La laicidad no es una reliquia del pasado ni una neutralidad vacía. Es una herramienta política y ética para impedir que una verdad particular se vuelva obligatoria para todos y para sostener un espacio común en medio de las diferencias.
En el natalicio de José Pedro Varela conviene hacer algo más que rendir homenaje a una figura del pasado. Conviene preguntarnos qué significa hoy defender la laicidad y por qué sigue siendo una de las grandes conquistas políticas, éticas y pedagógicas de la modernidad republicana.
La laicidad no es una reliquia del Uruguay reformista. Sigue siendo una idea en disputa. José Pedro Varela comprendió algo decisivo: una sociedad democrática no puede organizar su educación pública ni su vida común sobre la base de una verdad revelada, un dogma particular o una fe convertida en norma para todos. La escuela pública, gratuita y laica formaba parte de una arquitectura republicana más amplia: la de construir ciudadanos libres antes que conciencias sometidas.
Conviene subrayarlo: la laicidad no nació como una cortesía frente a la diversidad. Nació como una afirmación radical de libertad e igualdad. Libertad de conciencia para creer o no creer, para pensar, dudar y revisar. Igualdad de todos ante lo público, sin privilegios para una cosmovisión particular. Henri Peña-Ruiz lo ha formulado con claridad: la laicidad descansa sobre la libertad de conciencia, la igualdad de derechos y la orientación universal de la esfera pública. No consiste en expulsar las creencias de la sociedad, sino en impedir que una creencia capture el espacio público y pretenda gobernarlo como verdad obligatoria.
Por eso sigue siendo un principio tan actual. Uno de sus adversarios visibles es el resurgimiento de los dogmatismos religiosos, morales y políticos conservadores. A veces se presentan como defensa de los valores, recuperación del orden o protección de la familia. Pero detrás de esos lenguajes suele reaparecer la misma tentación: convertir una visión particular del bien en patrón obligatorio para todos. Allí donde una moral privada pretende volverse ley pública, la laicidad debe alzar la voz. No por hostilidad a la religión, sino por una razón más simple y más alta: porque ningún ciudadano debería vivir en un espacio público regulado por las convicciones metafísicas de otro.
Pero el elogio de la laicidad exige honestidad intelectual. No alcanza con discutir a la derecha dogmática. También hay que interrogar ciertas derivas contemporáneas que, desde otros lugares ideológicos, lesionan igualmente la posibilidad de un mundo común. Me refiero a formas de segmentación identitaria que, en nombre de agravios reales o de luchas legítimas, terminan absolutizando la pertenencia y sospechando de toda universalidad. Allí donde todo queda reducido a identidades cerradas y legitimidades parciales, el espacio público corre el riesgo de fragmentarse en una suma de tribus morales.
Por supuesto, la crítica a los universalismos falsos tiene razones de peso. Muchas veces lo universal fue la máscara de privilegios concretos. Pero de esa constatación no se sigue que haya que renunciar a toda construcción universal. Se sigue, más bien, que hay que disputarla y ensancharla para que sea verdaderamente de todos.
La laicidad no es una reliquia del pasado ni una neutralidad vacía. Es una herramienta política y ética para impedir que una verdad particular se vuelva obligatoria para todos y para sostener un espacio común en medio de las diferencias.
La laicidad también suele ser denostada, a derecha e izquierda, por quienes no soportan su exigencia más profunda. A derecha, se la acusa de relativizar valores y debilitar la tradición. A izquierda, a veces se la reduce a una neutralidad vacía o se la desprecia como un formalismo incapaz de comprender las demandas de reconocimiento. En ambos casos se pierde su nervio central. Unos quisieran reponer un fundamento moral superior; otros, disolver el espacio compartido en una constelación de pertenencias. Para unos y para otros, aunque por caminos distintos, termina primando la polarización y la segmentación.
Unos reducen la vida pública a la imposición de una moral supuestamente superior; otros la fragmentan en identidades que parecen no deberse ya a ninguna referencia común. En ambos casos, la consecuencia se parece: se debilita la posibilidad de un espacio compartido, se empobrece la conversación democrática y se vuelve cada vez más difícil pensar una vida pública que tenga referencias compartidas.
Sin embargo, ese es precisamente el desafío de nuestro tiempo. No se trata de negar los conflictos, ni de suprimir las diferencias, ni de imaginar una convivencia ingenua, sin tensiones. Se trata de construir un espacio público que reconozca los límites, conflictos y deudas de la democracia, pero que al mismo tiempo haga viable la posibilidad de una vida en común.
La laicidad pertenece a esa tarea. No ofrece una solución mágica ni un consenso vacío. Ofrece algo más sobrio y más valioso: un marco de convivencia donde nadie pueda erigir su verdad particular en ley general y donde las diferencias puedan tramitarse sin romper el suelo compartido de la ciudadanía.
Por eso la laicidad no debe confundirse con neutralización. No es una política sin sustancia. Toma partido, y debe hacerlo, por la libertad de conciencia, por la igualdad de dignidad, por los derechos humanos y por la construcción de un mundo compartido. No borra diferencias: las vuelve convivibles. No pide a nadie que abandone su identidad: pide que ninguna identidad reclame para sí el monopolio de lo legítimo.
Volver a Varela, entonces, no es un gesto ceremonial. Es recordar que la educación y la república uruguaya se pensaron, en uno de sus momentos más altos, como una apuesta por la emancipación y no por la obediencia. Tal vez esa sea la mejor manera de homenajearlo hoy: no repetir su nombre, sino prolongar su batalla. Porque la laicidad sigue siendo, en el fondo, una de las formas más nobles de la justicia: la decisión política de que ninguna verdad particular tenga derecho a convertirse en destino obligatorio de todos.
Juan Pedro Mir es maestro y fue director nacional de Educación.