La iniciativa del Ministerio de Ambiente de pensar y planificar un área protegida en torno a la represa de Casupá va en la dirección correcta, pero a nuestro juicio no es suficiente, y más tratándose de un embalse cuyo objetivo principal será el de proveer una reserva de agua para ser potabilizada. Se debe además regular a través de un instrumento de ordenamiento territorial el uso del suelo con aporte hidrológico al embalse, que establezca claramente los usos permitidos, condicionados y prohibidos para la cuenca de aporte, y que establezca la reserva de suelo para el desarrollo de la naturalidad en el marco de la caracterización de la red de sitios naturales a proteger.
Recientes declaraciones del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en relación con la creación de un área protegida en torno al embalse que generará la represa proyectada en el arroyo Casupá nos mueven a retomar un asunto relacionado con el tema de la gestión de la naturalidad en nuestro país.
Hago aquí un paréntesis inicial en el curso de esta nota. Desde quienes tenemos particular interés en la cuestión ambiental, se tiene buen grado de aversión hacia los embalses, que en mayor o menor medida cambian las dinámicas ecológicas de los hábitats y recursos naturales. Ahora bien, en lo personal, admitimos excepciones fundadas. No voy a entrar en la argumentación de tales excepciones por espacio y porque creo que son por todos conocidas, pero este caso puede entrar perfectamente como una de esas excepciones.
En enero de este año publicábamos una nota en la diaria, titulada “Rediseñar la protección de la naturaleza en Uruguay: hacia una estrategia de conservación en red”, en la que referíamos a la necesidad de un cambio de estrategia en la gestión de la naturalidad, que pasa por conservar y proteger la naturaleza con una perspectiva y gestión de redes. Entendemos que este cambio debe incluir a las políticas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Planteábamos, por ejemplo y entre otras cosas, que dicho cambio mejoraría las posibilidades de crecimiento en cobertura del SNAP, que actualmente y desde sus inicios gira en torno al 1% del territorio nacional. En dicha nota no se dice explícitamente, pero su contenido abriga dos conceptos íntimamente asociados a esta nueva estrategia, y que viene al caso recordar a partir del hecho de poner sobre la mesa la posibilidad de crear un área protegida asociada al embalse del arroyo Casupá.
Por un lado, gestionar la naturalidad (por ejemplo, biodiversidad y recursos naturales) en redes significa gestionar la naturalidad desde su planificación. Vale decir, a la gestión de la naturalidad desarrollada hasta ahora se le agrega su gestión planificada. Para decirlo de forma muy simplificada, los sitios a proteger se seleccionan y son importantes no sólo por su composición natural, sino también por el lugar que ocupan u ocuparán en el territorio. A nuestro modesto entender, la acción propuesta de crear un área protegida en la zona de la represa es, precisamente, un acto de planificación.
Por otro lado, esta perspectiva de la planificación pone en evidencia y en valor las profundas sinergias existentes entre las políticas del SNAP y las del ordenamiento territorial, establecidas en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para proteger y preservar la naturalidad del país. Tanto es así que, a nuestro juicio, esto debería motivar a la reflexión de las actuales autoridades en cuanto a considerar lo actuado por el gobierno anterior de haber dejado a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) en la órbita del Ministerio de Vivienda (MVOT) y no del Ministerio de Ambiente (MA).
Por lo dicho entonces, entendemos que si el MA aspira a asegurar “las reservas de agua dulce no sólo en cantidad, sino en calidad” del embalse proyectado de Casupá, está muy bien crear un área protegida asociada. Este planteo, por un lado, no es novedoso y, por otro, motiva algunas interrogantes y aspectos que explicitaremos a continuación.
Si el Ministerio de Ambiente aspira a asegurar “las reservas de agua dulce no sólo en cantidad, sino en calidad” del embalse proyectado de Casupá, está muy bien crear un área protegida asociada.
Decíamos que no es novedoso porque ha sido propuesto en iniciativas de ordenamiento locales (departamentales) que conjugan la protección de la naturalidad y el ordenamiento territorial (aclaro que sin participación del SNAP, porque no está en sus cometidos, aunque a nuestro juicio debería).
Nos referimos en primer lugar al Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Hidrológica de la Laguna del Sauce, plan en el que las aguas de un embalse natural como es la laguna del Sauce se protegen en cantidad y calidad asegurando la caracterización, protección y preservación de la red de sitios naturales de toda la cuenca de aporte hidrológico de la laguna. Es decir, de un “área” protegida y elaborada con criterio de Red Ecológica de sitios, y no un “área protegida en la zona”, como dijo el ministro de Ambiente.
El otro ejemplo es el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Microrregión de Tarariras, en el departamento de Colonia, más reciente que el anterior y también en proceso de aprobación, en el que se propone que, ante la eventualidad de construir embalses, se “deberá implementar” no sólo un área protegida en torno al embalse, sino también vincular esa área protegida a la determinación de la red de sitios naturales en toda la extensión de la cuenca de aporte hidrológico del embalse, y esto mediante un plan sectorial de aguas para dicha cuenca, que particularmente “velará por el no uso de agroquímicos y el impulso de la agroecología”.
Ambas iniciativas mencionadas, de carácter departamental, conjugan la gestión de la naturalidad con el ordenamiento y la planificación del territorio. En ambos casos, con criterio de cuenca hidrológica.
Volviendo a la represa proyectada en el arroyo Casupá, está muy bien entonces la iniciativa del MA de pensar y planificar un área protegida para la zona del embalse (que, suponemos, será hecho en el marco del SNAP), pero a nuestro juicio no sería suficiente, más aún tratándose de un embalse cuyo objetivo principal será el de proveer una reserva de agua para ser potabilizada. Se debería además regular el uso del suelo con aporte hidrológico al embalse a través de un instrumento de ordenamiento territorial, que establezca claramente los usos permitidos, condicionados y prohibidos para la cuenca de aporte, y que establezca la reserva de suelo para el desarrollo de la naturalidad en el marco de la caracterización de la red de sitios naturales a proteger.
Y aquí, una vez más, aparece a todas luces la necesidad de preservar y echar mano a las sinergias entre la gestión de la naturalidad (entiéndase el SNAP, entre otros) y el ordenamiento y planificación del territorio (entiéndase la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial).
Bajo esta perspectiva, surgen dos aspectos que se deberían analizar. Por un lado, el SNAP (vale decir el MA) debería reconsiderar su participación de hecho y de derecho en los planes de ordenamiento territorial, a los efectos de caracterizar y determinar con una actuación proactiva la Red de sitios o áreas (ecosistemas y hábitats naturales) de los territorios ordenados, para, una vez aprobados esos planes, incorporar la Red en el “haber” de sus áreas protegidas para su manejo. Incluyo bajo esta perspectiva la planificación de la infraestructura verde urbana en los planes de ordenamiento territorial en pueblos y ciudades, la que actualmente es tratada como un conjunto de buenas propuestas “verdes urbanas” sin “encajar” en un contexto sistémico e integrador.
Por otro lado, esta “conjunción objetiva de intereses” entre la gestión ambiental y el ordenamiento del territorio es el principal fundamento para la posibilidad de abrir una discusión de si la Dinot debe permanecer donde la puso el anterior gobierno (en el Ministerio de Vivienda) o si debería formar parte del MA. O al menos para la posibilidad de considerar la instrumentación de nuevos mecanismos formales para una aceitada y profunda coordinación interinstitucional entre la gestión de la naturalidad y el ordenamiento del territorio. De hecho, nos consta que la historia de esta coordinación en el anterior Mvotma ya no era el mejor ejemplo para el alcance de estos objetivos.
La gestión ambiental para proteger la naturalidad tiene mucho para avanzar en conjunto con el ordenamiento y la planificación territorial. Hay que ponerse las pilas.
Paul Moizo es doctor en Ciencias Biológicas (Pedeciba, Universidad de la República).