Cada 25 de noviembre repasamos, con razón, las violencias que atravesamos o hemos atravesado las mujeres. Pero hay una pregunta incómoda que conviene hacerse: ¿a quiénes dejamos fuera de esa mirada? ¿Quién entra en la palabra víctima y quién queda del otro lado bajo otros rótulos: “problemáticas”, “complicadas”, “peligrosas”?
Hablo de las adolescentes que viven o vivieron bajo la protección del Estado, institucionalizadas en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Para muchas de ellas, la palabra víctima llegó tarde, o nunca llegó. No son pocas: 3.292 niños, niñas y adolescentes viven en centros de protección especial, separados del cuidado familiar. Casi la mitad de ellos son adolescentes: 1.559 tienen entre 13 y 17 años y, de esos adolescentes, 854 son mujeres.
Antes de ser noticia, fueron niñas a las que los adultos les fallamos: familias atravesadas por la pobreza y la violencia, hogares donde no hubo cuidado, instituciones que no siempre lograron reparar lo que debían reparar. En ese vacío operan las redes de explotación sexual y las redes delictivas, que saben detectar exactamente eso: a quien no tiene quién la espere. Captan, prometen pertenencia, usan sus cuerpos y las descartan. En el medio, el Estado, a través del INAU, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otros organismos encargados de la protección social, intenta competir con esas redes.
¿Por qué llegan? Un estudio de Equipos Consultores para el INAU y Unicef de 2021 sobre el sistema de protección de 24 horas encontró que 49% de los ingresos responde a experiencias de abuso o violencia; el resto se reparte entre el consumo de alcohol y drogas de sus referentes adultos (19%), las dificultades económicas (18%), el abandono (16%), la enfermedad de quien cuida (10%), la situación de calle (8%) y la discapacidad (7%), entre otras causas. Entre las formas de violencia registradas figuran la negligencia (27%), la violencia física (29%) y psicológica (25%), el abuso sexual (16%) y la explotación sexual comercial (4%). Las adolescentes que ingresan arrastran historias de maltrato, abuso y explotación sexual, y con frecuencia son víctimas de circuitos de microtráfico. En su gran mayoría, no están ahí por lo que hicieron, sino por lo que les hicieron o por lo que les faltó.
Una adolescente explotada no es una delincuente que eligió su destino; es una niña captada por adultos que se aprovecharon de su vulnerabilidad. Que en ocasiones termine participando en hechos delictivos no invierte el orden de las responsabilidades: primero fue captada, después instrumentalizada. Su cuerpo fue o es utilizado como una cosa.
A esa violencia se suma otra, más ruidosa y mucho más aceptada: la exposición. Videos grabados con el celular, imágenes de peleas, de fugas, de detenciones, de momentos de crisis, de descompensaciones circulan por redes y grupos de mensajería con comentarios que juzgan, se burlan o piden castigo. Se muestra a adolescentes en su peor momento, sin su consentimiento, sin protección de su identidad y sin ningún cuidado por lo que ese archivo va a significar en su vida adulta. La Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra propia legislación protegen la privacidad y la imagen de niñas, niños y adolescentes; la viralización las atropella con un clic.
Recientemente una valiente jueza letrada de Las Piedras falló contra un programa de streaming, obligando a bajar el contenido que vulneró la identidad de adolescentes que se encontraban en un hogar, no exponiendo sus caras, pero sí identificando el lugar, exponiendo a los cuidadores y estigmatizándolas en una ciudad pequeña. Eso no es información ni denuncia ciudadana: es una forma de violencia. Repite el daño original, fija una identidad (“la que pelea”, “la que se fugó”, “la que se prostituye”) que vuelve casi imposible empezar de nuevo. Y alimenta una frase que se escucha en comentarios, en reuniones de amigos y a veces en debates públicos: “Ellas son un peligro para la sociedad”. Esto es reproducido por trabajadoras y trabajadores, exdirigentas sindicales y políticas, incluso es respaldado por un partido político, sin que ello implique una autocrítica o un apoyo a los otros trabajadores y trabajadoras que se hacen cargo y cuidan de esas infancias y adolescencias.
Este 25N, además de repudiar las violencias, vale un gesto pequeño y concreto: no compartir. No reenviar el video, no comentar la humillación, no pedir castigo para quien ya fue dañada demasiadas veces.
La frase invierte los términos. Quienes estuvieron y están en peligro son ellas. La sociedad, en cambio, tiene una deuda.
La antropóloga Rita Segato llama “pedagogía de la crueldad” al conjunto de prácticas, discursos y espectáculos que nos enseñan a mirar a otros seres humanos como cosas: algo que se usa, se exhibe o se descarta. Esa pedagogía va debilitando la empatía y hace tolerable lo que debería ser intolerable, hasta que la violencia deja de escandalizar. Las redes sociales son hoy uno de sus escenarios principales. Cada video compartido para burlarse o para exigir castigo es una pequeña lección: estas vidas no cuentan igual. Quien reenvía, comenta o se ríe participa, quiera o no, en esa enseñanza.
La alternativa que nos plantea Segato también es una pedagogía: la de la sensibilidad. Una forma de mirar y de intervenir que reconoce a cada adolescente como sujeta de derechos, con una historia que explica sin justificar, y que entiende que cuidar no es encerrar. Eso obliga a discutir el modelo de institucionalización: la internación prolongada en contextos colectivos no repara por sí sola, y el consenso internacional sobre cuidados alternativos apunta a que niñas, niños y adolescentes crezcan, siempre que sea posible, en entornos familiares y comunitarios.
En esa dirección trabaja el INAU al transformar el sistema de protección especial, con acciones de desinternación y de inclusión social a través del fortalecimiento de las familias de origen y la generación de nuevas familias amigas. Recientemente se abrió Agape en Montevideo, un proyecto en convenio con una organización social que se está encargando de insertar provisoriamente a bebés en familias amigas; lo hace con una red de apoyo que incluye cooperativas de viviendas, organizaciones barriales y empresas. Y así otros proyectos en Canelones. Pero además se están transformando las puertas de ingreso con una metodología nueva y una atención diferenciada por edades y vulnerabilidades de las adolescentes.
Botija de mi País es otra de esas apuestas que apuntan a generar proyectos deportivos, recreativos y espacios de oportunidades en territorios para adolescentes. En estos meses abrirán 15 centros, pero se proyectan algunos más. Su sentido es simple y exigente: que las adolescentes dejen de ser vistas solo desde su riesgo y empiecen a ser vistas desde sus posibilidades.
Ningún programa alcanza si el resto de la sociedad sigue enseñando lo contrario. Este 25N, además de repudiar las violencias, vale un gesto pequeño y concreto: no compartir. No reenviar el video, no comentar la humillación, no pedir castigo para quien ya fue dañada demasiadas veces. Y a quienes tenemos voz pública, preguntarnos con qué palabras nombramos a estas adolescentes.
Las adolescentes no son un peligro para la sociedad. Son la medida de lo que la sociedad todavía tiene que aprender a cuidar.
Andrea Venosa es abogada y secretaria general del INAU, y dirigenta de Casa Grande, Frente Amplio. Fue directora por el Frente Amplio del Inisa en el período 2020-2025.
