En este mes de mayo no solo se potencian los reclamos de memoria, verdad y justicia sobre las víctimas de desaparición forzada. También arrecia la campaña contra la actuación del sistema judicial acerca de crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. El martes de esta semana, en la sala de eventos del Palacio Legislativo, se realizó la tercera charla de una serie organizada por el senador colorado Gustavo Zubía que lleva el nombre “La Justicia en debate”, pero de debate tiene poco. Se trata de sumar y amplificar voces en defensa de los procesados y condenados por esos delitos gravísimos.
Hablaron, entre otros, Valeria Ripoll, excandidata del Partido Nacional a la vicepresidencia de la República; Graciela Bianchi, senadora de la misma fuerza política; y Julio María Sanguinetti, cuya larga trayectoria política como dirigente del Partido Colorado lo llevó a ser presidente de la República de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000. Obviamente, sabían que en el público estaban muchas de las personas que militan por el vaciamiento de la cárcel de Domingo Arena, ya sea porque tienen vínculos personales con quienes están recluidos allí, porque justifican “la lucha contra la subversión” o por ambos motivos.
Sin embargo, no aprovecharon la oportunidad para respaldar la reciente convocatoria unánime del Senado (votada por Bianchi) a que se aporte “cualquier dato, por mínimo que parezca”, que pueda contribuir a la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas.
Jugando para la tribuna
Corresponde señalar que Ripoll, por lo menos, reivindicó varias veces esa búsqueda, definiéndola como una “causa noble”, y afirmó que no se opone a que cumplan su condena quienes fueron culpables de torturar y asesinar, sino a que esté presa gente que “no hizo nada”. Bianchi se refirió de pasada a “pactos de silencio”, pero no pidió que se quebraran, y aunque dijo que hubo “represores execrables”, enfatizó que hay que “volver al estado de la Ley de Caducidad lo más rápido posible”, para que no quede nadie preso en Domingo Arena.
Sanguinetti ni siquiera rozó el tema. Sí sostuvo que “el gran pecado político de la dictadura” fue que “los tupamaros entraron a la cárcel repudiados y salieron de la cárcel bendecidos”. También arguyó que la “resquebrajadura” en la estabilidad institucional y la paz del país es que se haya anulado la Ley de Caducidad y que es preciso “seguir predicando” y “luchando” para “restañar esa herida”. No parece que le parezca una resquebrajadura el escamoteo de los restos de las personas desaparecidas y de la verdad sobre lo que les ocurrió.
Lo que sí hicieron Ripoll, Bianchi y Sanguinetti fue halagar al público con duras condenas a los tupamaros, a los comunistas y a presuntos procesos de falsificación de la historia, adoctrinamiento en la educación y alineamiento del sistema judicial con los objetivos de la izquierda.
Los tres discursos incluyeron aderezos insólitos. El menos original fue el de Ripoll, quien reiteró la acusación infundada de que hay gente “enriqueciéndose” con lo que cobra “todos los meses” por ser familiar de personas desaparecidas. Bianchi fue aún más temeraria, al alegar que solo falta encontrar restos de cuatro personas desaparecidas en territorio uruguayo. Sanguinetti dijo algo cuya veracidad es dudosa pero debería ser confirmada o desmentida cuanto antes.
Honorables entre comillas
Según el expresidente, “más o menos presumimos quiénes fueron los asesinos materiales” de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, y “sabemos” que “vino de acá la orden”, pero no del dictador Juan María Bordaberry y su entonces canciller, Juan Carlos Blanco, sino de “ciertos servicios de inteligencia [de la dictadura], donde sí hubo responsables de esos crímenes”. Esto contradice el relato que atribuye aquellos asesinatos a móviles económicos, por la ambición desbocada de paramilitares argentinos que actuaban con autonomía.
Sanguinetti alegó que Bordaberry y Blanco eran “personas, en ese aspecto, honorables”, y que “nadie puede pensar que tenían el poder” realmente. Esto puede ser archivado en el rubro de las opiniones personales sumamente discutibles, pero no sucede lo mismo con lo que dice que “sabemos” (quizá por la costumbre de referirse a sí mismo en plural, como los reyes, o quizá en alusión a otras personas que no mencionó).
Pocas dudas caben de que el veterano político conoce y mantiene en secreto datos muy relevantes sobre la gestación del terrorismo de Estado y sus atrocidades. Ahora que, por una vez, habló de más, parece pertinente que por lo menos sea citado a declarar en Fiscalía, para que diga a quiénes y por qué les atribuye la responsabilidad de los asesinatos de 1976.
Sea como fuere, cabe reiterar una obviedad que deberían tener en cuenta muchos de los asistentes a las charlas que organiza Zubía. Si alguien hubiera sido condenado en forma injusta por crímenes de la dictadura, la responsabilidad les cabría, en grandísima medida, a quienes saben la verdad y no la han dicho, para proteger a otros o protegerse.