Finalmente (y no sin tensiones), hubo humo blanco entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes en relación a las partidas subnacionales a incluir en el presupuesto quinquenal que abarcará el período 2026-2030. Para ello fue necesaria una oportuna y efectiva participación del presidente Yamandú Orsi, a muy pocas horas de que se cumpliera el plazo formal indicado por el artículo número 214 de la Constitución Nacional.
En el acuerdo generado quedan delineados aspectos que marcarán fuertemente el período, pero también se abren múltiples interrogantes en relación a los criterios y procesos que efectivamente permitan traducir ese esquema de financiamiento en mejoras efectivas para las políticas públicas en general y la gestión subnacional en particular. Porque rápidamente a los anuncios “con bombos y platillos” del oficialismo (desde donde se calificó como histórico el presupuesto asignado a las intendencias), se generaron también reacciones adversas en función de los críticos desempeños que varios departamentos han exhibido en materia de endeudamiento, transparencia y uso de los recursos públicos.
El acuerdo suscrito no debe ser visto como un punto de llegada, sino que precisamente debe analizarse en el marco de una verdadera oportunidad de dar un impulso a la descentralización política y al desarrollo territorial. Para avanzar en desarrollo territorial multidimensional, los procesos, criterios y señales que involucran a los distintos actores y en particular a los gobiernos subnacionales, deberán estar a la altura. Y ese ejercicio implica cambiar radicalmente antecedentes nada lejanos en materia de transparencia y uso discrecional del aparato público subnacional. No es solo una cuestión de recursos, máxime en el escenario económico actual donde el propio gobierno ha insistido en hablar de “sábana corta”.
El producto final del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los intendentes marca una cifra para el quinquenio que asciende a un máximo histórico, superando los 4 mil millones de dólares en el total del período. Este aspecto debiera ser un punto de partida decisivo para abordar efectivamente compromisos robustos con la descentralización y el desarrollo territorial. Esos compromisos, si se materializan, requerirán enormes esfuerzos para producir cambios significativos en la forma de desempeñar la gestión política territorial y distribuir el poder en muchos de los departamentos.
No hay blancos y negros en estas discusiones. Puede ser muy válida y defendible la importante asignación presupuestal anunciada, tanto como respuesta al desafiante contexto metropolitano, como también para afrontar la difícil realidad que atraviesan muchas regiones del denominado interior de Uruguay. Pero tampoco debieran existir discrepancias en relación a la imperiosa necesidad de fortalecer los instrumentos y procedimientos que aseguren transparencia y eficiencia en la administración y gestión de los mencionados recursos públicos.
La señal del Poder Ejecutivo es muy fuerte para iniciar el quinquenio, pero, ¿qué tan dispuestas estarán las intendencias a cambiar prácticas de gestión en muchos casos deficitarias o poco transparentes? También cabe preguntarse si todos los partidos políticos representados en el Congreso de Intendentes, que votaron por unanimidad la asignación presupuestal, serán capaces de facilitar controles y adoptar procedimientos básicos en beneficio de vehiculizar recursos con objetivos significativos de política pública. ¿Qué pasará cuando comience la ejecución?
La señal del Poder Ejecutivo es muy fuerte para iniciar el quinquenio, pero, ¿qué tan dispuestas estarán las intendencias a cambiar prácticas de gestión en muchos casos deficitarias o poco transparentes?
Los jefes comunales salieron contentos de la negociación y celebraron la apertura y el diálogo marcado por el Poder Ejecutivo, representado por su máxima figura, al que incluso definieron como “intendente 20”. Pero, ¿serán capaces de demostrar en la gestión concreta ese compromiso con las necesidades de los territorios en base a una administración y distribución prolija y razonable?
Por lo pronto, es necesario identificar las luces amarillas y naranjas de intendencias endeudadas y otras que incluso están atravesadas por procesos judiciales en función de prácticas corruptas denunciadas que siguen siendo investigadas. También es bueno recordar que sigue durmiendo con media sanción en el Poder Legislativo el postergado proyecto de regulación de los ingresos de funcionarios a las intendencias.
A priori, no son muchos los casos de intendencias que anuncian grandes transformaciones o plantean innovar en las formas de gestionar y controlar los fondos. Tampoco aparecen grandes novedades en relación a los escenarios críticos de recaudación subnacional que atraviesan múltiples intendencias. Es muy fácil anunciar en campaña que no se aumentarán los tributos departamentales, siempre y cuando siga estando después la posibilidad de contar con la caja del gobierno central para auxiliar. Es imperioso avanzar en la transformación de los actuales escenarios de fiscalización subnacional, incrementando los controles y atacando ineficiencias estructurales que existen en varios casos.
Hay otras preguntas y reflexiones para anotar. Una contradicción muy nítida es que los jefes departamentales que destacaron la apertura, escucha y diálogo del gobierno nacional para resolver la controversia presupuestal pertenecen a colectividades que hace apenas unos días, sin esgrimir mayor argumentación, definieron no participar en una amplia convocatoria al diálogo por la protección y la seguridad social. Ese proceso, que es relevante para el Poder Ejecutivo y tiene el liderazgo de la mismísima Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ha sido vaciado y minimizado por las colectividades históricas. En ningún sistema democrático parece sensato que un partido o colectivo esté dispuesto a dialogar solo para ganar; también debe estar dispuesto a aportar y a ceder.
El presidente Orsi tuvo un discurso muy llano y empático en el Congreso de Intendentes y resultó muy aplaudido. Sin embargo, su apelación a hacer política “por lo alto” deberá recibir otro tipo de señales y reacciones desde los partidos de la oposición.
¿Serán los gobiernos departamentales aliados estratégicos para la respuesta pública en temas críticos que hoy tiene la sociedad uruguaya? Ojalá que sí. Entre muchos ejemplos podrían mencionarse experiencias positivas en materia de promoción efectiva de la participación comunitaria, inclusión cultural, integración deportiva, atención a la emergencia climática y alimentaria, entre otras cosas. Vaya si sería deseable también que se materialicen aportes imprescindibles en materia de protección social a las infancias y adolescencias, que sabemos que atraviesan una situación crítica en el Uruguay. La experiencia internacional también ha demostrado que, tanto los gobiernos intermedios como los gobiernos locales, pueden ensayar respuestas efectivas en materia de atención a la discapacidad, la empleabilidad o los cuidados intergeneracionales. Es decir que potencialmente el escenario generado a partir del acuerdo para el financiamiento subnacional efectivamente abre opciones y alternativas para políticas públicas más acordes a las necesidades. Habrá que ver qué sucede en el trecho, que no es otra cosa que el tramo que separa el dicho del hecho.
Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales.