"No voy a aprender vuestro maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el vuestro". Como anfitrión ante presidentes de doce Estados latinos, más que una mano tendida es una trompada en la cara. Un signo claro de someter a la servidumbre. Luego continuó con su provocación de apoderarse del Canal de Panamá. Frente al presidente panameño, que calló y otorgó.
Con el respeto que usted me merece, Sr. Presidente Yamandú Orsi: sorprendieron sus declaraciones un tanto ambiguas. “El presidente Orsi afirmó que Uruguay está 'dispuesto' a integrar la alianza 'escudo de las Américas' y consideró 'raro' no haber sido invitado (Teledoce)”.
Se sabe que el mundo de hoy es muy agresivo, y por ello hay que rodearse de amigos y no favorecer y hacer enemigos. Pero en este caso se trata del peor escenario para unir fuerzas contra el crimen organizado. Alentado solo por la derecha y extrema derecha con fines ideológicos que no tienen nada que ver con la política de drogas y el combate al narcotráfico.
¿Puede haber dos miradas tratándose de narcos? Sí. Hay dos miradas. También varios intereses y actitudes. Estados Unidos, rompiendo el principio de responsabilidad común y compartida, traslada la “guerra contra las drogas” ahora en su fase letal, hacia América Latina y el Caribe, siendo el país, junto a Europa, que más demanda creciente tiene por consumo de drogas. Tienen la crisis de los opiáceos: más de 100.000 muertos por sobredosis al año. El tráfico de armas viene desde allí y va de norte a sur, como acaba de afirmar la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Además, concentran en su territorio los centros financieros mayores de lavado de dinero. Por otra parte, no conocemos las incautaciones dentro de su territorio. Porque las drogas no llegan solitas a los consumidores. Hay redes.
Además, ya tenemos espacios de cooperación, como por ejemplo la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington. La Comisión de Estupefacientes de la ONU, que coordina acciones a través de la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc). La Cicad tiene el Mecanismo de Evaluación Multilateral, donde todos los estados de las Américas se evalúan mutuamente. Estados Unidos aporta el 59% del presupuesto de la OEA. El capricho imperial del escudo trumpista se parece más a una jaula, a una exigencia de control regional, que a un espacio de cooperación. Espacios de coordinación con Estados Unidos y con todas las Américas ya existen y han sido muy positivos.
En Miami no se firmó un documento consensuado por los doce mandatarios. Fue una proclama. A la que solo hay que adherir:
“Por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, proclamo lo siguiente: (...) (3) Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada. (4) Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental”.
Repasemos la “guerra contra las drogas¨
Es contundente la evidencia científica y los balances políticos en todos los foros multilaterales y de varias miradas: fracaso total. Ahora con Trump entramos en la fase letal 2.0. Tendremos más muertos, más consumidores, más producción, más tráfico. Estados Unidos ocupó con otras excusas (llevan 260 intervenciones militares en el mundo desde 1991) Afganistán por 20 años. Se retiraron luego de gastar más de 300.000 millones de dólares: gobierna el Talibán, es el mayor productor y exportador de opio, heroína y derivados: 79% de la producción mundial.
Hace 55 años, desde Estados Unidos, Nixon lanzó otro escudo: la “Guerra contra las drogas”. Ha sido y es una guerra contra las personas pobres, jóvenes, campesinos, mujeres. Un millón de muertos de América Latina y el Caribe. Han crecido los cultivos de hoja de coca, han surgido nuevas sustancias, se ha incrementado la violencia, la fragmentación social. El crimen organizado gira en varios rubros y ha penetrado en las empresas, el deporte, el negocio inmobiliario. La corrupción de policías, militares, jueces y fiscales ha crecido, a pesar de la noble lucha y sacrificio de otros muchos que dan su sangre en esta guerra infame. Lo afirman expresidentes como Ernesto Zedillo, César Gaviria, Henrique Cardoso, Ruth Dreyfus, el novelista fallecido Mario Vargas Llosa, Helen Clark, innumerables centros académicos y de investigación.
Los liberales de la Escuela de Chicago han sido contundentes. Preguntado Milton Friedman sobre cuál sería la situación si las drogas fueran legales, dijo: “Pienso que América tendría la mitad de prisiones, la mitad de reclusos, diez mil homicidios menos al año, barrios urbanos en los que habría una oportunidad para gente pobre que viviría sin temer por sus vidas, ciudadanos que podrían ser respetables que son ahora adictos, no convirtiéndose en criminales para obtener su droga, pudiendo obtenerla con garantías de calidad. Ya se sabe, ocurrió lo mismo que bajo la prohibición del alcohol con la ley seca que duró desde 1920 a 1933. Lo único que produjo fueron organizaciones criminales y aumento de la violencia”. Y agregó: “Si la cocaína fuera legal, no tendríamos el crack”.
Se puede cooperar manteniendo en alto nuestros principios: no intervención y autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de los Estados, defensa de la democracia y los derechos humanos.
Kofi Annan, ex secretario general de ONU, dijo en 2016 antes de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas UNGASS 2016: “La guerra contra las drogas no ha tenido éxito. La prohibición global cuesta 100.000 millones de dólares al año; hay 300 millones de consumidores, que contribuyen a un mercado ilícito de 330.000 millones de dólares al año. Es hora de legalizar todas las drogas”.
Con la Operation Southern Spear vamos por una nueva guerra 2.0. Hundimiento de 47 lanchas, 141 asesinados, sin pruebas, ni juicios, sin información de lo incautado. Es decir que, además de violar el derecho internacional, la eficacia y eficiencia son menos diez.
Espacios confortables y eficientes
Como te digo una cosa, te digo la otra. Me parece muy saludable que Orsi participe en una cumbre liderada por el presidente español Pedro Sánchez y el brasileño Lula da Silva, mientras concentra fuerzas en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en "construir con todos" sin rivalizar con nadie. Es una buena noticia. Este escenario es un espacio de mayor confianza, confortable y donde se comparten la misma mirada y los mismos intereses.
Marcela Tovar, embajadora de Colombia en Viena, acaba de declarar: “Colombia llega a Viena con una convicción: el mundo necesita abrir una conversación honesta sobre los resultados del enfoque actual y avanzar hacia políticas de drogas que reconozcan la complejidad del problema, la dignidad de los territorios y la responsabilidad compartida de la comunidad internacional”.
El embajador Alejandro Garofali, junto al doctor Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, tuvieron una intervención ahora en Viena, apoyando la creación de un Grupo de Expertos Independientes destinado a revisar el sistema de fiscalización de drogas de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.
Nuestra actitud y perfil han sido coherentes y firmes durante más de veinte años en este espacio más importante de cooperación y definición de políticas en drogas. Fuimos quienes incorporamos la visión de derechos humanos y de desarrollo al tema. Hemos sido reelegidos para integrar la CND por sexto período consecutivo. No perdamos este equilibrio.
La subsecretaria Valeria Csukasi, en entrevista con la diaria, desarrolló muy claramente el perfil de relaciones internacionales de este gobierno, que tiene la virtud de una línea independiente, con visión estratégica de largo plazo, pensada en términos de desarrollo humano y principios.
Sería importante que el tema se discutiera en el ámbito institucional pertinente: la Junta Nacional de Drogas (JND). No solo porque allí están los expertos en el tema, sino porque lo obliga la Ley Decreto 463/988 de creación de la JND, que dice en su artículo 3 que es competente en “el relacionamiento multilateral de todo tipo de la República Oriental del Uruguay en materia de drogas”.
Es posible seguir construyendo políticas de drogas apegadas a los DDHH y respetuosas del derecho internacional. Uruguay tiene prestigio bien ganado y no se ha negado a la cooperación con todos los organismos multilaterales, los ministerios del interior, las policías de las Américas, incluida la DEA. Eso ha sido y será así por la naturaleza del crimen transnacional. Nadie se salva solo.
Pero en otro plano, hay actitudes diferentes frente al poder: la de la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, es un ejemplo. Delcy Rodríguez, en Venezuela, es otro. La soberanía en las decisiones es un principio y Uruguay puede tener su perfil, equilibrado, inteligente, apegado al desarrollo humano y al respeto de los derechos humanos. Se puede cooperar manteniendo en alto nuestros principios: no intervención y autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de los Estados, defensa de la democracia y los derechos humanos. Nuestra trayectoria promoviendo la debida integración de DDHH a las políticas de drogas, la decisión de promover el modelo de reducción de daños y la inédita y positiva experiencia de la regulación del mercado de cannabis son credenciales de gran peso a la hora de compartir experiencias y de la cooperación internacional.
Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.