En estos días, con la visita del papa León XIV, los uruguayos hemos asistido a un auténtico tsunami de proselitismo católico. Paneles de expertos destacando sus valores humanistas, políticos de prácticamente todas las orientaciones empujándose para salir en la foto, el partido de gobierno promoviendo una conferencia titulada “Frente Amplio y cristianismo” -en la que se identifica la visión social de la Iglesia con la de la izquierda-, y una interminable transmisión televisiva en cadena siguiendo cada paso del papa, tanto en los actos protocolares -cosa comprensible-, como en la ceremonia religiosa en la Catedral de Montevideo. El propio presidente del Frente Amplio, desde una posición institucional que representa a una fuerza política de tradiciones y sensibilidades diversas, llamó a reivindicar públicamente su pertenencia religiosa.
No es intención de estas líneas desconocer el valor que puede tener en la actual coyuntura mundial el discurso socialmente progresista del papa en algunas materias, en línea con Bergoglio, su predecesor. Pero para evitar malentendidos, vale la pena tener presente que el historial de la Iglesia católica ha estado históricamente mucho más alineado con el conservadurismo que con el progresismo. Existe un patrón reconocible. En materia de laicidad, familia y sexualidad, la mayoría de las conquistas que hoy reivindicamos como derechos civiles fundamentales se alcanzaron a pesar de la oposición de la jerarquía católica, no gracias a su impulso. Repasemos solo tres frentes: el Estado, la familia y la sexualidad.
El Estado
La laicidad en Uruguay se construyó por etapas, y cada una de ellas desató fuertes debates con los sectores católicos: la secularización de los cementerios en 1861, el registro civil en 1879, el matrimonio civil obligatorio en 1885. En materia de derechos civiles, la Iglesia se opuso sistemáticamente a la consideración del matrimonio como un acto civil, independiente del religioso. De este modo chocaba contra la concepción cívica de un Estado laico y del libre relacionamiento entre personas independientemente de sus creencias religiosas.
Otro tanto ocurrió con la educación. El logro de una educación pública, laica, gratuita y obligatoria que hoy todos celebramos, se alcanzó en un largo proceso con la oposición militante de la Iglesia, que se resistía a que la enseñanza pudiera organizarse al margen de la doctrina católica. Monseñor Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo, denunció estas políticas laicistas como un plan de la masonería para corromper y descatolizar el mundo. El proyecto de José Pedro Varela, de 1877, consagró la gratuidad y la obligatoriedad, pero se modificó para mantener la enseñanza religiosa por las fuertes presiones de la Iglesia católica y los sectores conservadores de la época. La laicidad tuvo que esperar tres décadas, hasta 1909, y la separación formal entre la Iglesia y el Estado llegó recién con la Constitución que entró en vigor en 1919. Ninguna de esas conquistas se logró con el beneplácito eclesiástico, sino luchando contra su resistencia. Y conviene recordar que esa laicidad fue y sigue siendo una garantía también para los creyentes, es el fundamento de la libertad de culto de la que hoy goza la propia Iglesia.
La familia
Al mismo tiempo se abrió el frente de la familia. Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en reconocer el divorcio por mutuo consentimiento, en 1907, y el divorcio por la sola voluntad de la mujer, en 1913. La Iglesia se opuso firmemente en ambas ocasiones. Se presentó un “Álbum de firmas de las mujeres católicas contra el divorcio” con decenas de miles de adhesiones de quienes consideraban el divorcio una muestra de decadencia y corrupción de las costumbres. En Argentina la ley de divorcio fue aprobada ochenta años después, recién en 1987, pero a pesar del cambio de época, la oposición de la Iglesia en aquel país fue tan monolítica como la de principios de siglo en el nuestro: el Episcopado argumentó que la ley atentaba contra la unidad familiar y el concepto de matrimonio para toda la vida.
El mismo conflicto se libró en torno a la educación de las mujeres. En 1912, ya en la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez, se crea la Universidad de Mujeres (luego Instituto Batlle y Ordóñez – IBO), una institución pionera en enseñanza secundaria femenina cuya primera directora y decana fue Clotilde Luisi, hermana de Paulina, la primera médica del país, y de Luisa, destacada poeta. Clotilde se había convertido en 1911 en la primera mujer abogada del Uruguay. Su objetivo no era crear una “academia de señoritas” para aprender manualidades o normas de etiqueta hogareña, sino ofrecer un nivel académico riguroso, idéntico al de los varones, que capacitara a las jóvenes para ingresar directamente a la universidad. Fue blanco favorito de la prensa católica de la época, como el influyente diario El Bien Público, fundado por Juan Zorrilla de San Martín, que presentaba a la institución como un foco de impiedad y jacobinismo y advertía que buscaba masculinizar a las mujeres y arrancarlas de sus deberes sagrados en la familia. Hay que hacer el esfuerzo por trasladarse a una polémica de este tipo un siglo atrás, cuando los derechos de las mujeres recién empezaban a ser reconocidos. Frente a esa postura, el “progresismo” de la época, desde las páginas de El Día, promovía con orgullo la idea de la “mujer nueva” e ilustrada. Una república democrática y moderna necesitaba madres e hijas capaces de comprender la ciencia, la historia y las leyes, y elevar el nivel intelectual de la mujer, un objetivo que lejos de debilitar el hogar, lo fortalecía, permitiendo formar mejores ciudadanos y una compañera intelectualmente igual al hombre.
Para evitar malentendidos, vale la pena tener presente que el historial de la Iglesia católica ha estado históricamente mucho más alineado con el conservadurismo que con el progresismo.
La sexualidad
Medio siglo más tarde, la disputa dejó las aulas y pasó al cuerpo. La revolución sexual de los años 60 tuvo tal vez su punto clave con la aparición de la píldora anticonceptiva oral, que le dio a la mujer una forma segura de independizar el acto sexual y la reproducción, otorgándole el control de su cuerpo y su sexualidad. La posición inmediata de la Iglesia fue el rechazo absoluto, cristalizado en la encíclica Humanae Vitae (1968) del papa Pablo VI, que condena todo método artificial de anticoncepción, entre ellos la píldora, el preservativo y la esterilización. Según esa doctrina, el uso de anticonceptivos conduce a la degradación de la moral pública, al aumento de la infidelidad y a la pérdida del respeto hacia las mujeres, que pasarían a ser vistas “como simple instrumento de goce egoísta”.
Las consecuencias más graves de esa doctrina van mucho más allá de la esfera moral. La condena del preservativo, reiterada por distintos papas incluso en plena difusión de la epidemia del VIH/sida, tuvo consecuencias devastadoras. Durante el pico de la expansión, el virus arrasó comunidades enteras y se cobró millones de vidas, especialmente en África subsahariana. Al condenar el uso de uno de los métodos más eficaces para prevenir la transmisión sexual del virus, la Iglesia actuó con una gran irresponsabilidad, anteponiendo sus convicciones doctrinarias a la evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Con relación al matrimonio igualitario, la posición contraria de la Iglesia es más conocida. En 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, rechazó el reconocimiento de las uniones homosexuales y recomendó a los políticos católicos oponerse activamente a las leyes que las reconocieran. El Catecismo, por su parte, sigue calificando los actos homosexuales de “intrínsecamente desordenados”, por lo que en ningún caso serían dignos de aprobación desde el punto de vista moral. Los gestos de apertura de Francisco hacia las personas homosexuales no modificaron esa doctrina de fondo.
El espacio de esta columna es demasiado breve para dar cuenta de un listado mínimamente abarcativo, pero dejemos, aunque sea a modo de titulares, otros tantos ejemplos en los que el avance social tiene al catolicismo más como adversario que como compañero de ruta: la despenalización del aborto, la fecundación in vitro y las técnicas de reproducción asistida, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido (incluso cuando existe una solicitud libre y consciente de una persona que padece una enfermedad incurable y sufrimientos graves), la investigación con células madre embrionarias, la educación sexual, etcétera.
Para ir cerrando
Nadie debería tener complejos por ser de izquierda y cristiano. Ahí están Perico Pérez Aguirre (a quien la propia Iglesia censuró por su libro La Iglesia increíble), Juan Pablo Terra, el padre Cacho y tantos otros, cuyo compromiso con la justicia social y los derechos humanos merece reconocimiento. Pero ese legado no modifica el historial de la Iglesia católica en materia de libertades civiles, que es lo que intentamos repasar. Frente a ese historial se levantó una rica tradición reformista: la del “progresismo” del diario El Día, la de Paulina Luisi, cofundadora del Partido Socialista, la de quienes defendieron la educación de las mujeres, el derecho al divorcio y la escuela laica mientras la prensa católica los combatía.
Se trata de una parte esencial de la herencia de la izquierda uruguaya que no debería olvidarse. Una cosa es respetar a los creyentes y reconocer los gestos de apertura del papa. Otra muy distinta, convertirlos en coartada para reescribir la historia. Las libertades civiles que hoy celebramos no fueron una concesión de la Iglesia ni se consiguieron con su apoyo. Se conquistaron, en gran medida, a pesar de ella.
Quedan fuera de estas líneas capítulos aún más oscuros, como el respaldo de sectores de la jerarquía a dictaduras latinoamericanas o los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y su encubrimiento. Son piezas que también forman parte del puzle, si lo que nos interesa es tener una imagen un poco más precisa del catolicismo real.
