Hace poco entendí que en economía el trade off refiere a decisiones entre alternativas. También se aplica a los programas de gobierno: cómo y cuándo avanzar. Uruguay tiene enormes desafíos económicos, sociales y demográficos. Ante estos desafíos, un gobierno de izquierda tiene la obligación de recuperar la ambición transformadora, aprender de las grandes reformas del pasado y construir nuevas respuestas. Se necesita un Estado fuerte, una gestión exigente y una mirada económica que ponga a las personas en el centro.
Los desafíos económicos deben discutirse integralmente. La política económica atraviesa nuestra vida cotidiana, salario, trabajo, vivienda, educación, salud, cuidados y oportunidades. Determina cómo se distribuyen los recursos, quiénes se benefician del crecimiento y cómo construimos el futuro. La economía guiada por un modelo político no debe quedar reservada a especialistas ni reducirse a indicadores, déficit fiscal o equilibrios contables. Es una ciencia social e histórica que permite comprender la realidad, decidir y evaluar políticas públicas, siguiendo el objetivo de que las personas vivan mejor.
Los uruguayos eligieron el regreso del Frente Amplio al gobierno en marzo de 2025. Sabíamos que las expectativas de transformación conviven con restricciones económicas, dificultades para sostener el crecimiento, una población que envejece, pobreza infantil, desigualdades persistentes y demandas sociales que necesitan respuestas concretas. Vivimos además en un escenario internacional complejo, con tensiones geopolíticas, creciente concentración económica, transformaciones tecnológicas y el avance de gobiernos de derecha en la región. Por eso, Uruguay necesita una estrategia propia, capacidad de adaptación y mayor claridad sobre sus prioridades.
La responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica son indispensables, pero insuficientes para el desarrollo. Gobernar es más que administrar restricciones y modernizar la gestión; se trata de construir oportunidades y transformar estructuras para que el crecimiento se traduzca en bienestar y justicia social.
Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, mostró que los mercados no siempre funcionan de manera eficiente. La información imperfecta, los monopolios y las externalidades justifican intervenciones públicas para mejorar resultados. También advirtió sobre las fallas del Estado y la necesidad de evaluar las políticas.
Amartya Sen, también premio nobel, amplió la concepción del desarrollo. Desde el enfoque de las capacidades, planteó que el progreso no debe medirse solamente por el crecimiento del producto o los ingresos, sino por las libertades reales para desarrollar proyectos de vida. Un país puede ser más rico, pero importa que su población acceda a educación, salud y trabajo digno.
Dani Rodrik sostuvo que no existen recetas económicas universales. Las políticas deben responder a las instituciones y restricciones de cada país. No se trata de copiar modelos, sino de resolver problemas concretos.
Mariana Mazzucato destacó al Estado como orientador de inversiones, promotor de innovación y creador de mercados. Sus políticas “por misiones” articulan esfuerzos públicos y privados en objetivos colectivos, como la transición ambiental, la salud o la transformación tecnológica. También destacan los aportes de Thomas Piketty sobre la concentración de la riqueza y la importancia de las instituciones fiscales y distributivas, y de Albert Hirschman, quien mostró que el desarrollo no es lineal y exige superar obstáculos y movilizar capacidades.
Estas perspectivas difieren, pero muestran que las decisiones en política económica deben analizarse en contexto y por sus efectos sobre desarrollo, instituciones y distribución. Deben ser rigurosas, participativas y adecuadas a cada realidad. Estos aportes muestran que la justicia social no es un objetivo separado del desarrollo económico. Uruguay tiene una valiosa experiencia de construcción estatal del batllismo en los primeros 15 años de gobiernos del FA, con mejoras sociales, reformas institucionales, ampliación de derechos y nuevas oportunidades.
Por ejemplo, la reforma tributaria incorporó progresividad en la imposición sobre ingresos; la reinstalación de los Consejos de Salarios fortaleció la negociación colectiva, el Sistema Nacional Integrado de Salud transformó el acceso y financiamiento sanitario, la transformación de la matriz energética impulsó las energías renovables, la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) amplió la formación terciaria en el interior. Estas reformas no fueron simples medidas administrativas ni anuncios. Expresaron una visión de desarrollo, decisión política, capacidad técnica y acuerdos. No surgieron de un día para otro; fueron procesos integrales y participativos con desafíos pendientes y problemas de implementación. Reconocerlo permite aprender y adaptarse.
No se trata de repetir esas reformas, sino de recuperar su capacidad transformadora. Debemos definir los cambios necesarios pese a las restricciones. Ya demostramos capacidad para impulsar grandes transformaciones. La pregunta sigue siendo válida: ¿qué reformas estructurales necesita hoy Uruguay para responder a los desafíos en pobreza, seguridad, inversión bien orientada, vivienda, educación y desarrollo productivo?
La prudencia no implica renunciar a transformar las desigualdades. Reconocer dificultades no significa aceptar problemas estructurales como inevitables. Necesitamos creatividad, rigor y exigencia en la gestión.
El Estado sigue siendo blanco de ataques de la derecha. Necesitamos un Estado fuerte, estratégico y exigente. Eso no significa justificar cualquier intervención o gasto. Significa instituciones capaces de planificar, regular, invertir, coordinar y evaluar políticas públicas. La economía enseña que los recursos son limitados y toda decisión tiene costos de oportunidad. Esto implica enfrentar un trade off: elegir entre alternativas, porque destinar recursos a una política supone dejar de destinarlos a otra. Cada discusión presupuestal refleja esa tensión y la necesidad de establecer prioridades.
Es indispensable priorizar, comparar alternativas y evaluar resultados para beneficiar a la mayoría, sin aceptar presiones de grupos de poder que actúan exclusivamente por intereses económicos. La evaluación de políticas no puede limitarse al costo presupuestal, sino que debe incorporar beneficios económicos y sociales, distribución, sostenibilidad y efectos de largo plazo. La inversión en primera infancia, educación, salud, vivienda o cuidados no es solo gasto: contribuye a ampliar capacidades, reducir desigualdades y mejorar la productividad futura. No es solo una concepción de justicia: existe evidencia. Invertir en salud, educación, vivienda, empleo y protección social genera retornos. No avanzar traslada costos a las futuras generaciones.
Eficiencia y equidad no siempre se contraponen. Una política bien diseñada puede mejorar ambas. Debemos exigir programas con objetivos claros, indicadores, evaluaciones y capacidad de corregir lo que no funciona. Esa exigencia debe aplicarse a todas las políticas. Cada exoneración tributaria, subsidio empresarial, incentivo a la inversión o beneficio económico debe justificar su costo en función de resultados verificables, como la inversión adicional, empleo de calidad, innovación, exportaciones, desarrollo territorial o beneficios colectivos. La rigurosidad debe alcanzar también los recursos fiscales que el Estado deja de percibir. Un Estado fuerte no es el que más gasta, sino el que gasta bien. La inversión pública debe responder a objetivos colectivos. Desde una mirada frenteamplista, debe transformar la realidad y rendir cuentas.
Uruguay necesita una agenda ambiciosa de nuevas reformas. La reciente baja de la pobreza es una buena noticia. La pobreza infantil debe abordarse como una prioridad social, pero también como un problema estructural de desarrollo. Las desigualdades de origen condicionan las oportunidades futuras y reproducen brechas que afectan a toda la sociedad. El envejecimiento de la población exige repensar los cuidados, el empleo, la protección social, la productividad y las relaciones intergeneracionales. La educación debe responder a los cambios tecnológicos y productivos. La inteligencia artificial ofrece oportunidades, pero también riesgos de concentración económica, desplazamiento laboral y ampliación de desigualdades. La vivienda requiere soluciones que integren políticas de suelo, financiamiento, infraestructura y desarrollo urbano. La transformación productiva debe impulsar inversiones, innovación, mejores empleos y una inserción internacional que genere mayor valor agregado, en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y los capitales nacionales. Las oportunidades no pueden depender del lugar de nacimiento.
Estas transformaciones requieren misiones nacionales, con objetivos medibles, coordinación entre organismos, participación social y acuerdos con el sector privado. No alcanzan los programas aislados ni los títulos rimbombantes de organismos multilaterales. Necesitamos políticas integrales, continuidad y una estrategia clara. Necesitamos responsabilidad sin resignación. Gobernar exige decisiones difíciles. La responsabilidad económica sostiene las políticas y la confianza. Pero el equilibrio no debe impedir decisiones.
La prudencia no implica renunciar a transformar las desigualdades. Reconocer dificultades no significa aceptar problemas estructurales como inevitables. Necesitamos creatividad, rigor y exigencia en la gestión. Debemos priorizar, construir acuerdos y utilizar bien los instrumentos disponibles. Debemos revisar políticas e innovar para producir cambios. La izquierda debe demostrar que se pueden combinar estabilidad económica, crecimiento, ampliación de derechos y justicia social. Ante las presiones sobre la protección social y la democracia, defender derechos es indispensable. También debemos garantizarlos y ampliarlos. No avanzar puede significar retroceder.
Pensar en grande exige metas y políticas públicas. Las grandes reformas uruguayas no dependieron solo de recursos, requirieron visión de país, decisión política e instrumentos. Debemos recuperar esa ambición. Sin desconocer las restricciones fiscales ni atribuir todo al Estado, muchas transformaciones requieren un Estado capaz y comprometido con el desarrollo.
La economía debe ayudarnos a decidir y evaluar con rigor. Su finalidad es mejorar la vida de las personas, no satisfacer indicadores. No necesitamos una economía marxista, alcanza con una mirada sensible y sensata del desarrollo. Como plantea Sen, desarrollar es ampliar libertades y oportunidades reales. Esa debe ser la medida de nuestras políticas. Uruguay tiene instituciones y experiencia transformadora. El desafío es convertirlas en desarrollo con la gente en el centro.
Charles Carrera Leal es dirigente del MPP, Frente Amplio.
