Qué nos dejó la última interpelación

El 9 de abril tuvo lugar en el Senado la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. El miembro interpelante fue el senador Pedro Bordaberry. La jornada, que duró catorce horas, merecerá seguramente mucho análisis y debería también ayudar a sacar conclusiones sobre el escenario político en el corto y mediano plazo.

La interpelación estuvo precedida por un discurso políticamente correcto por parte de los actores más relevantes de la oposición, en el sentido de escuchar al gobierno, conocer de primera mano el Plan Nacional de Seguridad e incluso contribuir con ideas. Lamentablemente, resultó todo lo contrario: un ataque explícito a todo pasado y presente frenteamplista y la evidencia de que será muy difícil hallar acuerdos elementales para establecer una política de Estado en materia de seguridad.

Los 60 minutos iniciales del miembro interpelante fueron un despliegue de manual de comunicación política confrontativa, evasiva y engañosa. Cualquiera que escuche o lea lo dicho en sala confirmará los pasos de manual: eludir el tema objeto del llamado, recortar deliberadamente la realidad y especialmente los datos, construir una verdad inexistente con la cual pelearse y enmarcar todo lo anterior en un conjunto de verbos bienintencionados del estilo “ayudar”, “contribuir” o “sumar”.

Para sintetizar este punto, alcanza con decir que los primeros 40 minutos (de los 60 disponibles) se dedicaron a criticar los gobiernos frenteamplistas (2005-2020), versionándolos a su gusto, exponiendo un relato simple que se resume en: el FA romantizó la seguridad desde la llegada al gobierno, soltó a los presos, subestimó el delito y dejó de reprimirlo.

Ya en 1997, Giovanni Sartori nos advertía en su libro Homo videns sobre el poder superlativo de recortar la realidad, sintetizándolo en la conocida imagen "son suficientes unas tijeras". Si bien lo que se discutía era el Plan Nacional de Seguridad Pública, la exposición se ancló en los pasados quince años de gobierno del FA y, por tanto, se omitieron referencias que luego aportó el ministro Negro: "Uruguay ha experimentado un incremento sostenido de los indicadores de criminalidad desde, al menos, el inicio de la transición democrática. Entre 1990 y 2024, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes se duplicó”.

El viejo truco de las ilusiones absolutas y las verdades relativas

"La falacia del hombre de paja", tan propia de la Edad Moderna, consiste en la táctica argumentativa de distorsionar, exagerar o malinterpretar la postura de un oponente para facilitar su crítica. Esto es exactamente lo que ocurrió con el Plan de Seguridad del gobierno: se lo presentó como un plan para liberar presos, incluso cuando esto fue desmentido repetidamente por las autoridades. Basta ver las declaraciones de senadores de la oposición durante y después de la interpelación, centradas en una falsa y desmentida liberación de delincuentes.

El desempeño de la oposición (que dijo hallarse representada por el miembro interpelante) es un motivo de honda preocupación que deja esta interpelación.

Se eligió ir por un camino inconducente para la búsqueda de acuerdos (ni hablar para encontrarlos). Un muy mal día para el diálogo constructivo y —en definitiva— una jornada bastante lamentable para la política, entendida como interpretación colectiva de la cosa pública. El Parlamento debe ser el escenario privilegiado del debate informado y de la síntesis política. Nada de eso.

La tergiversación y la ventilación de fantasmas únicamente profundizan la ya endeble sensación de seguridad ciudadana. Esto es especialmente grave porque deja de ser el gobierno. Se trata de la tranquilidad y la vida de la gente, que deberían ser sagradas.

A lo dicho se suman otros dos datos preocupantes: la violencia política y la reaparición de las soluciones efectistas y, peor aún, autoritarias.

La violencia política se ha instalado en el Parlamento con la triste perspectiva de permanecer. Adopta según el día la forma del agravio (en ocasiones directamente la ordinariez). Nada de esto faltó en la interpelación, desde la absoluta falta de respeto al presidente de la República, al ministro interpelado, hasta tratar de mentirosa a una senadora por citar textualmente al senador Andrés Ojeda y lamentar su reflexión sobre el no lugar de la educación en el combate a la delincuencia hoy. Decía Ojeda: "Al presidente Bukele de El Salvador le preguntan si la seguridad se arregla con educación y él dice por supuesto que sí; ahora bien, habría que haberlo arreglado con la educación de hace 20 años. Hoy el delito solo se combate con la fuerza y dentro de 20 años la educación que arreglemos hoy vendrá a ver si lo soluciona. ¿Y saben una cosa? Yo creo que, más allá de la corrección política, yo comparto que la educación es un gran camino, pero creo que no es para hoy. El pragmatismo hoy es que el delito, el narco y el crimen organizado se combaten con la fuerza". En esta intervención quería detenerme para reparar en las "soluciones" autoritarias que adelantaba.

Es tiempo de encarar con datos esta referencia recurrente de algunos a la figura y al gobierno autoritario de Nayib Bukele.

Según información dada a conocer por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), "sube a 512 el total de víctimas mortales confirmadas durante el Régimen de Excepción. Las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a los más de 90.000 detenidos”, los que en su gran mayoría no tienen condenas. Según indicó SJH, el número de muertes bajo custodia del Estado podría superar las 2.000. personas”. Sobre las causas de dichas muertes, un informe del SJH divulgado a finales de enero reporta a la violencia física como la primera causa de muerte en prisioneros.

El régimen de excepción cumplió el 27 de marzo tres años de implementación. En este tiempo se contabilizan más de 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras. Hasta la fecha, según consignó la agencia Efe, “distintas organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Antes de seguir meneando casos de supuesto éxito, deberíamos preguntarnos para quién es seguro El Salvador, a qué precio; cuando se hallan encendidas todas las alertas de Amnistía Internacional sobre detenciones arbitrarias, abusos, hacinamiento y violaciones sistemáticas de derechos, tortura, desaparición y muerte bajo tutela del Estado.

¿Por qué decimos que esta interpelación debe hacernos reflexionar? Todos los candidatos hicieron campaña defendiendo que Uruguay precisa una política de Estado en materia de seguridad pública. Hay una coincidencia total en que la seguridad debe ser una agenda compartida, que trasciende un partido y un período de gobierno. Dicho esto, resulta imperdonable que esos acuerdos imprescindibles no puedan alcanzarse por una especulación política.

Ojalá esta jornada bastante penosa haya servido al menos para extraer conclusiones. La primera y obvia es que todos precisamos que nos cuenten un cuento para ir a dormir. La vida de todos nosotros está llena de narraciones. Hay un sector de la derecha reaccionaria que sí tiene un relato. Corto, lineal; cultura de titulares.

Una compañera observaba con mucho tino que ojalá la interpelación haya servido para cohesionar las fuerzas progresistas ante la evidencia de la hostilidad sin perspectivas. Es allí donde se precisa el relato que reclamábamos al inicio de esta columna, que venga a contraponer esta simplificación ahora también con rasgos autoritarios. No es sencillo. El relato de la izquierda es necesariamente largo y complejo. Debe ser transversal e incluir la diversidad. Pero es urgente.

El progresismo tiene la enorme tarea de oponer una respuesta al efectismo autoritario. El Plan Nacional de Seguridad Pública y la acumulación que lo precede son un muy buen comienzo.

Ojalá que esta jornada bastante olvidable haya reordenado las filas para habilitar caminos colectivos serios. Como dice magistralmente la cineasta Lucrecia Martel, "a ver si logramos ir juntos hacia algún lugar que no sea la violencia".

Laura Fernández es abogada.