Un pedido de acceso a la información pública realizado en diciembre de 2025 confirma que 105 organizaciones de la sociedad civil (OSC), de diversos perfiles, en todo el país, mantienen más de 250 convenios vigentes con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ejecutando prácticamente la totalidad de las políticas sociales desde 2005 (con la creación del Mides) hasta la fecha.
Cerca de 2.500 trabajadoras y trabajadores (que no son empleados públicos) sostienen en territorio y dentro del ministerio programas esenciales: atención, captación y derivación de personas en situación de calle, gestión de diversas respuestas habitacionales, servicios para mujeres víctimas de violencia basada en género y generaciones, dispositivos de salud mental y atención a consumos problemáticos de drogas, discapacidad, entre otros. Sin embargo, los atrasos en las partidas generan deudas del Estado con las organizaciones y de estas con sus equipos, lo que profundiza la precarización laboral en la primera línea de atención social.
Los atrasos en las partidas generan deudas del Estado con las organizaciones y de estas con sus equipos, lo que profundiza la precarización laboral en la primera línea de atención social.
No se trata solo de un problema administrativo. Es un problema político. Las OSC no son meras “tercerizadas”: agregan valor a la política pública y forman parte del entramado democrático que construye, ejecuta y evalúa política pública desde hace más de tres décadas. Producen conocimiento, innovación metodológica y control ciudadano. Sin embargo, siguen siendo un actor invisible en el diálogo social que el propio ministerio promueve, aunque necesarias operativamente.
Un gobierno de izquierda –como el que encabeza el presidente Yamandú Orsi– tiene el mandato de fortalecer la participación y resolver las distorsiones estructurales que afectan derechos. Eso implica revisar el sistema de rendiciones, modernizar los procesos administrativos, fortalecer la institucionalidad y, sobre todo, reconocer políticamente a las organizaciones que sostienen las políticas públicas en el territorio.
No reclamamos privilegios. Reclamamos diálogo, reconocimiento y condiciones justas para quienes garantizan derechos todos los días. Porque la democracia no se agota en el Estado: se construye con la sociedad organizada.
Natalia Cámara es psicóloga social.