A través del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida se introduce colateralmente la confrontación entre los intereses empresariales y los del consumidor, y el debate doctrinario entre el libre mercado y la regulación estatal y sus efectos sobre la competencia.
El tema que subyace en el fondo de la discusión es si la autorregulación de los agentes en el mercado produce mejores resultados para la sociedad o, en su defecto, los mercados pueden presentar fallas que requieren la intervención estatal en ellos. ¿Es posible que la eficiencia económica de los agentes confluya hacia la eficiencia de la economía en general, o no?
Salvo extremismos doctrinarios, la teoría económica no sostiene que la mera ausencia de intervención estatal asegure el funcionamiento eficiente de los mercados. Kenneth Arrow, Jean Tirole, desde distintos ángulos, y el propio John Kenneth Galbraith sostienen que se requiere un countervailing power (poder compensatorio) para equilibrar mercados donde grandes corporaciones monopólicas manipulan la oferta. Más recientemente, Robert Hall y Michael Woodford, últimos premios nobeles, en sus estudios sobre competencia, demostraron que muchas empresas fijan precios muy por encima de sus costos marginales. Advierten que el libre mercado no elimina por sí solo los márgenes monopólicos, y que para esto se requieren regulaciones y un Banco Central fuerte.
Pasando ya a los aspectos propios de la ley, la creación de la Comisión de Defensa de la Competencia ha sido cuestionada afirmando que se otorgan facultades normativas a un agente regulador, lo cual constituiría una delegación indebida del poder regulatorio y por tanto un hecho generador de inseguridad jurídica. Sin embargo, la economía institucional reconoce ampliamente la necesidad de organismos especializados que regulen la defensa de la competencia.
La seguridad jurídica es una condición necesaria para el funcionamiento de los mercados, pero no es un argumento válido para impedir la existencia de mecanismos regulatorios. Si hubiese un cuestionamiento sobre la constitucionalidad, debe resolverse atendiendo las facultades concedidas al organismo regulador, no objetando la facultad de regular.
Por otra parte, el interés del consumidor, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y su relación con las grandes empresas, especialmente grandes superficies y últimamente las grandes plataformas digitales, introduce otra tensión en los mercados. Desde la teoría económica se distinguen dos temas; por un lado, la eficiencia operativa de una empresa comercial, y por otro, la eficiencia del mercado en su conjunto. Ejemplificando con una gran superficie, esta puede mejorar su eficiencia concentrando compras en pocos proveedores, privilegiando en locación dentro de ella productos de alta rotación o negociando condiciones comerciales más favorables a sus intereses desde su posición de ser la dueña de un mercado casi cautivo. Desde el punto de vista de su gestión empresarial, es una conducta racional y eficiente, pero ¿produce el mejor resultado para los consumidores?
Desde los trabajos de J Robinson en la década del 30, que desarrolló el concepto de poder de compra masivo (monopsonio), hasta los recientes de J de Loecker y J Eeckhout, todos apuntan a demostrar que las empresas aprovechan su tamaño para pagar menos a los proveedores y fijar precios superiores al costo marginal a los consumidores. Una asimetría importante de poder de negociación, nadie duda, impone condiciones a la parte más débil.
Aclaremos: un monopsonio es una estructura de mercado de competencia imperfecta donde un único demandante o comprador se enfrenta a una múltiple cantidad de oferentes o vendedores. Esto puede producir menores márgenes para los proveedores, barreras de entrada para nuevos productores y, por lo tanto, a la innovación, y dependencia forzada de las pymes de las grandes cadenas.
Tanto para la relación entre proveedores y grandes superficies como para las relaciones laborales, o incluso para la obra pública, la pregunta relevante es: ¿hay negociaciones competitivas o hay una relación asimétrica de poder? Siempre que no establezca obligaciones desproporcionadas que reduzcan la eficiencia de la cadena de distribución, la regulación de las prácticas comerciales puede ayudar a corregir las asimetrías en beneficio del consumidor.
Siempre que no establezca obligaciones desproporcionadas que reduzcan la eficiencia de la cadena de distribución, la regulación de las prácticas comerciales puede ayudar a corregir las asimetrías en beneficio del consumidor.
Otra crítica que recae sobre el proyecto de ley es que las regulaciones suelen generar mayores costos logísticos y, por consiguiente, mayores precios bajo el argumento de que las empresas pueden trasladar a los precios costos adicionales. Es una posibilidad real, pero ¿es un hecho automático? La posibilidad de que ocurra depende de múltiples factores.
En primer lugar, depende de la elasticidad de la demanda, la sensibilidad de los consumidores a la suba de precios. Cuanto más sensibles sean, más difícil será trasladarla a precios. En segundo lugar, la intensidad de la competencia y los bienes sustitutivos son otro obstáculo. Pero los estudios de A Harberger demuestran que la incidencia legal de un costo suele no ser igual a la incidencia económica que se distribuye en general en toda la cadena de distribución. Volviendo al ejemplo inicial, pueden ser afectados tanto el supermercado como los proveedores y los consumidores. Por eso la afirmación de que cualquier regulación encarece el producto es teóricamente incorrecta e incluso puede llegarse a la paradoja en que el precio puede aun bajar. De este modo, es correcto afirmar que la parte del mercado que sea más inelástica se llevará la carga.
Yendo a un ejemplo práctico, si un proveedor debe financiar una gran superficie, ese costo financiero también formará parte del precio. La discusión no debería limitarse a determinar si una regulación agrega costos, sino a determinar si los costos que genera son inferiores a los costos económicos y sociales de mantener prácticas asimétricas. Reducir costos de las empresas no es de por sí eficiencia económica, porque entonces sería muy fácil: reducimos salarios a la mitad y ya. Sí es eficiente reducir los costos del sistema productivo y de distribución en su conjunto.
Las críticas a la presencia de un segundo importador son de resolución más compleja. Se trata, sí, de aumentar la competencia. La incorporación de nuevos importadores puede reducir los márgenes de exclusividad, ampliar el abastecimiento, mejorar la situación asimétrica del minorista, todo incrementando la competencia entre los distribuidores, y de ese modo presionar a la baja de precios. Pero no necesariamente eso debe pasar; existen condiciones de representación comercial, economías de escala, costos de distribución que pueden alterar el resultado. El número de empresas importadoras no es condición suficiente para la baja de precios; cantidades, calidades e innovación también juegan su papel.
Hay que considerar que la empresa que realiza una inversión para registrar un producto, introducir la marca en el mercado y comercializarla invierte legítimamente y puede exigir que su inversión se proteja ante otra que puede aprovecharse gratuitamente de esa inversión, problema conocido como free riding. Sin embargo, hay que distinguir entre la protección de una inversión genuina, que beneficia al mercado, y la protección de una posición comercial que permita excluir competidores.
El primer importador tiene sus legítimos derechos, pero estos no incluyen un carácter indefinido de control sobre la comercialización. Existe la necesidad de eliminar barreras injustificadas. Es posible reconocer períodos de protección y exigir a los importadores posteriores las mismas condiciones técnicas y sanitarias, pero no que para ellos sea una limitante indefinida. De hecho, el proyecto tiene la virtud de establecer un plazo, que como todo plazo es arbitrario y discutible, y que en todo caso puede sustituirse por otro, también arbitrario y discutible.
En el fondo de esta discusión hay dos concepciones diferentes de competencia: si la competencia es la libertad de los agentes económicos para negociar contratos, organizar cadenas de distribución y decidir estrategias empresariales, o si ello no es suficiente y es necesario evitar que determinados operadores puedan utilizar su poder económico para impedir la entrada de nuevos operadores y apropiarse de rentas derivadas de posiciones privilegiadas. Esta última, a nuestro juicio, es más ajustada a la realidad de los mercados actuales. La previsibilidad y la libertad contractual son relevantes para desarrollar los mercados competitivos, por tanto, no toda intervención estatal regulatoria es conveniente; sin embargo, la asimetría de poder debe tener sus límites para que haya una sana competencia. El objetivo de la política de competencia debe ser el bienestar del consumidor.
Desde otro ángulo se ha criticado de la ley la facultad de crear mesas resolutivas para la modernización regulatoria con presencia privada. Esto, que es en sí una buena cosa, se ve como una amenaza de transferir los aspectos regulatorios a las empresas más poderosas. Error. Las presiones de lobby no las crea la ley, son el comportamiento usual de los empresarios y otros sectores corporativos; el lobby ya existe. Un mecanismo de este tipo no hace más que transparentarlo. Cualquier ministro sabe, especialmente el de Economía, que su agenda se compone en un alto porcentaje de reuniones en las que grupos empresariales y otros vienen con sus solicitudes. Es bueno que se sepa que tal decreto desburocratizador tiene detrás el interés de tal o cual grupo empresarial. Y no que se nos diga entre gallos y medianoches que fue una fábrica de chicles.
Es perceptible que el proyecto de ley introduce mecanismos de simplificación administrativa, mejora la eficiencia de las regulaciones, institucionaliza la defensa de la competencia con independencia del ciclo político, facilita la participación de nuevos operadores, reduce la asimetría de información para el consumidor, facilita nuevos emprendimientos innovadores, simplifica costos operativos de las pequeñas empresas y su inserción a los mercados. Todo hace a la eficiencia del Estado.
La competitividad no depende solo de los salarios, el tipo de cambio o la productividad. También es necesaria la eficiencia del Estado. Si bien esta ley no es una reforma modernizadora del Estado, lo que debería abarcar lo institucional y lo político, es un paso relevante en la eficiencia de este, para que nuestra solidez macroeconómica sea acompañada por una microeconomía cada vez más sana. Por tanto, es necesaria su aprobación sin dilaciones, con los debates que conduzcan a ajustes necesarios y no distorsionen el objetivo último. Luego, todo dependerá de la reglamentación y de la evaluación de los resultados.
Raúl Labadía es investigador y ensayista, miembro de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.