El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció ante el Senado desde la mañana del jueves hasta las primeras horas del viernes, convocado por Pedro Bordaberry para que diera explicaciones sobre varios asuntos relacionados con la seguridad pública. El dato nuevo de contexto estaba dado por la presentación, a fines del mes pasado, de un plan nacional en la materia como referencia estratégica.
Era una oportunidad para intercambiar y confrontar opiniones, sobre lo realizado hasta el momento y también sobre los lineamientos planteados desde el Poder Ejecutivo, después de un amplio proceso de diálogo, como base para una política de Estado. Lamentablemente, el interpelante decidió hacer otra cosa, muchísimo menos útil.
Bordaberry, durante el llamado a sala y en sus declaraciones posteriores, insistió con un relato que niega o distorsiona datos básicos de la realidad. Según el senador colorado, la seguridad pública empeoró bruscamente desde el primer gobierno nacional del Frente Amplio (FA), porque este liberó a personas privadas de libertad; mejoró mucho durante la presidencia de Luis Lacalle Pou; y ahora el plan presentado por Negro consiste en reiterar el error anterior del FA. Esa narrativa se saltea demasiadas evidencias.
El aumento de la criminalidad ha sido una tendencia ininterrumpida desde mucho antes de la primera presidencia de Tabaré Vázquez. No tiene sentido analizarlo como si la única variable relevante hubieran sido las políticas gubernamentales, porque las características de los delitos han cambiado mucho, a menudo y para peor, entre otras cosas por el avance del crimen organizado con vínculos internacionales.
En el período anterior de gobierno hubo avances en algunas áreas pero también notorios fracasos en otras, registrados en la estadística y causantes de un claro descontento ciudadano. Ahora, el Plan Nacional de Seguridad Pública busca corregir errores con una mirada de largo plazo: por supuesto, puede y debe ser discutido con seriedad, pero esto implica considerar su verdadero contenido, que no tiene nada que ver con lo que Bordaberry llama “largar presos a la calle”.
Lo que el plan prevé es “racionalizar el uso de la cárcel” con más medidas alternativas, en línea con lo recomendado por el Libro blanco de la reforma penitenciaria que se publicó a fines de 2024.
Hay también un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, elaborado por especialistas y presentado el 26 del mes pasado. Una de sus numerosas propuestas es modificar las normas vigentes acerca de la libertad anticipada. Esta iniciativa será tratada por separado en el Parlamento; presentarla como si fuera la esencia del plan de seguridad es una falsificación grosera, que menosprecia y tergiversa ambas iniciativas.
Lograr mejores políticas de seguridad pública exige articular y potenciar respuestas para una amplia gama de problemas. Bordaberry sostiene que todo se reduce a encarcelar más o menos personas. Es una posición coherente con su defensa anterior de la baja de la edad de imputabilidad penal, pero perseverar en las simplificaciones regresivas no es un mérito.