La semana que termina fue compleja para el Poder Ejecutivo. En un contexto de desaprobación creciente al desempeño del presidente Yamandú Orsi, confirmado por la encuesta de Cifra que se conoció el miércoles, se tomaron decisiones sobre el primer proyecto de Rendición de Cuentas. La tarea exigía considerar y jerarquizar múltiples demandas, muchas de ellas apoyadas por votantes del Frente Amplio que hoy están desconformes con el gobierno.
A esto se sumaron, en forma imprevista, polémicas, aclaraciones, correcciones e incertidumbres tras el anuncio de que la Policía iba a utilizar, mediante un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, vehículos blindados del ejército en el patrullaje de barrios con alta criminalidad.
La interpretación de la noticia como un avance hacia la militarización de la seguridad pública fue motivo de cruces con la oposición y de discusiones internas oficialistas, que incluyeron la manifestación de discrepancias por parte del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.
En la mañana de ayer, la conferencia de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros despejó varias dudas y ubicó la cuestión de los vehículos militares en términos mucho menos discutibles.
En lo referido a la Rendición de Cuentas, se anunció que habrá un incremento de los desembolsos estatales mayor que el establecido el año pasado por el presupuesto y se ratificó la prioridad de las políticas para reducir la pobreza en hogares con integrantes infantiles. Las autoridades prevén que lograrán un impacto significativo mediante la “profunda transformación del sistema de protección social asociado a la infancia y la adolescencia”.
Las otras áreas en las que habrá más recursos que los aprobados en el presupuesto serán la de atención a personas en situación de calle, en el marco de la estrategia anunciada en abril; la de educación, sobre la que no se dieron detalles, y la de seguridad pública, para la que se anunció la creación de 300 nuevos cargos policiales, inversiones en tecnología y la compra de “una cantidad bastante importante” de vehículos. Acerca del uso de blindados militares, se anunció la firma del convenio entre Interior y Defensa, refrendado en forma unánime por quienes integran el Consejo de Ministros, y hubo precisiones relevantes sobre su contenido.
Estarán a disposición de la Policía hasta 12 unidades de los cinco tipos distintos que poseen las Fuerzas Armadas (y no sólo de las muy mentadas Mamba MK7), que serán requeridas en cada caso según las necesidades operativas. Se capacitará a personal policial para manejarlas, y si surge la necesidad de algún vehículo para el que esa capacitación no haya concluido, lo manejará un militar en “comisión de servicio”, bajo mando del Ministerio del Interior. Tanto el titular de esta cartera, Carlos Negro, como su par de Defensa Nacional, Sandra Lazo, subrayaron que el único objetivo es proteger mejor a los funcionarios policiales.
Una vez corregidas las desprolijidades previas de planificación y comunicación vinculadas con esta medida, solo cabe esperar que los debates políticos se centren en las verdaderas prioridades de la Rendición de Cuentas y del país.
