Hay palabras que llegan tarde. Llegan después del hecho, después del silencio, al igual que la justicia, que tarda y a veces no llega. Incluso después de generaciones enteras que vivieron y murieron sin tener un nombre exacto para lo que les había ocurrido. Genocidio es una de esas palabras. La acuñó en 1944 el jurista polaco Raphael Lemkin, y cuando lo hizo pensaba en los armenios.
Este texto trata sobre eso: sobre lo que ocurre cuando el crimen existió antes que su nombre, cuando las víctimas tuvieron que nombrarlo ellas mismas. Lo llamaron Medz Yerguem. La gran tragedia.
Hay crímenes que no terminan cuando dicen que terminan. Es lo que ocurre con el genocidio contra el pueblo armenio. No solo porque la destrucción haya sido inmensa, sino porque el Estado que la ejecutó nunca dejó de ejecutarla: primero con todas las violencias inimaginables, después con el silencio, y luego con algo más activo y más perverso que el silencio: la negación sistemática del derecho del pueblo armenio a su historia, a su patrimonio, a su cultura, a su tierra. El crimen no quedó en el pasado. El crimen continúa.
Hay algo casi irónico en eso: la palabra que nombra el crimen nació del crimen mismo. Lemkin reconoció explícitamente el caso armenio como uno de los modelos históricos que dieron forma a su concepto. Y, sin embargo, a más de un siglo, quienes lo cometieron siguen sin reconocerlo.
La historia oficial suele fechar el genocidio en 1915, pero las matanzas comenzaron antes. Entre 1894 y 1896, Abdul Hamid II (el Sultán Rojo) ordenó a sus tropas regulares e irregulares el asesinato de entre 200.000 y 300.000 armenios. En 1909, la masacre de Adaná sumó 30.000 víctimas más y lo que ocurrió a partir de 1915 no fue improvisado: fue la culminación de una política de exterminio que venía tomando forma desde el siglo XIX y que, en sus distintas fases, ejecutaron tres gobiernos turco-otomanos sucesivos.
En 1915 y 1916, el gobierno otomano ordenó la deportación de toda la población armenia de Anatolia hacia los desiertos de Siria. Los hombres fueron masacrados en los primeros días. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron sometidos a marchas forzadas sin agua ni alimento en el desierto de Der Zor. Entre 1.500.000 y 1.800.000 vidas fueron exterminadas (quien suscribe perdió ocho de cada diez antepasados en esos años de genocidio).
Lo que distingue a este proceso como genocidio –y no como una masacre de guerra– es la intención. Existen los documentos del propio gobierno otomano que lo confirman, los testimonios de diplomáticos alemanes (aliados del imperio en ese momento) que enviaron informes consternados a Berlín; también el embajador estadounidense Henry Morgenthau documentó con precisión sus conversaciones con los líderes del Comité Unión y Progreso: hombres que expresaban claramente el propósito y la voluntad de destruir al pueblo armenio como colectivo. Las propiedades fueron confiscadas, las iglesias demolidas o convertidas en mezquitas, los nombres geográficos armenios borrados del mapa.
El genocidio no solo mató personas: extirpó una civilización de 5.000 años de su suelo ancestral. Pero el exterminio tuvo una dimensión que raramente se nombra con suficiente claridad: una parte considerable de la población de Turquía desciende de armenios. No de armenios emigrados voluntariamente, sino de niños y niñas arrancados de sus familias durante las deportaciones y entregados a hogares musulmanes para ser criados como turcos, o de mujeres reducidas a la esclavitud doméstica o sexual y obligadas a renunciar a toda identidad previa. Este mecanismo fue sistemático: las autoridades otomanas lo ejecutaron como política. Los niños recibían nombres turcos, se les castigaba por hablar en armenio y se les inculcaba ignorancia –o vergüenza– de su origen.
La turquificación forzada no fue un daño colateral: fue un método de desaparición. Convertir a los niños armenios en hijos del perpetrador era una forma de exterminio tan eficaz como la muerte. Ese origen no figura en ningún árbol genealógico turco: ocurrió, pero nadie lo escribió. Las estimaciones de investigadores y de la propia comunidad armenia de Turquía hablan de varios millones de personas con ascendencia armenia, sin saberlo o sin poder decirlo. Una cifra imposible de precisar, justamente porque el éxito del proceso dependía de su invisibilidad. Hoy, con las pruebas de ADN accesibles, muchos en Turquía están descubriendo –a veces con horror, a veces con alivio– lo que sus familias guardaron en silencio durante generaciones.
1923 no fue el fin, pero el genocidio físico –el asesinato masivo, las deportaciones, las marchas de la muerte– tuvo su tiempo culminante en esos años. Posteriormente prosiguió otro tipo de genocidio, más lento y más silencioso: el cultural. Turquía, la república fundada sobre las cenizas del Imperio Otomano y sobre tierras armenias vaciadas por la fuerza, continuó durante décadas borrando todo rastro de la civilización que había habitado ese suelo antes que ella. Tierras que el Tratado de Sèvres de 1920 reconoció como parte del Estado armenio y cuya frontera el presidente Woodrow Wilson trazó mediante laudo arbitral ese mismo año. Un tratado que Turquía firmó y no cumplió, un laudo que nunca se ejecutó y que es jurídicamente irrevocable, y un territorio que quedó ilegalmente en manos de quien lo había vaciado de vida y de cultura milenaria.
El jurista uruguayo Óscar López Goldaracena, en su obra Genocidio cultural armenio, formula con precisión que lo absoluto y permanente en todo genocidio es la eliminación del grupo, y se lleva a cabo también mediante la destrucción y apropiación deliberada de la cultura, la memoria y la identidad del pueblo atacado, que continúa al día de hoy.
Esa dimensión cultural del crimen ha sido también documentada desde la historia por Gerardo Caetano, intelectual e historiador de referencia, coautor de La causa armenia, que sitúa el gesto uruguayo de 1965 en una tradición de pensamiento político que tomó en serio la verdad cuando las grandes potencias optaban por el silencio.
El genocidio contra el pueblo armenio ocurrió y comenzó en la década de 1890, tuvo su culminación más brutal entre 1915 y 1923 y hoy continúa en la forma del genocidio cultural y del negacionismo sistemático.
Miles de iglesias, monasterios y cementerios armenios fueron abandonados, demolidos o convertidos en mezquitas. Los nombres de aldeas y ríos fueron borrados. El lago Van perdió toda referencia a su historia armenia en los mapas oficiales. El monte Ararat fue rebautizado y presentado como paisaje turco en una conversión no solo topográfica, sino ontológica. Se trató de hacer desaparecer no solo a los armenios, sino la evidencia de que los armenios habían existido.
Este genocidio cultural no es historia pasada. Continúa. La iglesia de la Santa Cruz en la isla de Akhtamar, en el lago Van –una de las joyas de la arquitectura armenia medieval, construida en el siglo X–, estuvo en ruinas y cerrada durante décadas. Los sitios arqueológicos armenios en la Armenia occidental (Anatolia oriental) son objeto, en el mejor de los casos, de indiferencia; en el peor, de destrucción deliberada. El genocidio cultural es la continuación del genocidio físico por otros medios: si no pudieron borrar a los armenios, intentaron borrar la memoria de su presencia.
Turquía ha sostenido durante más de un siglo una política oficial negacionista. No es simplemente una postura, también es una negación activa, sostenida con recursos diplomáticos y económicos, con presiones sobre los estados que intentan reconocer el genocidio, con leyes que criminalizaron hablar de lo ocurrido. La forma más peligrosa de esa negación no apela a la falsedad histórica, sino a una filosofía del tiempo: “Eso ocurrió hace más de 100 años, los turcos de hoy no son responsables”.
En el análisis de la Alemania de posguerra, Karl Jaspers distinguió entre culpa criminal, culpa moral y culpa política. La criminal recae sobre quienes actuaron; pertenece a los perpetradores. La moral recae sobre quienes sabían, miraron para otro lado o guardaron silencio cuando podían hablar. La política no exige participación personal: recae sobre quienes heredaron las consecuencias. Los ciudadanos turcos contemporáneos no eligieron el genocidio, pero sí heredaron el territorio armenio que hoy ocupan, las propiedades confiscadas, los paisajes vaciados de su historia. Y la negación activa agrava todas esas deudas: no es lo mismo heredar un crimen sin saberlo que dedicar los recursos del Estado a proclamar que ese crimen no existió.
Esa herencia no es abstracta. The Economist ha señalado que algunos de los mayores holdings económicos de Turquía tienen su origen en propiedades confiscadas a los armenios de Adaná y la región de Cilicia. La historiografía lo documenta con precisión: en 1915 el comercio y la industria de esas regiones estaban casi enteramente impulsadas por armenios. Lo que siguió fue una transferencia masiva y sistematizada: el gobierno otomano ordenó a los deportados confeccionar inventarios de sus bienes –supuestamente para custodiarlos durante la guerra– para luego distribuir esas propiedades, fábricas, tierras agrícolas y edificios entre la población musulmana turca. Familias como los Sabancı –hoy la segunda fortuna de Turquía, originarios precisamente de Adaná– construyeron sus imperios industriales sobre esa base material. Pero los armenios no imputan culpa criminal a los vivos, sino el reconocimiento de que la negación del genocidio es también, entre otras cosas, la negación de una deuda económica concreta y cuantificable.
Pero dentro de Turquía también hubo quienes dijeron y dicen la verdad. El historiador Taner Akçam investigó durante décadas y concluyó académicamente que el genocidio armenio ocurrió con intención de exterminio. Su trayectoria –encarcelamiento juvenil, exilio en Alemania, años de trabajo en los márgenes de la academia turca– ilustra el costo de esa conclusión.
También Orhan Pamuk, premio nobel de literatura, declaró: “En este país fueron asesinados 30.000 kurdos y más de un millón de armenios, y casi nadie se atreve a hablar de ello”. Fue rápidamente procesado. Posteriormente, debido a la gran presión internacional, los cargos se retiraron. Akçam y Pamuk no piden que Turquía se flagele, sino que deje de mentirse a sí misma. Un país que reconociera lo que hizo no sería un país derrotado: sería un país capaz de construir una identidad más libre.
Mientras Turquía sostenía –y sostiene– ese silencio culpable, un país del otro lado del mundo ya había acusado lo que ella se negaba a confesar. El 20 de abril de 1965, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley 13.326, declarando el 24 de abril Día de Recordación del Genocidio Armenio, y se convirtió en el primer Estado del mundo en reconocer formalmente el genocidio armenio. Ese reconocimiento no respondía a intereses económicos ni a cálculos estratégicos, sino a la presencia de una comunidad armenia arraigada, integrada y respetada plenamente en el país, y a la convicción de nuestros representantes legislativos y ejecutivos de que nombrar el crimen era una obligación moral antes que un acto de cortesía diplomática. No es un detalle menor: la primera nación del mundo en pronunciar esa palabra –genocidio– fue un país pequeño del Río de la Plata, sin intereses en Anatolia, sin nada que ganar salvo la coherencia con sus propios valores.
La política del reconocimiento confirma lo que ya sabemos: los estados no reconocen genocidios porque hayan llegado a la conclusión de que ocurrieron. Los reconocen cuando el costo de no hacerlo supera el de hacerlo. Alemania fue más lejos que la mayoría: en 2016 no solo reconoció el genocidio, sino que lamentó el papel del Imperio alemán que, como principal aliado del Imperio Otomano, no trató de detener estos crímenes, a pesar de la información explícita que tenían sus propios diplomáticos y misioneros. Estados Unidos lo reconoció en 2021, cuando las relaciones con Turquía atravesaban uno de sus momentos de mayor tensión. Israel, que conoce como ningún otro pueblo lo que significa el exterminio sistemático, nunca lo ha reconocido: el cálculo estratégico con Turquía y Azerbaiyán pesa más que la memoria. El gesto uruguayo de 1965 sigue siendo la excepción pues ilustra lo que siempre debería ser.
El monte Ararat, visible desde Ereván, es territorio armenio históricamente ocupado por Turquía. Es el símbolo nacional de Armenia –figura en su escudo–, pero su administración está en manos del Estado que ejecutó el genocidio. Los armenios lo ven desde lejos, desde un lado de la frontera actual. La montaña sagrada está al alcance de la vista, pero fuera del alcance de los pies, siendo, así, una historia política hecha paisaje. Llamarlo territorio turco es aceptar, sin decirlo, que la limpieza étnica legitima la soberanía. No la legitima, pues la administración de un territorio no borra su historia ni extingue los derechos de quienes fueron expulsados violentamente.
El genocidio contra el pueblo armenio ocurrió y comenzó en la década de 1890, tuvo su culminación más brutal entre 1915 y 1923 y hoy continúa en la forma de genocidio cultural y en el negacionismo sistemático. La justicia que se debe no es anacrónica: es la consecuencia lógica de un crimen que nunca fue completamente reconocido ni reparado.
Desde este lado del Atlántico, el Ararat también puede mirarse con claridad. Uruguay lo entendió en 1965. Buena parte del mundo todavía está aprendiendo.