Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, respecto de que los profesionales universitarios representan una carga para la sociedad, y también, desde otra óptica, que los profesionales universitarios no aportan a la sociedad. Nada más equivocado. Se dice que la Caja Profesional es una entidad privada, dotada de privilegios para unos pocos. Son todos mitos. Tan desubicado es este tratamiento que hay quien afirma respecto del proyecto de ley de reforma de la Caja Profesional que se trata ahora a nivel parlamentario que parte del salvataje de la Caja (un 33% proporcionalmente en términos financieros, 30 millones de dólares) correrá por cuenta de “la sociedad”. ¿Se olvida acaso que la Caja Profesional vierte al Banco de Previsión Social (BPS) anualmente (según la última medición), por concepto del IASS, 37 millones de dólares? ¿No será una devolución?
Primero que nada, no es cierto que los profesionales universitarios carezcan de espíritu solidario, que sean mezquinos y que no aporten nada a la sociedad. En realidad pagan más impuestos que el resto de los uruguayos y nunca jamás su Caja ha recibido una asistencia estatal como sí la recibió la Caja Bancaria en dos ocasiones en su momento y como sí la recibe la Caja Militar y el propio BPS. Se dice que con la aplicación de timbres profesionales la sociedad les paga las jubilaciones a los universitarios. No. Quienes aplican timbres profesionales son los usuarios de los servicios, no la sociedad. Son cosas distintas, como se verá, porque no todos los uruguayos hacen uso de servicios profesionales y muchos se atienden en forma gratuita.
Los profesionales universitarios en actividad pagan un impuesto solidario (ningún otro miembro de la sociedad lo paga) llamado, precisamente, “fondo de solidaridad”, cuya recaudación tiene como destino hacer frente a las becas de estudio para los estudiantes terciarios de menores recursos. A ese impuesto se le suma el “adicional al fondo de solidaridad”, que también pagan solamente los profesionales en actividad, cuya recaudación se utiliza para hacer frente a parte del presupuesto de la Universidad de la República.
Pocos saben que la Caja de Profesionales, que no es estatal (es un organismo que tiene su autonomía), asiste al BPS, que sí es estatal (y está en quiebra desde siempre), con el dinero que recauda de sus jubilados (a los de la Caja de Profesionales) por concepto del IASS. Desde que se implantó este impuesto le ha hecho una transferencia total, en 16 años, de más de 600 millones de dólares. También aportan, y no va a la Caja, siete puntos de IVA, tal como lo establece la ley por mandato del artículo 67 de la Constitución de la República.
Si bien es cierto que lo que la Caja de Profesionales recauda por concepto de timbres profesionales se destina para cubrir parte de su presupuesto y puede considerarse un tributo, cabe poner en la balanza, para ser justos, que existe una multiplicidad de situaciones en las que esos timbres no se aplican. Esto es lo que se llama “exoneración de aplicación de timbres profesionales”, que está establecido en la propia Ley Orgánica de la Caja Profesional (artículo 71) o en diferentes leyes de presupuesto o de rendición de cuentas. Me voy a referir a algunas de esas exoneraciones. No aplican timbre profesional, por ejemplo: Salud Pública (la Administración de los Servicios de Salud del Estado), el Hospital Militar, el Hospital Policial, el Hospital de Clínicas, los laboratorios y varios otros casos más que no se mencionan aquí por no hacer más extenso este trabajo. Es así como se favorece a los sectores de menores recursos de la población. La sociedad no paga timbres, los pagan los usuarios, y para los sectores humildes hay, como se dijo, multiplicidad de excepciones de aplicación.
Por si ello fuera poco, también cabe saber que en materia de abogacía el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, que es excelente, brinda asistencia gratuita y que existe además la abogacía para los más humildes bajo el nombre de Defensoría de Oficio (también un servicio de gran nivel). En materia de medicina tenemos el Hospital de Clínicas, que funciona en la órbita de la Facultad de Medicina (no a nivel de ASSE) y que, como hospital escuela, brinda asistencia gratuita a miles de usuarios con un nivel de atención excelente, donde están los grado 5 de la Facultad de Medicina y el equipamiento es de última generación. ¿Quién entonces asiste a la sociedad si no los profesionales?
En síntesis: a) no todos son usuarios de servicios profesionales; b) un enorme sector de la sociedad recibe esos servicios profesionales en forma gratuita, como se vio, y c) otro enorme sector de la sociedad no paga timbres por estar exonerados, como en ASSE y otras dependencias del Estado.
La actualización del valor de estos timbres, que son parte de los ingresos de la Caja, se practica, desde hace 20 años, cada seis meses por el índice de precios del consumo. Por su parte, los egresos de la Caja (como el pago de las jubilaciones, pensiones y salarios) se actualizan desde la misma fecha por el índice medio de salarios. En la medida en que los salarios y las jubilaciones han crecido en el período 2005-2025 (20 años), alrededor de 65% por encima de los precios, la Caja ha perdido y a su vez transferido a los usuarios cientos de millones de dólares que, de no ser así, harían que hoy la Caja fuera superavitaria por este solo concepto.
La Caja no recibe asistencia estatal ninguna; nunca la recibió. Por eso no es cierto que el Estado ahora asiste a la Caja. En realidad es una devolución.
Además de esta cuantiosa pérdida por timbres profesionales, y consecuente transferencia, otro aporte que hacen los profesionales al Estado (al BPS) constituye el hecho de que los profesionales universitarios que no ejercen en forma libre sino bajo la modalidad de contrato de trabajo (bajo dependencia como trabajadores a salario fijo y bajo subordinación jerárquica) no aportan a la Caja Profesional sino al BPS. Esta fuga de aportes puede considerarse transferencias que la Caja de Profesionales hace al BPS como otra forma de solidaridad. Si estos profesionales aportaran a su Caja (generando un aumento de la base de aportantes como se hizo con la Caja Bancaria en su primer salvataje), esta tendría perfectamente equilibradas sus cuentas sin ningún problema.
Como dijimos, y vamos a desarrollar, el artículo 67 de la Constitución de la República establece, en su inciso 3° literal A, que las prestaciones de pasividad (jubilaciones y pensiones) se financiarán entre otras cosas con impuestos (los establecidos por ley, como ser: 7 puntos de IVA, como se sabe, y IASS). Los profesionales universitarios pagan este último impuesto, que va al BPS, como dijimos, y también pagan, como consumidores, los 7 puntos de IVA, que también van al BPS. Y todo a cambio de nada, ya que la Caja no recibe asistencia estatal ninguna; nunca la recibió. Por eso no es cierto que el Estado ahora asiste a la Caja. En realidad es una devolución.
No es cierto que los profesionales universitarios sean culpables por sí solos de la debacle de la Caja, de haberla fundido o de robar. No es cierto que haya habido corrupción. Esto último nunca se probó (se han hecho con el correr de los años muchas auditorías y ninguna diagnosticó corrupción), y si alguien tiene elementos de prueba que los presente a la Justicia.
En cuanto a la culpabilidad, debe saberse que la Caja está dirigida por un directorio de siete miembros, dos de los cuales pertenecen al Poder Ejecutivo. Si el Estado estuvo presente desde siempre en la dirección de la Caja, no puede decirse que la culpa es sólo de los profesionales. El Estado nunca denunció una desviación, una corrupción, ni pidió la intervención del Tribunal de Cuentas. Nunca pidió o fomentó la reforma de la Ley Orgánica de la Caja. El Estado tiene su responsabilidad incluso en los altos sueldos de los gerentes y funcionarios de la Caja, porque votó en mayoría los convenios laborales que dieron lugar a esos sueldos.
No es cierto que los profesionales universitarios en situación de pasividad cobran jubilaciones exageradas o incluso escandalosas en comparación con el BPS. No son privilegiados. Son buenas jubilaciones. Son jubilaciones dignas que responden al elevado costo de las contribuciones que estando en actividad los profesionales realizaron. Se dice que en promedio las jubilaciones generales son muy inferiores. Pero son inferiores en promedio porque hay en el BPS un número elevadísimo de jubilaciones miserables o de hambre. Visto así, es obvio que en promedio la Caja paga mejor. Sucede que en la Caja de Profesionales las jubilaciones son más parejas. ¿Qué sentido tiene compararlas con las más bajas? En realidad en el BPS hay jubilaciones superiores a las profesionales.
Y si es necesario corregir inequidades con respecto al régimen general, que se corrijan. Vamos a remediarlo. Para empezar: ahora con la nueva ley sobre la Caja de Profesionales, las jubilaciones y pensiones de los profesionales van a bajar, corrigiendo así ciertas diferencias que había entre el régimen de la Caja con respecto al régimen general, como el cálculo del sueldo básico jubilatorio (promedio de los últimos 20 años a partir de ahora también para los profesionales), la tasa de reemplazo y la edad de jubilación (ahora para los profesionales esa edad será a los 65 años, como en el régimen general), de manera que ya no habrá motivos para mencionar supuestos privilegios. Que se siga corrigiendo y que se termine esta descalificación. Los profesionales son trabajadores, son parte del pueblo y la mayoría son hijos de trabajadores que han hecho un gran sacrificio de superación.
No es cierto que la relación activo-pasivo sea baja en la Caja. En realidad es de tres a uno, y si se agregaran quienes trabajan en forma dependiente, sería mayor. El problema está en que los ingresos que perciben los profesionales en actividad hoy son bajos en la mayoría de los casos. Lo que sucede en estos casos es que como no pueden aportar se estancan o retroceden en sus aportes por concepto de montepío o directamente declaran que no ejercen para no aportar. Este es un tema a corregir de futuro y que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo empeora, porque aumenta el montepío de 18,5% a 22,5%, cosa que los profesionales –jóvenes, sobre todo– no van a poder asumir. Se dice que debe ser así pues ese es el régimen general (7,5% de aporte patronal más 15% de aporte obrero). Pero los profesionales, salvo los timbres profesionales, no tienen patrón. Para los militares, en cambio, el Estado es más generoso, porque como patrón aporta el 15% del sueldo del funcionario. El doble de los patrones en el régimen general.
Luis Acuña es abogado y pertenece a la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales Universitarios.