Este domingo son las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), en los órdenes de jubilados y pensionistas, trabajadores y empresarios.
Por supuesto, esta opinión, como todas, es interesada. No solo porque soy un jubilado más que no vive en Montevideo —donde se produce mayor volumen de información—, sino por la forma en que se han elegido los seis representantes que integrarán el equipo de trabajo liderado por Estela Ovelar.
La elección de estos compañeros se definió en un congreso donde participaron todas las asociaciones de jubilados y pensionistas del país. Allí no solo se acordó lo que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) iba a presentar en el Diálogo Social, sino que también se definieron reuniones bilaterales con el presidente de la República y sus ministros involucrados en el tema. Allí se consiguieron cosas que tenían que ver con las propuestas. La Lista 1, de la ONAJPU, no es una mera opción electoral, es la que lucha por las mejoras de vida y la afirmación de los derechos generales que tenemos todos, y especialmente aquellos que a las personas mayores les permiten una calidad de vida digna.
Esta postura tiene que ver con cómo se vive esta elección desde las asociaciones del interior, ya que para muchas es la única forma de incidencia en aquellos temas que nos involucran, preocupan y ocupan.
Aportes desde el territorio
La asociación en la que participo presentó un aporte desde los territorios al Diálogo Social. Incorpora lo resuelto en el último congreso programático de la ONAJPU —de la cual somos parte— sobre la necesidad de un cambio integral del sistema de seguridad social del BPS, incluyendo políticas sociales relacionadas que hoy están fuera del organismo, como salud, vivienda, cuidados o turismo social.
En Uruguay se cumplen, entre el BPS y el Banco de Seguros del Estado, las prestaciones de seguro monetario por enfermedad, seguro por desempleo, subsidio por maternidad y paternidad, asignación familiar (por ahora en el Ministerio de Desarrollo Social), atención de salud, vejez, invalidez, pensiones de sobrevivencia y accidentes de trabajo.
La seguridad social tiene bajo su paraguas al 97% de las personas de 65 años y más. Además, las prestaciones a la niñez, con la asignación familiar del Plan de Equidad, no solo mejoraron en lo monetario sino que pasaron de unos 150.000 niñas y niños cubiertos a cerca de 500.000 a partir de 2008; a eso se suma la flexibilización del seguro por desempleo o el aumento de los topes del subsidio por enfermedad, entre otros logros. Pero hay otros derechos que, vía prestaciones, no cubren a tanta gente o su cobertura es insuficiente.
La base de cualquier sistema de seguridad social que imaginamos como integrantes de la ONAJPU siempre estará fundada en la solidaridad, la universalidad y en no perseguir lucro. A estos conceptos es necesario agregar los de suficiencia, sostenibilidad y la responsabilidad que la Constitución le asigna al Estado.
Hemos identificado diversas temáticas prioritarias en el último Congreso Programático de ONAJPU. Entre ellas se destacan la importancia de invertir, mediante el Gasto Público Social (GPS), en el presupuesto asignado a la seguridad social y en mejorar los beneficios. Esto implica abordar el financiamiento del sistema, que desde la Asociación entendemos que debe ser único y liderado por el BPS. En este sentido, se propuso incorporar ideas innovadoras que respondan a la problemática del futuro del trabajo, así como considerar los aportes y gravámenes de sectores que históricamente no han contribuido al sistema, todo ello con el fin de mejorar su equidad.
Sobre jubilaciones y pensiones
Como dijimos antes, se consiguió una fórmula de consenso, pero insistimos en el aumento diferencial del 3% a partir del 1 de julio de cada año para las jubilaciones mínimas. Esto sufrió las modificaciones propias de la negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, no solo se logró recuperar, sino también llegar a la meta propuesta por ONAJPU, de 4 BPC a fin del período.
La base de cualquier sistema de seguridad social que imaginamos como integrantes de la ONAJPU siempre estará fundada en la solidaridad, la universalidad y en no perseguir lucro. A estos conceptos es necesario agregar los de suficiencia, sostenibilidad y la responsabilidad que la Constitución le asigna al Estado.
Para la jubilación común proponemos que se pueda acceder a los 60 años y sumar incentivos para quienes quieran y puedan optar por retrasar el retiro, con tasas de reemplazo del 50% como base inicial. Respecto a la discapacidad, es necesario reconocer que implica un mayor costo de vida para las personas que enfrentan un mayor gasto en medicamentos, tratamientos, dietas alimenticias especiales, mantenimiento y renovación de equipamientos médicos indispensables e incluso adecuaciones edilicias en su lugar de residencia. Esta realidad, además de la adecuación de los baremos, se debe contemplar en el cálculo jubilatorio, regresando al cálculo especial por discapacidad del 65% en la tasa de reemplazo.
La política de retiro parcial es un tema que debe seguirse trabajando para potenciar, adecuar y actualizar las leyes existentes sobre el ingreso de jóvenes al mercado laboral. En particular, es importante generar incentivos para las empresas que opten por este sistema.
También proponemos elaborar una canasta energética, siguiendo la experiencia desarrollada por el gobierno entre 2010 y 2014, que incluya bonificación en luz y agua —con la condición de que el servicio esté regularizado— y la adquisición a precio diferencial del gas por garrafa.
Para un financiamiento a mediano plazo también propusimos:
Aumentar el combate a la evasión: permite asegurar el acceso de las personas beneficiarias a los derechos que otorga la seguridad social. Implica recuperar ingresos genuinos del sistema que se han fugado y para lograrlo es necesario reforzar los mecanismos de planificación, seguimiento y control de estos delitos.
Reflotar la regularización de deudas: en el pasado se generaron leyes de flexibilización de pago que propiciaron el registro de empresas y empleados, lo que hizo que bajara notablemente la evasión y aumentaran los trabajadores cotizantes al BPS. Sería deseable volver a implementarlas, con el monitoreo correspondiente de su cumplimiento.
Transparentar los recursos: Es necesario evaluar y transparentar los recursos no ingresados al BPS por concepto de evasión, elusión, exoneraciones o regímenes especiales, en particular para que se aprecie su transitoriedad y las causas por las que fueron asignados.
Revisar los aportes patronales: poner especial atención en su relación respecto del aporte del trabajador, tendiendo —como recomienda la Organización Internacional del Trabajo— a equipararlos al final del período.
Creemos que la única solución para garantizar la seguridad social es que todas las prestaciones económicas sean realizadas por el BPS, para, de esa manera, disminuir costos administrativos y de gestión, especialmente los gerenciales, tanto a nivel privado como paraestatal. Por eso nos sentimos representados por la Lista 1 de ONAJPU.
Ser creativos para que la voz de jubilados y pensionistas ocupe un lugar importante en la determinación del gasto público social en el presupuesto nacional y sus rendiciones de cuentas sería una señal clara de la intencionalidad política del gobierno respecto al Sistema de Protección Social, donde infancias y dignidad al final de la vida se conjuguen por el legado artiguista de la “Pública felicidad”.
Lauro Meléndez es escritor, activista social y político. Fue subsecretario de Desarrollo Social.