Crysol, la organización que reúne a personas que fueron presas políticas de la dictadura, conmemoró el sábado de la semana pasada 41 años de las últimas liberaciones, y expresó entre otras cosas su satisfacción por el avance hacia el ejercicio de derechos negados desde 1985.
Hasta 2006, las reparaciones estatales a víctimas del terrorismo de Estado provinieron de varias normas sucesivas, y no fue casual que la penúltima fuera la tardía Ley 17.949, para funcionarios militares y aprobada recién en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Fueron reparaciones parciales, relacionadas con la actividad laboral: restituciones y recomposiciones de carreras y de causales jubilatorias, correspondientes al período en que las personas indemnizadas no habían podido continuar en sus puestos de trabajo (con excepciones en el caso de los militares, que recibieron ascensos retroactivos, pero no fueron reincorporados al servicio cuando tenían todavía edad para ello).
Todo eso fue pertinente y justo, pero los daños a resarcir no eran, obviamente, solo laborales, y los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo obligan a compensar también otros, de mayor gravedad. Por ejemplo, la privación ilegal de libertad, las torturas y los estragos causados a los proyectos de vida de las personas directamente agredidas y de sus familias. En 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 60/147, sobre el derecho a obtener reparaciones que asiste a “las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario”, bajo los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención.
Décadas de desamparo
También en 2006, la última ley uruguaya en la materia fue la 18.033, que estableció una “pensión especial reparatoria” (PER), pero el texto de esa norma y el decreto que la reglamentó reiteraron un enfoque incompleto y con exclusiones, que incumple los compromisos antedichos.
La PER se interpretó como una compensación más para que las víctimas no quedaran desprotegidas por el sistema jubilatorio. Con ese criterio, excluye a las personas que ya se acogieron a normas reparatorias anteriores y a las que tienen ingresos superiores a 8,5 bases de prestaciones y contribuciones, que en la actualidad equivalen a unos 58.300 pesos. Además, y esto es lo más grueso, quienes ya perciben una jubilación o pensión no pueden sumarle una PER: deben elegir si cobran una o la otra, como si los derechos al retiro y a la reparación fueran incompatibles entre sí y hubiera que renunciar a uno de ellos.
En 2012, la entonces flamante Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le recomendó al Poder Ejecutivo que adecuara las leyes reparatorias a lo dispuesto por las normas internacionales que obligan a Uruguay. En 2017, ante la ausencia de iniciativas en ese sentido, Crysol reiteró el reclamo con un texto titulado “Cinco años es mucho tiempo” y presentó un proyecto para cumplir con lo recomendado por la INDDHH.
Once es más que cinco. En 2023, casi 900 personas que sufrieron prisión política pidieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declarara inconstitucionales e inaplicables los artículos restrictivos de la PER en reclamo por “la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de tres incisos de la ley”. En 2024, la SCJ rechazó la solicitud.
Trece es más que 11, y hasta las paciencias enormes se agotan. En febrero del año pasado se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar que el Estado uruguayo cumpliera de una vez por todas con sus compromisos. Llevó 767 firmas. El paso del tiempo aumenta el número de víctimas fallecidas sin que se hiciera justicia.
Tardó, pero llega
No cabía otra posibilidad que la de un fallo favorable a la demanda, y el 20 de febrero, cuando se estaban cumpliendo los plazos para que el Poder Ejecutivo le respondiera a la CIDH, el presidente Yamandú Orsi convocó a representantes de Crysol para comunicarles la voluntad gubernamental de llegar a “un acuerdo amistoso”.
Tal acuerdo implica rechazar el relato falso que impulsan las derechas, a nivel internacional, acerca de las reparaciones a víctimas del terrorismo de Estado. Como mostró una investigación conjunta de la diaria Verifica, Estadão de Brasil y Fast Check de Chile, esa narrativa sostiene que las organizaciones defensoras de los derechos humanos mienten para obtener grandes beneficios económicos. Se ha llegado al extremo de afirmar que esto explica el déficit de los sistemas previsionales, pese a que en Uruguay, por ejemplo, el pago de la PER no llega a ser el 0,4% de los desembolsos del Banco de Previsión Social.
La PER no es un privilegio ni un premio, aunque merezcan uno quienes lucharon contra la dictadura con riesgo de su vida y pagaron un alto precio por ese servicio a la patria. Lo que no merecen es mezquindad.