La legalización del cannabis en Uruguay ha sido exitosa en términos de creación y consolidación de un mercado regulado, con crecimiento sostenido, control de calidad y expansión territorial. Sin embargo, no logró aún desplazar totalmente el mercado ilegal y enfrenta desafíos en diversidad de productos, privacidad y acceso. No ha mejorado la seguridad pública, sobre todo porque el narcotráfico se mantiene con otras sustancias. El modelo uruguayo sigue siendo valioso, pero requiere ajustes para avanzar hacia una regulación más eficaz.
Incluso al ver en cuántos otros lugares del planeta se están ejecutando legalizaciones similares a la uruguaya llama muchísimo la atención que el mundo entero no proceda de igual modo con todas las sustancias, especialmente aquellas que tienen la fama de ser prodigiosamente placenteras y de prometer gran alivio a los tan frecuentes padecimientos humanos (cocaína, morfina, heroína, anfetamina y fentanilo, entre otras).
Los defensores de la ilegalidad no aprendieron sobre el atractivo poderoso que genera lo prohibido y, creyendo que la cultura y sus reglas nos hacen superiores, se sigue prohibiendo –y así estimulando de modo insensato– el consumo de las “prodigiosas” drogas prohibidas. Con la prohibición quieren hacer creer que salvamos a la juventud de la drogadicción, pero con ese relato totalmente falso se ha generado un inmenso negocio de fabulosas riquezas, aportado por la enorme masa de consumidores no problemáticos de las sustancias prohibidas (y no tanto por los adictos patológicos, que son solo el 1% de la población).
Dicho negocio no solo es aprovechado por el narcotráfico, sino también por el antinarcotráfico, por el tráfico de armas, por la corrupción política, por los paraísos fiscales, por la banca privada secreta, para el lavado de fortunas ilícitas y ahora también para justificar desmanes destructivos de poderosos armados sobre pueblos inermes (por ejemplo, los argumentos a los que apeló Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump tome el control sobre Venezuela).
A nadie se le ocurre que todo se arregla legalizando las drogas, pero, por lo menos, de esa forma se sale del absurdo de la ilegalidad del narcotráfico versus la legalidad del consumo, cosa que no sucede ni con el alcohol ni con el tabaco: ¿por qué no hacer lo mismo con todas las sustancias?
Los beneficiarios de la prohibición dirán que se acaban los negocios que promueven a través de los aportes clandestinos de los consumidores. También se acaban los justificativos para los desmanes del poder que alegan peligros para la juventud, por supuesto, olvidando los numerosos jóvenes muertos o inválidos que ese mismo poder –económico o político– produce con sus ambiciones y sus guerras.
¿Qué esperamos los uruguayos para reaccionar, al fin, frente a tanto desatino y tanta injusticia? Somos un pueblo pequeño pero valiente, y podremos ser aplastados por los intereses planetarios de los mandamases de turno, pero vale reivindicar la frase “más vale morir de pie que vivir arrodillado”.
Aplaudo calurosamente lo planteado por Milton Romani en la diaria en febrero, tendiente a la legalización y regulación del consumo de drogas. Pero es pertinente subrayar también el tremendo absurdo de considerar la tendencia humana a la adicción como algo exclusivamente enfermizo. Si tomamos la adicción en el sentido más amplio, el de apegarse a algo que rinde algún beneficio a nuestra pobre y sufriente condición humana, podemos clasificar como adictivas no solo las sustancias, sino muchas otras cosas. Basta que cumplan con un número significativo (de cuatro a seis) de los 11 criterios diagnósticos que señalan los manuales de uso (como el DSM 5 TR, de la Asociación Americana de Psiquiatría) para definir un consumo o un uso problemático.
Mientras las enormes ganancias de las estructuras del narcotráfico sigan intocadas, los golpes de las autoridades a esas estructuras producen el fenómeno de la Hidra, monstruo mítico que al cortarle una cabeza le nacen dos.
Ciertamente, cuando la adicción es desmedida puede llegar a ser muy destructiva, pero, si es medida, forma parte de nuestra naturaleza humana y puede ser positiva (a veces, hasta muy positiva; basta recordar a numerosos destacados benefactores de la humanidad también portadores de variadas adicciones que a menudo los ayudaron en lugar de perjudicarlos). Además, para nada se auxilia a los adictos patológicos declarándolos simplemente enfermos sin tratar de mitigar los sufrimientos que generan las profundas raíces de su adicción. Esta mitigación es difícil de lograr, sobre todo si el número de sufrientes desborda los recursos científicos disponibles, pero lo mismo sucede con varios otros padeceres humanos, como los intentos o las ideas suicidas.
Por último, estrechamente vinculado al tema de las drogas está el de la seguridad. Claro que la solución no está en aumentar sustancialmente la seguridad, como piensan muchos, porque si pusiéramos un policía en cada esquina día y noche, si multiplicáramos por diez los recursos de inteligencia y encarceláramos con duras condenas a muchos más traficantes, la droga prohibida seguiría tan campante como hasta ahora. Prueban estas afirmaciones los resultados observados en los diferentes países donde se han aplicado sanciones terribles al narcotráfico (incluida la pena de muerte) y, a pesar de ello, no ha sucedido una disminución del narcotráfico, sino todo lo contrario.
Eso sucede porque, mientras las enormes ganancias de las estructuras del narcotráfico sigan intocadas, los golpes de las autoridades a esas estructuras producen el fenómeno de la Hidra, monstruo mítico que al cortarle una cabeza le nacen dos.
Uruguay debe legalizar y regular el comercio de todos los estupefacientes (como lo hizo a medias con el cannabis), apropiarse así del mercado, disminuir drásticamente los enormes gastos de la lucha antinarco y, con esos ahorros, más las ganancias por impuestos al consumo de esas drogas, beneficiar al pueblo y ayudar a los adictos patológicos (que, como dijimos, son una minoría).
Sin embargo, Uruguay está haciendo todo lo contrario, ya que sigue la línea del anterior gobierno, pues, a regañadientes, aceptó la regulación del cannabis y, como el anterior, solo habló de intensificar la guerra al narcotráfico, desconociendo la enorme masa de información que hay en el mundo en contra de esa guerra y a favor de la legalización. Tal es así que el Ministerio del Interior de este gobierno, a cargo de Carlos Negro, apenas atenuó el enorme delito de abuso de funciones llevado a cabo por su antecesor, Nicolás Martinelli (el día anterior de abandonar el Ministerio del Interior), cuando suspendió por seis meses sin goce de sueldo a dos altos funcionarios del ministerio –Javier Donnangelo y Andrea Tuana– por el simple hecho de decir la verdad sobre consecuencias de la droga; verdad que no convenía políticamente.
Negro no reintegró a Donnangelo a su función como director del Observatorio de Criminalidad, sino que le agregó un peor castigo: la separación del cargo y colocando en su lugar a dos sociólogos pertenecientes a otras tiendas políticas, pero, al parecer, afines a sus ideas, como Emiliano Rojido y Diego Sanjurjo. Está cada vez más cerca el momento en que la oposición capte claramente la magnitud de estos enormes errores y los use para denostar a este gobierno.
En ese sentido, se necesita de una purga del Ministerio del Interior que traiga un radical cambio de política de seguridad, evitando así males mucho mayores como perder la brújula y con ella las próximas elecciones.
Alberto Weigle es psiquiatra de niños y adolescentes y psicoanalista.
