Cuando el féretro con los restos del expresidente José Mujica se detuvo frente a la sede del Movimiento de Participación Popular, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo unas breves palabras y mencionó la compra de las 4.000 hectáreas que acababa de resolver el Instituto Nacional de Colonización (INC) en Florida como un reconocimiento a la lucha de quien ha trabajado más por los derechos de los trabajadores y pequeños productores rurales en los últimos años. A partir de ese momento se desató un debate con varias aristas, que la portada de la diaria del fin de semana caracterizó como “campo de batalla”. Se instaló desde ese momento un intenso debate político que incluyó críticas por la decisión del instituto con argumentos de diferente naturaleza, que es bueno analizar.
El senador Sebastián da Silva argumentó que la estancia señorial (habitaciones, barbacoa, corrales) es inadecuada para colonizar por los costos, porque tiene un monte de olivos, porque no tiene un plan productivo, porque se compró sin recorrerla, porque son suelos exigidos por el riego, porque es indivisible, y que su adquisición es un acto de romanticismo revolucionario y populista. A todo ello agregó públicamente que el INC es un instituto anacrónico, que tiene 200 gerentes, que es burocrático, que está lleno de camionetas y que hay otros mecanismos para el acceso a la tierra.
Lo primero que llama la atención es la crítica de que se compre una estancia de gran superficie, que cuesta mucho dinero, y el señalamiento de que hay otras necesidades del país que son más importantes que se podrían atender con esos 32 millones de dólares. Es un argumento mentiroso, porque las compras de tierras del INC no se hacen con fondos de Rentas Generales, sino con fondos provenientes de las enajenaciones de predios rurales de grandes superficies que son afectados por leyes específicas a las compras de tierras. Son los propios negocios rurales que, al enajenarse tierras, aportan a la acción colonizadora en beneficio de pequeños productores o trabajadores rurales, y no la sociedad en su conjunto.
La crítica referida a que se trata de una inmensa estancia que no es apropiada para la colonización porque requerirá mucha inversión en caminería, instalaciones y equipos es falsa. Históricamente todas las colonias se han instalado en grandes superficies, incluso antes de que existiera el INC. Las colonias de inmigrantes como los suizos, alemanes, rusos y valdenses accedieron a grandes territorios y formaron colonias. No pudo ser de otra manera, a riesgo de no ser colonias, sino predios dispersos. La propia historia del instituto lo demuestra. La colonia 33 Orientales, en Florida, se hizo en la década de 1960 en un predio de 6.000 hectáreas, que hoy tiene unos 50 tambos y se construyó sobre tierras de bancos fundidos que se colonizaron en un gobierno del Partido Colorado. Las cinco colonias del litoral sanducero (Ros de Oger, Las Delicias, Arroyo Malo, Las Palmas, Citraro), que se fundaron cuando el Banco Hipotecario pasó a construir el INC, se crearon a partir de la gran Estancia de Ingleses, de 30.000 hectáreas, en Paysandú. La colonia Reglamento de Tierras, en Florida, se construyó a partir de las 4.000 hectáreas que el INC compró a la familia Gallinal en 2010. En todos los casos, la colonización consistió en la construcción de caminería, tambos, llegada de energía eléctrica e instalación de campos de recría y de engorde de animales, represas, etcétera, con la participación de los propios colonos y el aporte de varias instituciones. Se puede enumerar muchos otros ejemplos de colonizaciones de este tipo, que integran la obra colonizadora que el legislador creó al aprobar la Ley de Colonización. Nadie ha planteado que esa obra ha sido un uso bochornoso de la plata de la gente. Es más, el anterior director de Colonización del mismo partido que el senador Da Silva, el doctor Julio Cardozo, asistió a los aniversarios de todas estas colonias y elogió el aporte que hacen a la producción nacional, a la construcción de las sociedades rurales y al desarrollo.
Es mentira que el INC no conocía el predio o que lo eligió por Google Earth. Se cumplió la ley, que exige hacer una tasación, debido a que legalmente los plazos son muy exiguos, pues si en 20 días, luego de presentado el expediente, el instituto no se expide, se considera una denegación ficta de su interés. Todos sabemos eso. Y los técnicos especializados en el tema efectuaron la tasación correspondiente.
Los argumentos de los senadores Pedro Bordaberry y Robert Silva son algo diferentes, pues distinto es su perfil ideológico. Manifiestan que la compra viola normas constitucionales y jurídicas, sin decir cuáles son. A su vez, coinciden en los ataques de intenciones al caracterizarlo como una aventura de desarrollo mágico y de un voluntarismo propio de gente que no entiende nada de campo. En el caso de Bordaberry no se puede decir que desconoce estos asuntos, pues él mismo litigó durante seis años contra Colonización como apoderado de la empresa panameña Portman Invest Group SA, en juicios que ganó el INC y que culminaron con un acuerdo transaccional con el grupo inversor que indemnizó por daños y perjuicios al instituto. Sus motivaciones son más políticas, pues aduce una concepción equivocada, una aventura de voluntarismo que compara con otras de los gobiernos anteriores del Frente Amplio.
Hay personas que individualmente construyen un relato distorsionado de la realidad, mintiendo, exagerando, agrediendo y generando un entorno de crispación y de simplificación de la política, de blanco contra negro.
La coincidencia en ambos casos es en desacreditar la operación de compra del campo, mentir, realizar críticas al INC y, por elevación, a la colonización y al Frente Amplio. Todo ello inyectado personal y unilateralmente en las redes sociales, y ampliamente multiplicado en los medios tradicionales de comunicación.
Rápidamente el tema se constituyó en un asunto de la agenda política, con intervenciones y posiciones variadas, con organizaciones de productores familiares, lecheros y otros apoyando la compra, y otros comunicando su posición contraria. Entre estos últimos figuraron sectores económicos vinculados al mundo empresarial concentrador. Apareció una Asociación Rural en soledad defendiendo la propiedad privada individual de la tierra, como lo hizo siempre, históricamente.
Nada nuevo. El senador César Mayo Gutiérrez, miembro informante en el Senado del proyecto de ley aprobado por la Comisión Especial de Reforma Agraria del Senado, mencionó en su presentación las acusaciones que se hacían al proyecto de ley en discusión. Mencionó que el Congreso extraordinario de delegados de sociedades rurales celebrado el 4 de agosto de 1947 en la cámara mercantil expresaba que la iniciativa era el primer paso hacia el verdadero totalitarismo de la tierra, que era una vergüenza y que era abrir las puertas para comunizar y sovietizar las tierras. Y mencionó que muchos trabajadores rurales habían perdido la cabeza, hasta el punto de dirigir telegramas a los señores legisladores amenazándolos con la no reelección en el caso de que se votara este proyecto. El escenario político actual es muy diferente del que había en aquellos tiempos, pero las posiciones con relación a la colonización se mantienen.
Hay un hecho fortuito que ayuda a recordar un aspecto central de estos debates. El campo de la estancia María Dolores cambió de dueño varias veces, pero a partir de principios del siglo XX fue propiedad del doctor Irureta Goyena durante varias décadas. Casualmente, en la presentación del proyecto de ley de Colonización en el Senado, el miembro informante mencionó unas palabras escritas por Irureta Goyena, quien dijo: “Yo os aseguro que un País donde el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente no puede al llegar al crepúsculo, serenar su rostro contraído por el esfuerzo, en su propio hogar, platicando con su mujer y sus hijos. En ese País, sea cual fuere, si el capital oprime al trabajo, y como en este mundo no hay deuda que no se pague, vaticino que llegará el día en que en ese País el trabajo oprimirá a su vez al capital”. Aquel jurista reconocido le estaba hablando al futuro, y el senador César Mayo Gutiérrez se lo recordaba al cuerpo.
Es oportuno agregar un asunto no menor al debate público actual sobre el accionar del INC que tiene carácter político y está directamente vinculado con la construcción democrática. Las formas de plantear las críticas a la compra de la estancia María Dolores incluyen lateralmente otro componente, que es una oposición a la colonización tal como fue acordada por unanimidad de los partidos hace 77 años en Uruguay. Esto es absolutamente legítimo, pero los partidos o los legisladores que piensan eso tienen herramientas disponibles para hacerlo a través de la institucionalidad vigente que integran. Se puede plantear leyes o iniciativas para modificar lo establecido por la ley vigente, que manifiesta que su objetivo es una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y la mejora de la producción agropecuaria y la radicación y el bienestar del trabajador rural.
Negar este objetivo no parece ser el caso desde que integrantes de los partidos de la oposición han conformado el directorio recientemente y en ningún caso sus expresiones han sido negacionistas del instituto, sino todo lo contrario.
Entonces, algo que me parece relevante es esta manera de utilizar discursos individuales y agresivos que cambian la forma de los debates políticos. No son los partidos, de los que decimos que son integrantes de una muy buena democracia de partidos, sino que son personas que individualmente construyen un relato distorsionado de la realidad, mintiendo, exagerando, agrediendo y con un formato de outsiders de la política, generan un entorno de crispación y de simplificación de la política, de blanco contra negro. La pertenencia a un partido político se va convirtiendo en algo como ser hincha de un cuadro de fútbol y no de un proyecto de país.
Este proceso crispador es un gran retroceso en los debates políticos, y no es fácil corregirlo cuando hay actores que públicamente manifiestan que es el camino que han elegido, porque la discusión política racional no conduce a nada. Hay que hacer algo distinto, argumentan.
Este fenómeno se está generalizando, por lo menos en el mundo occidental, y hay más diagnósticos que alternativas. En nuestras condiciones, en las que el fenómeno se presenta en el ámbito político, parece que es muy importante que los propios partidos políticos analicen las consecuencias de esos fenómenos y que asumamos la responsabilidad de organizar las discusiones y las agendas para llevarlas a un puerto de discusiones civilizadas.
Ernesto Agazzi fue ministro y senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.