Nadia disfruta de ir a estudiar. Falta solo cuando llueve, porque no quiere que se le mojen los únicos championes que tiene para ir al liceo. Acceder a la beca Butiá le permitió, por primera vez, comprarse el par de zapatos que más le gustaban. Estudiar es mucho más que estar en un salón; es encontrarse con otros, imaginar un futuro, compartir momentos, anécdotas, historias de vida. Para eso es necesario tener condiciones materiales mínimas: abrigo, útiles, boletos.
A Santiago le cuesta sostener la asistencia. Las materias cada vez le parecen más difíciles, pero la beca le dio un objetivo: está ahorrando para comprarse un celular. Eso le permitirá estar más en contacto con sus compañeros y estar más integrado en el grupo.
En la casa de Mariana, el dinero de las transferencias alcanzó para instalar internet. Desde entonces, hacer los deberes dejó de depender del wi-fi de un vecino y estudiar pasó a ser un poco más fácil.
Susana mira la hora: ya tiene que salir a buscar a su hijo Santiago al CAIF. El tiempo que él pasa allí le permite a ella terminar el liceo. La asignación familiar le permite cubrir el costo de los boletos y de sus materiales de estudio. Cuidar a quienes cuidan es fundamental.
Podríamos discutir durante horas cuánto representan estas prestaciones en las cuentas públicas. Pero para Nadia, Lucía, Santiago, Susana y Mariana la pregunta es otra: ¿cuánto representan en sus vidas? ¿Desde qué lugares se discuten las transferencias económicas? ¿Desde qué ingresos, desde qué seguridades y certezas materiales, desde qué experiencias de vida?
A veces se habla de estas políticas desde la idea de dependencia o comodidad, pero la realidad muestra otra cosa: familias haciendo rendir ingresos insuficientes, mujeres sosteniendo hogares enteros, adolescentes intentando no abandonar sus estudios, y niños y niñas creciendo en contextos de enorme desigualdad y condiciones mínimas de vida insuficientes. Discutir las transferencias sin mirar esas realidades es correr el riesgo de transformar cifras en prejuicios y olvidar que detrás de cada prestación hay historias, hay esfuerzos y también hay derechos que intentan sostenerse todos y cada uno de los días.
Toda semilla nace de una historia, pero siempre contiene otras por venir. Es fruto de un pasado y promesa de futuro. Si esta política tuviera un nombre, nos gustaría que fuera “semilla”. Porque una semilla es fruto, pero también es futuro, y contiene muchas historias por venir, por construirse.
Hay políticas públicas que construyen carreteras, hospitales o edificios. Otras construyen oportunidades. Son menos tangibles, pero para nada menos importantes. Apostar por la infancia pertenece a esa segunda categoría, una apuesta de futuro en oportunidades. Es sembrar hoy para cosechar mañana, y también dentro de algunos años.
La Rendición de Cuentas propone unificar las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social, el Bono Crianza y el programa Bienvenido Bebé en una Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. El nuevo sistema simplifica prestaciones dispersas y aumenta significativamente los montos para los hogares más vulnerables. Para las familias de menores ingresos, la transferencia podrá alcanzar los 10.000 pesos mensuales.
Los números ayudan a dimensionar el alcance de la decisión. La inversión adicional prevista asciende a 1.257 millones de pesos y permitirá incorporar a más de 50.000 niños y niñas al nuevo sistema a partir de 2027. En promedio, las prestaciones crecerán 84% respecto de las actuales. La implementación se realizará de forma gradual, comenzando en 2027 con las generaciones nacidas entre 2025 y 2027. De este modo, la implementación prioriza los primeros 1.000 días de vida, que juegan un rol clave en el desarrollo humano. Las estimaciones oficiales indican que la medida podría reducir alrededor de un 25% la pobreza entre los niños y niñas de 0 a 3 años alcanzados. El presupuesto nacional 2025-2029 previó un incremento presupuestal de 50 millones de dólares para 2027, a lo que se agregaron otros 31 millones de dólares destinados a financiar la unificación y el fortalecimiento del sistema de transferencias.
Con frecuencia se cuestionan las transferencias dirigidas a los hogares más pobres como si fueran una excepción dentro del funcionamiento del Estado. Sin embargo, el Estado transfiere recursos públicos de múltiples maneras.
Pero la apuesta no empieza ni termina en los primeros años de vida. Se extiende a lo largo de las trayectorias educativas (bonos escolares, becas Butiá, etcétera), allí donde las desigualdades materiales también condicionan las posibilidades de permanecer, aprender y proyectar un futuro.
Las transferencias monetarias suelen despertar debates intensos. Desde una perspectiva progresista nadie sostiene que, por sí solas, resuelvan las desigualdades estructurales. No sustituyen el empleo de calidad, una educación robusta, salud pública fuerte, políticas de vivienda o un sistema tributario más justo. Sin embargo, cumplen una función irremplazable: protegen a quienes más lo necesitan mientras esas transformaciones se construyen.
Con frecuencia se cuestionan las transferencias dirigidas a los hogares más pobres como si fueran una excepción dentro del funcionamiento del Estado. Sin embargo, el Estado transfiere recursos públicos de múltiples maneras. Lo hace cuando exonera impuestos para promover determinadas actividades, cuando incentiva inversiones, cuando apoya a distintos sectores productivos o cuando establece beneficios tributarios para instituciones que considera de interés público.
Según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, solo la exoneración del IVA a los servicios de enseñanza privada representa una renuncia fiscal cercana a los 6.900 millones de pesos en 2025. La inversión adicional propuesta en esta rendición para fortalecer las transferencias destinadas a la primera infancia equivale a menos de una quinta parte de ese monto. Sí, menos de un 20%.
No se trata de confrontar unas políticas con otras. La educación pública o privada, las cooperativas de vivienda, la promoción de inversiones o las políticas para la infancia pueden responder a objetivos legítimos o complementarios. El punto es otro: aceptar que todas son formas mediante las cuales el Estado decide orientar recursos públicos para una sociedad más justa e integrada.
Muchas veces, quienes cuestionan estas prestaciones lo hacen desde realidades donde nunca tuvieron que elegir entre cargar el boleto o comprar leche, entre mandar a un hijo al liceo o cuidar el único par de championes que tiene para no arruinarlos bajo la lluvia, a sabiendas de la imposibilidad de comprar otro par. Se discuten montos sin dimensionar lo que representan cuando cada peso organiza la vida cotidiana.
Sembrar nunca garantiza una cosecha inmediata. Pero renunciar a sembrar garantiza exactamente lo contrario. Por eso, cuando el Estado decide invertir en la infancia no está simplemente distribuyendo recursos. Está tomando una decisión sobre el país que quiere construir. Y pocas decisiones hablan tanto de una sociedad como la forma en que cuida a sus niños y niñas. El antidestino es poder crear el propio y que todas las personas de la sociedad puedan acercarse a condiciones mínimas para poder construir su futuro, forjar su propio camino, ser semilla que siembra su futuro. Porque, al final, toda política pública deja una herencia. La diferencia es elegir si esa herencia será una cuenta pendiente o una semilla para sembrar futuros.
Federico Preve Cocco es médico neurólogo, docente de la Universidad de la República y diputado de Progresistas, Frente Amplio. Leticia Varela es licenciada en Trabajo Social y Micaella Olveira es profesora de educación media. Ambas integran el equipo de la diputación de Preve en temas de niñez, adolescencia y educación.
