Las diputadas Tatiana Antúnez y Paula de Armas trabajan juntas en un proyecto de ley, con la intención de mejorar los procesos de adopción. Ambas integran, como delegadas del Poder Legislativo, un grupo convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para considerar el tema, donde también hay representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el hospital Pereira Rossell y organizaciones de la sociedad civil. Esto les ha facilitado identificar problemas a resolver, cuentan con apoyo de equipos técnicos, ya han tenido intercambios con el nacionalista Pablo Abdala, expresidente del INAU, y esperan que sus propuestas tengan amplio respaldo parlamentario.
La noticia es reconfortante, porque destaca el interés de las diputadas en identificar y resolver dificultades de la vida cotidiana, y más aún porque Antúnez es frenteamplista y comunista, mientras que De Armas es colorada y bordaberrista. No se trata de la primera cooperación legislativa entre integrantes del oficialismo y la oposición en esta legislatura, pero es tanta la difusión de discrepancias crispadas e intercambios de acusaciones que muchas personas pueden sentirse sorprendidas.
Robin Hood al revés
En la política uruguaya han abundado los debates e iniciativas acerca de las adopciones con notorios sesgos. En un tiempo que hoy parece remoto pero no lo es tanto, estaba muy arraigada la idea de que era mejor dejar que se desvanecieran en el olvido los datos de la familia biológica. Esto fue quedando atrás a medida que se reconocieron normas internacionales sobre derechos de la infancia, y también porque la investigación sobre apropiaciones de niños y niñas en dictadura arrojó una nueva luz sobre el asunto.
Sin embargo, desde mucho antes hubo –y aún hay– lo que Alejandro Incháurregui, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, llama “apropiaciones de clase”. Aquí, como en el resto del mundo, ha sido frecuente que, bajo la ley del más fuerte, unas personas satisficieran sus deseos de “tener” hijas e hijos pasando por encima de los derechos de otras personas.
A veces esto se procesa en la ilegalidad, por compra directa o mediante organizaciones de tráfico, pero también los estados, invocando la conveniencia de encontrar “buenas familias” adoptantes, contribuyen a esa transferencia desde los sectores más vulnerables hacia los más poderosos. Entre otras cosas, porque los segundos tienen mucha más capacidad de presión sobre las instituciones de gobierno.
Las propuestas que estudian De Armas y Antúnez tienden a contrapesar el sesgo asociado con la desigualdad económica, atenuando la dificultad de un trámite de adopción que implica tener que trasladarse con frecuencia a Montevideo desde otros lugares del país, con ausencias del trabajo que no están protegidas por licencias, y destinar sumas importantes al pago de abogados. También defienden algunos derechos de la infancia, facilitando el acceso a antecedentes de salud en las familias biológicas de quienes son adoptados.
Otros problemas son más difíciles de resolver. Entre ellos, la tendencia a la adopción preferencial de bebés, que suele dejar a niñas y niños de más edad con la perspectiva de permanecer bajo custodia estatal, en presuntos “hogares” con condiciones poco favorables para su desarrollo psicosocial e incluso para su seguridad. O el escaso apoyo para facilitar la crianza de criaturas dentro de familias biológicas vulnerables. O, en el fondo de la cuestión, las desigualdades sociales que determinan la vulnerabilidad.
Polvos, lodos y esperanzas
La Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en 2020 apuntó en gran medida a lograr que quienes querían adoptar pudieran hacerlo con mayor rapidez y menos trámites. La resistencia a aquella iniciativa subrayó la necesidad de procedimientos garantistas por el interés superior de la infancia.
En las últimas semanas se ha discutido mucho a partir de una consecuencia indeseable pero esperable de aquel cambio normativo. La italiana Nicole Minetti, pareja del empresario Giuseppe Cipriani, había sido condenada en su país por intermediar en la contratación de trabajadoras sexuales para fiestas que organizaba Silvio Berlusconi, pero fue indultada atendiendo a que un niño adoptado por ella en Uruguay tiene una enfermedad grave. Esa adopción se realizó en 2021, con el procedimiento de excepción facilitado por la LUC del año anterior y descartando a una pareja que desde 2018 había iniciado el proceso requerido para adoptar al niño.
Antúnez y De Armas exploran el modo de resolver algunos problemas sin quedar bloqueadas por la polarización partidaria. Es un primer paso necesario y beneficioso, no solo para que ciertos procedimientos se realicen con mejores criterios y mayor sensibilidad humana, sino también para empezar a construir confianzas y acuerdos básicos que abran, luego, la posibilidad de abordar cuestiones más espinosas pero ineludibles. Ojalá que así sea.
