La preocupación sobre los posibles riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet no es nueva. A lo largo de los años ha sido tema de estudios, intervenciones pedagógicas y políticas de alfabetización digital. Lo novedoso de estos últimos años es el impulso que viene ganando una intervención específica: el establecimiento, por ley, de una edad mínima para acceder a las redes sociales. Australia y varios estados de Estados Unidos ya han legislado en este sentido, seguidos por iniciativas en otros países, como Francia, Dinamarca, España y Reino Unido, no sin críticas y oposición social. La discusión también se está instalando en Uruguay, con anuncios de que será parte de la próxima agenda parlamentaria.
Sin embargo, determinar una edad mínima por ley no es la única opción para abordar los desafíos que plantean las redes sociales para el bienestar de las personas más jóvenes. Y, de hecho, es la menos recomendable por su dudosa justificación y los graves riesgos que conlleva. Los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de las más jóvenes, están en juego.
El argumento principal de esta ola prohibicionista es que las redes sociales supuestamente dañan la salud mental de los adolescentes. Pero la evidencia científica sobre la asociación entre el uso de tecnologías y salud mental es heterogénea y contradictoria. Revisiones sistemáticas y metaanálisis señalan que, si bien algunos estudios encuentran vínculos negativos, otros no hallan asociación o incluso detectan efectos positivos. No hay consenso en la comunidad científica sobre cómo medir la correlación entre estos fenómenos complejos. Recordemos que correlación no es causalidad. Factores como los antecedentes familiares y personales de salud mental, o la pertenencia a grupos discriminados, también intervienen. Culpar a la tecnología como la única causa desvía la atención de intervenciones personalizadas que podrían ser más eficaces que la prohibición.
En Uruguay, podemos mencionar el reciente trabajo de Karina Colombo, Elisa Failache y Martina Querejeta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar que analiza la correlación entre el avance del despliegue de fibra óptica en el país y la peor situación de salud mental reportada por la Encuesta Nacional de Juventud. Sin embargo, según el equipo de investigación, los resultados obtenidos son ambiguos y no permiten concluir que sea necesaria una prohibición. Al ser entrevistadas por la diaria, las investigadoras dijeron: “Prohibir es lo más fácil, lo más difícil es apoyarlos para ver cómo usar la herramienta para los mejores fines. Intentemos acompañarlos”. El informe “Kids online Uruguay”, de Unicef Uruguay, apunta en el mismo sentido, mientras que el propio Unicef considera que la restricción por edad no es una panacea, y que también conlleva riesgos y puede ser contraproducente.
Resulta llamativo entonces que en la agenda política se priorice este tema frente a otros, como la pobreza infantil y juvenil, la violencia en los centros de estudio, la violencia vicaria, la explotación y el abuso sexual. Algunos de estos temas (que sin duda son relevantes para la salud mental) han pasado por titulares de noticias y artículos de opinión, pero poco ha quedado en términos de políticas concretas y recursos reales para abordarlos.
El debate actual confina la discusión a opciones binarias –prohibir o no prohibir las redes sociales– bajo una lógica clásica de pánico moral que suele ver a la juventud como “problemática”. Esta visión ignora que internet no es solo un entretenimiento o un espacio de socialización y aprendizaje. También es vital para la libertad de expresión juvenil; las generaciones nacidas en el siglo XXI están utilizando las redes para organizarse frente al genocidio, el racismo, el machismo, la corrupción, el cambio climático y las desigualdades e injusticias. La prohibición es también un silenciamiento que se realiza sin consultar a los protagonistas.
El argumento principal de esta ola prohibicionista es que las redes sociales supuestamente dañan la salud mental de los adolescentes. Pero la evidencia científica es heterogénea y contradictoria.
La prohibición está mal porque restringe la libertad de expresión y vulnera el acceso a la información de los y las jóvenes. Pero, además, la prohibición implica que las plataformas digitales tienen que controlar la edad de los usuarios, y esto requiere una verificación de identidad obligatoria para todas las personas. No vale que nos digan “vamos a verificar la edad, pero no para prohibir, solo para controlar los contenidos que ven los menores”. La verificación de edad está mal porque representa un riesgo para la privacidad y la libertad de expresión de todos los usuarios, jóvenes y adultos. Lo que se nos pide, “por el bien de los chicos”, es que las grandes empresas tecnológicas puedan amasar aún más datos sobre toda la población, y que aceptemos el riesgo de que esos datos (identidad real, junto con hábitos, preferencias, ideas políticas, creencias religiosas, etcétera) estén más al alcance de gobiernos autoritarios y de delincuentes informáticos.
Es necesario cambiar el sujeto y el enfoque: pasar de la prohibición para los jóvenes a la limitación del modelo de negocios de las grandes plataformas. Las redes sociales no son “adictivas”, pero se sustentan en un modelo publicitario diseñado para maximizar el tiempo de permanencia mediante algoritmos de popularidad que seleccionan el contenido, desplazamiento infinito y notificaciones intrusivas. Estas características de diseño hacen que los usuarios pierdan agencia sobre la información que reciben. No es necesario prohibir las redes, sino regular estas características, lo que beneficiaría a toda la población, incluyendo los y las jóvenes de todas las edades. Además, en el caso de los menores incluso se podría prohibir la publicidad dirigida y la recolección de datos sobre su comportamiento en línea.
De lo que se trata es de ponerle un límite a un modelo de negocios que prioriza la ganancia sobre la salud mental, el bienestar, la autonomía y la libertad de expresión. Pero enfrentar el poder de las grandes empresas tecnológicas requiere una coordinación internacional de largo aliento. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer de forma pragmática, en el corto y mediano plazo, para asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes en internet? Reafirmar la importancia de la educación y fomentar la responsabilidad de familias y centros educativos en la regulación de los tiempos en pantalla. Acompañar con una perspectiva gradual el uso de las plataformas digitales, ya que las mismas lógicas y límites que son adecuados para niños de 5 años no tienen por qué serlo para un adolescente de 15. Reforzar políticas públicas de acompañamiento e inclusión, formación técnica actualizada, alfabetización digital crítica y acceso a servicios de salud mental.
En definitiva, exijamos intervenciones reales e integrales, comprendiendo que muchas veces las intervenciones, en apariencia más fáciles, no son siempre las mejores.
Mariana Fossatti es socióloga, magíster en Sociedad y Desarrollo e investigadora del Laboratorio de Datos y Sociedad.