El actual proceso de concentración del poder económico revela tendencias globales de incremento de la desigualdad que alcanzan niveles comparables a la de fines del siglo XIX, mientras los multimillonarios muestran de forma cada vez más explícita sus pretensiones de incidir directamente en los procesos políticos.
El modelo económico neoliberal, que emerge con fuerza tras las crisis del petróleo de los años 70 y se consolida con la caída del bloque soviético en los años 90, configuró un capitalismo financiarizado, especialmente depredador e inestable, y una forma de globalización moldeada a fuerza de desregulación económica y liberalización comercial. Sin proponérselo, dicho modelo puso en riesgo el liderazgo histórico de Occidente y nuestras propias condiciones económicas, políticas, sociales y ecológicas de existencia. Allí encontramos las razones objetivas de la actual crisis de hegemonía, en el sentido gramsciano del término, que conduce al descontento social capitalizado políticamente por la ultraderecha en ascenso.
La globalización modificó el escenario económico global, habilitando el ascenso de China y otras potencias emergentes, y posibilitando la salida de la pobreza para millones de personas. Sin embargo, en el viejo centro económico se cocía el caldo de cultivo de un descontento social creciente, producto del desmantelamiento del Estado de bienestar y la pauperización de las condiciones de vida de sus clases trabajadoras.
En ese contexto, las fuerzas progresistas que eran opción de gobierno en los países centrales abandonaron la alternativa de un programa transformador que avanzara en la transferencia de poder y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, y se comprometieron con el consenso neoliberal. Así, los electores tuvieron que conformarse con elegir entre “lo posible”: el neoliberalismo progresista, que combinaba las mismas recetas económicas con una política meritocrática liberal de reconocimiento, y el neoliberalismo reaccionario, con una visión excluyente de corte nacionalista, racista, xenófoba y heteropatriarcal.
En América Latina, las políticas de apertura y desregulación aplicadas por las dictaduras cívico-militares y los gobiernos neoliberales de los años 90 acentuaron las características más regresivas del capitalismo periférico que caracteriza a la región: heterogeneidad estructural, desigualdad y exclusión. A comienzos de siglo, la articulación entre condiciones económicas favorables, producto del boom de las commodities, y el triunfo de gobiernos progresistas habilitaron un proceso de reducción de la pobreza y la desigualdad. Dicho proceso, breve y poco profundo, encontró rápidamente sus limitaciones al no avanzar sobre la estructura productiva, e incluso profundizar su carácter extractivista y primarioexportador en muchos casos.
Así, una vez finalizado el “viento de cola”, el modelo económico se enfrentó nuevamente a los problemas propios de la dependencia de una matriz basada en recursos naturales, dada la alta volatilidad de la demanda y precios internacionales propia de las commodities. El contexto económico menos favorable, con sus correspondientes problemas fiscales, y una clase dominante siempre dispuesta a torcer el rumbo político por los medios que fuera necesario condujeron a que retomáramos la vieja receta del ajuste.
La crisis financiera de 2008 marcó un parteaguas en el centro, y la falta de respuesta a los problemas económicos y sociales de las golpeadas clases media y baja por parte de sus sistemas políticos, que insistían en recetas neoliberales, alimentó la narrativa antiélites. Esta se expresó por izquierda y derecha, en movimientos como Occupy Wall Street y el Tea Party en Estados Unidos y el 15-M en España, entre otros. Es ese el contexto de surgimiento de alternativas políticas como Podemos, Francia Insumisa o la candidatura de Bernie Sanders. Pero también, y en parte por las limitaciones de esas mismas experiencias, provocó el fortalecimiento de una ultraderecha que se encontraba agazapada en alianza con sus primos liberales, y que vio en la brecha de legitimidad creciente la oportunidad de quitarse la máscara.
El crecimiento de Marine Le Pen, el surgimiento de Vox, el Brexit y el triunfo de Donald Trump dan cuenta de este fenómeno, en lo que parece constituirse como un populismo reaccionario. Como suele suceder con los proyectos políticos con derivaciones fascistoides en nuestra época, cuando accedieron al poder abandonaron rápidamente sus propuestas más ambiciosas en cuanto a la aplicación de políticas de corte populista en la disputa distributiva. En cambio, recrudecieron su faceta reaccionaria para sostener el apoyo de sus bases sociales, configurando un neoliberalismo hiperreaccionario en un intento por surfear la crisis de legitimidad sin tocar las bases mismas del sistema.
Se requiere entonces de un proyecto de izquierda que, sin caer en discursos demagógicos o anacronismos, sea capaz de proponer un nuevo horizonte de transformación.
Aquí me permito llamar la atención sobre la aparente contradicción entre una ultraderecha que aboga por políticas de corte nacionalista y proteccionista en el norte, mientras sus expresiones locales continúan apostando por la apertura y el libre comercio. No debemos extrapolar los debates y categorías del centro a la periferia de forma acrítica o automática.
En nuestra región, no puede desligarse la disputa distributiva de la necesaria transformación de nuestra matriz productiva. No es lo mismo declararse “nacionalista” en un país central –donde el proteccionismo suele ser una herramienta al servicio de sus clases dominantes y la narrativa nativista deriva rápidamente en racismo y xenofobia– que ser patriota en un país periférico, donde la apertura y liberalización ha sido impulsada por las oligarquías nacionales ligadas a los intereses de los centros económicos, y las estrategias proteccionistas o regionalistas son una condición necesaria para la diversificación de la economía y, por tanto, un pilar fundamental de cualquier proyecto emancipador.
Con sus particularidades, nuestro continente no es ajeno al avance de la ultraderecha, donde sobran ejemplos, como la victoria de Jair Bolsonaro en 2018, el triunfo de Javier Milei en 2023 o, más recientemente, el de José Antonio Kast en Chile. En este contexto, las fuerzas progresistas de la región se encuentran procesando un debate interno: moderarse como estrategia para seguir siendo opción de gobierno y continuar gestionando dentro de los márgenes del modelo, o profundizar el cambio ofreciendo una agenda renovada de transformaciones. Como advirtió Álvaro García Linera en agosto de 2025, anticipándose a la derrota del MAS en Bolivia: quedarse quietos es perder.
Abordar seriamente la crisis de hegemonía requiere dar respuesta a sus causas, lo cual difícilmente pueda realizarse en los estrechos márgenes del modelo económico neoliberal, ya sea en el norte o en el sur. En un contexto de creciente desigualdad y exclusión, el progresismo que se resigna a defender lo conquistado y administrar lo existente se vuelve garante del statu quo y pierde base de apoyo frente a una derecha mesiánica y demagógica que se presenta como alternativa.
Se requiere, entonces, un proyecto de izquierda que, sin caer en discursos demagógicos o anacronismos, sea capaz de proponer un nuevo horizonte de transformación. En primer lugar, dicha propuesta debe superar la falsa dicotomía entre contradicciones “principales” y “secundarias”, que alimenta la fragmentación de las grandes mayorías capaces de constituir un bloque contrahegemónico que dé respuesta a la crisis. La derecha ha sido especialmente eficaz en poner al penúltimo contra el último como estrategia para encontrar chivos expiatorios que funcionen como válvula de escape del conflicto social. No debe caer la izquierda en ese juego, creyendo que su derrota es culpa de un feminismo, un ambientalismo o un antirracismo que “se pasó tres pueblos”.
Enfrentar la desigualdad y la exclusión requiere comprender que no se trata de un juego de suma cero. Nuestros pueblos conviven con múltiples opresiones, y esos clivajes se combinan en un sistema que se reproduce precisamente porque afecta de manera diferencial a distintos grupos sociales. Solo una propuesta que articule redistribución igualitaria con reconocimiento incluyente puede construir las mayorías necesarias que requiere la disputa actual.
En segundo lugar, ese proyecto debe golpear donde el enemigo es más débil: su núcleo neoliberal. A diferencia de sus antepasados fascistas clásicos, que daban la batalla cultural –aunque no citaran a Gramsci– al tiempo que sostenían cierto grado de bienestar económico para sus excluyentes bases de apoyo, sus expresiones contemporáneas no pueden sostener la mentira frente al hambre.
La izquierda debe ser capaz de ofrecer respuestas a la altura de los problemas económicos y sociales que enfrentamos, derivados de la crisis climática, la automatización y precariedad laboral, el envejecimiento poblacional, entre otros. Fenómenos que ponen en cuestión no solo la sostenibilidad del sistema, sino también las respuestas que estamos acostumbrados a dar.
Contamos con sobradas experiencias regionales de gobiernos progresistas que han intentado capear el temporal sin hacer olas, y no han llegado a buen puerto. Y, pese a quien le pese, la historia nos muestra una y otra vez que la excepcionalidad uruguaya es más mito que otra cosa. Uruguay no ha sido ajeno a las tendencias regionales y globales, aunque las expresiones locales tuvieran sus particularidades.
Se requiere audacia para dar respuesta a la crisis con soluciones que beneficien a las mayorías: redistribuyendo la riqueza y el poder, garantizando una transición ecológica justa, fortaleciendo los sistemas de bienestar para dar respuesta a la crisis de cuidados y pensiones, reduciendo el tiempo de trabajo y liberando tiempo para el ocio, la formación, el desarrollo personal y la participación política, y transformando nuestras estructuras productivas para superar la dependencia y dar sostenibilidad al proceso de cambio. Si el inmovilismo se mantiene, nuestro sistema político podría mostrar pronto las consecuencias para descubrir tarde y a regañadientes que, a pesar de lo que cantaba el Cuarteto, los uruguayos somos latinos.
Iván Rügnitz Elissalde es militante frenteamplista y estudiante de la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Una primera versión de esta columna fue presentada como ponencia en el XXIX Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo de México, en setiembre de 2025.