El presidente Yamandú Orsi considera que la actual situación internacional requiere avanzar, cuanto sea posible y con urgencia, hacia un consenso multipartidario sobre lineamientos para la política exterior de Uruguay. A tal efecto, lanzó el miércoles un plan de trabajo con dos etapas. Primero, el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) convocará a especialistas en el tema que hoy no estén involucrados directamente en la política partidaria, a fin de elaborar propuestas durante el mes en curso. Luego, esas propuestas serán trasladadas por Orsi a los partidos, como base para la discusión colectiva y la búsqueda de acuerdos.
La pertinencia de la iniciativa presidencial queda clara si nos planteamos tres preguntas simples. ¿Es bueno para Uruguay tener una política internacional de Estado? ¿Los acontecimientos recientes justifican una actualización de los acuerdos en la materia? ¿Es conveniente procurar tal actualización a partir de la opinión de expertos no mandatados por los partidos?
En cada caso, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, entre las primeras reacciones desde la oposición predominaron las críticas y los rechazos. Esto indica el peso de actitudes políticas inconvenientes para los intereses de nuestro país.
Uruguay no es una potencia en términos económicos o militares, ni tiene perspectivas de llegar a serlo. Además, en el contexto regional está ubicado entre dos países mucho más poderosos. Esta situación nos hace potencialmente vulnerables en varios sentidos, desde lo comercial hasta lo cultural. El imperio mundial de los más fuertes es peligroso para Uruguay, y puede condenarnos a una posición subordinada.
Lo antedicho ha sido, históricamente, el fundamento de que en nuestro país se le asignara un valor estratégico a trabajar por el desarrollo del derecho internacional, escudo de los más débiles, y a ganar peso diplomático con una trayectoria consecuente en ese sentido. Esto ha implicado, en los mejores momentos de esa trayectoria, un perfil moderador, mediador y articulador en nuestra relación con el resto del mundo, acompañado por una consolidación interna de la democracia, las instituciones y los derechos que nos fortaleció como interlocutor respetable.
Hoy el derecho internacional y el multilateralismo se debilitan, en una transición incierta hacia nuevas relaciones de poder. La forma en que el gobierno estadounidense afronta esta coyuntura, con intervencionismo imperial, violación de acuerdos e imposición de hechos consumados desde lo comercial hasta lo militar, agrava el problema en el mundo y en nuestra región. Es tal la magnitud de las transformaciones que, a criterio de analistas destacados, no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época.
Lo que está en juego es mucho más que pronunciarse sobre la situación en Venezuela, en Gaza o en Ucrania. Se trata de que este gobierno y los próximos encuentren rumbos durante años en un mar tormentoso, con los mapas y los instrumentos de navegación bajo sospecha. Es atinado que se procuren, como punto de partida, opiniones calificadas y distantes de la puja electoral que, demasiado a menudo, encrespa los debates y bloquea los entendimientos deseables.
Si hay quienes piensan que lo mejor para Uruguay en estos tiempos es abandonar sus posiciones tradicionales para alinearse con alguna de las potencias en pugna, o dejar en suspenso los principios para volcarse a un oportunismo cortoplacista, sería positivo que lo fundamentaran ante la ciudadanía. No es viable construir posturas comunes sin que se manifieste con franqueza la diversidad inicial.
Desde la oposición o el oficialismo, rechazar la búsqueda de acuerdos puede ser ventajoso para quedar con las manos libres en la crítica al bando adversario, pero debería pesar mucho más la voluntad de contribuir a que el país adopte las orientaciones más adecuadas en este período difícil.