científico, esforzarnos por lograr acuerdos amplios y reducir desigualdades para que nadie quede atrás.