El mismo día que se inauguraba el carnaval nos sorprendió la censura del libreto completo de la murga Doña Bastarda por su uso satírico de simbología asociada al nazismo, algo que un tribunal de alzada revocó con celeridad y buen tino.
Cabe aclarar que el propósito de estas líneas no es fijar postura sobre el contenido específico del texto objetado, sino que lo que me preocupa –y convoca a esta reflexión– son las formas. La señal política de que el Estado, el poder político y el poder económico pretendan encaramarse como censores morales del arte es, en mi opinión, un hecho mucho más relevante que cualquier estrofa polémica en un libreto murguero. Lo ocurrido –y sus repercusiones– nos interpela respecto de lo que entendemos por libertad de expresión en una democracia madura como la que nos jactamos de tener.
A las murgas, “ni un vaso de agua”
Si bien la tentación de tutelar el arte atraviesa cualquier espacio de poder, es notorio que en los últimos años este tipo de episodios han provenido con mayor frecuencia e intensidad de los sectores más conservadores y poderosos del país. Durante la administración de la Coalición Republicana (2020-2025), la hostilidad hacia el carnaval con contenido político escaló exponencialmente. No fue un rechazo a la fiesta en sí, sino un ataque directo a la murga como herramienta de crítica y denuncia social, ya que se apoyaron fuertemente otras propuestas políticamente neutras, como las de Artigas y Cerro Largo.
Los antecedentes son claros: la táctica de ataque se intensificó en 2022 a partir de los cuestionamientos a La Gran Muñeca por su cuplé sobre la ley de urgente consideración (LUC), lo que instaló el estigma de “comité de base” desde el oficialismo de la época. A esto le siguieron las críticas por sus cuplés sobre la reforma educativa en 2024 y por el abordaje de la figura de Fructuoso Rivera en 2025. El hostigamiento tuvo un brazo ejecutor en las empresas del Estado: recordamos la denuncia del sindicato Sutel, que alertó que Antel había retirado el apoyo económico a los conjuntos del carnaval de Montevideo tras el malestar generado por las críticas de las murgas al gobierno. Ese uso del presupuesto público como garrote para disciplinar el discurso artístico es la antítesis de la libertad de expresión. No fueron hechos aislados; fue una estrategia descalificadora constante y coordinada, reforzada por figuras como la senadora Graciela Bianchi, quien desde sus redes definió al carnaval montevideano como “adoctrinamiento puro” –alimentando la narrativa conservadora de legisladores como Felipe Schipani, que ve en cada murga un comité de base del Frente Amplio–, o el caso del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien retiró el apoyo económico a las murgas locales bajo el argumento de que el Estado no debía financiar a sus “adversarios políticos”.
Para derribar la falacia de que “las murgas no critican a los gobiernos del Frente Amplio” basta un simple repaso de los repertorios murgueros de este primer año de gobierno de Yamandú Orsi, o de los 15 años de los gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. Pero el patrón fue claro desde la coalición centroderechista: cuando la sátira muerde al poder o a sus figuras de bronce, la respuesta política busca la deslegitimación o la asfixia directa.
Esa postura soslaya una realidad evidente: existe una gran base de ciudadanía blanca, colorada y de otros partidos menores que aman ese carnaval que su propia dirigencia hoy busca desprestigiar y debilitar. Figuras de la talla de Julio Kanela Sosa, Dalton Rosas Riolfo y Enrique Espert (para citar sólo algunos ejemplos) demuestran que la identidad carnavalera nunca fue patrimonio de la izquierda.
El carnaval es desparpajo, incorrección, rebeldía y será estéril todo esfuerzo que pretenda amordazarlo.
Capitalismo de cristal: cuando la sátira espanta al inversor
Esta escalada llegó a su punto crítico en 2025. Fue entonces que Frigorífico Centenario retiró su apoyo a La Gran Muñeca por sus versos sobre Palestina y exigió conocer los guiones de antemano para futuros patrocinios, y un edil opositor nacionalista exigió a la Intendencia de Montevideo la revisión de la totalidad de los libretos de carnaval.
Este episodio fue la cristalización pública de un proceso de disciplinamiento que ya venía operando en las sombras. Directores y referentes de carnaval han señalado en el semanario Brecha cómo el estigma político funciona como un repelente de marcas. En el ecosistema del carnaval se ha vuelto una constante el temor del inversor: el espónsor no quiere problemas y, cuando un actor político señala a un conjunto, el que firma el cheque se asusta.
Sin embargo, la honestidad intelectual exige reconocer que la izquierda no es inmune a esta deriva. En 2019 la murga Agarrate Catalina sufrió –por izquierda– una cancelación moral en redes a raíz de un cuplé sobre la lucha de clases. Como expresó Tabaré Cardozo en su momento: “Me asombra que los que antes pregonaban la libertad hoy pregonen la censura”. Cuando el arte debe pedir permiso para no incomodar a los “propios”, la murga deja de ser un espacio de libertad para convertirse en un ejercicio de conformidad.
Es aquí donde cobra vigencia la postura de Noam Chomsky: “Si no creemos en la libertad de expresión para aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”. Esta premisa es el eco de aquel principio atribuido a Voltaire: “Podré estar en profundo desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. La libertad no es un valor que deba ser administrado por burócratas ni validado por su utilidad política para ningún sector de la sociedad.
El peligro de la comodidad
Seamos atentos guardianes de que no estamos creando una sociedad donde la libertad de expresión sea un privilegio de los míos. Si el uso satírico de simbología nazi es “intolerable” para unos, pero la sátira sobre la lucha de clases es “necesaria” para otros, no estamos defendiendo la libertad, estamos defendiendo nuestra propia comodidad. El carnaval es desparpajo, incorrección, rebeldía y será estéril todo esfuerzo que pretenda amordazarlo.
Uruguay debe decidir: ¿queremos una democracia protegida por tribunales, o una democracia capaz de escuchar lo ofensivo y derrotarlo con argumentos, como se procesó aquel diferendo entre la murga Cayó la Cabra y la familia del extinto Jorge Larrañaga? La libertad, si no es para todos, deja de ser libertad para transformarse en el privilegio arbitrario del comisario de turno. Resulta alarmante que en pleno 2025 hayamos asistido a la bajada de una noticia en cuatro medios de prensa sobre el incendio de una camioneta, un síntoma de que el poder político-económico sigue teniendo dedos largos. Pero no nos engañemos; hoy el bozal es más sofisticado. Vivimos en la era de la supuesta “libertad total”, cuando en realidad somos simples títeres de los algoritmos de Elon Musk o de Mark Zuckerberg y sus ejércitos de trolls y bots diseñados para que nuestra indignación sea sólo un insumo más de su negocio. Si el carnaval es lo último que nos queda de irreverencia real, defendámoslo. Porque fuera del tablado, el algoritmo ya nos tiene a todos amordazados.
Pablo Inthamoussu es diputado del Frente Amplio.