Casi el 30% de la población uruguaya con menos de seis años de edad vive en hogares pobres. Durante la última campaña electoral, hubo una amplísima coincidencia en el sistema partidario sobre la prioridad del problema, asumida desde el año pasado por el gobierno que preside Yamandú Orsi. En el primer proyecto de Rendición de Cuentas de este período, pese a que el crecimiento económico estuvo por debajo de las previsiones presupuestales, se propone un refuerzo de las políticas en la materia, con mayor asignación de recursos, unificación e incremento de transferencias económicas y otras medidas de apoyo. Cabía esperar que en este terreno no hubiera cuestionamientos opositores, pero los hay, y gruesos.
El lunes, un editorial del diario El País titulado “El asunto de las carencias críticas” sostuvo que existe un “avanzado riesgo de extensión de políticas clientelísticas y disfrazadas con ropajes técnicos, que no debe ser relativizado pensando en las elecciones de 2029”, y que “lo que se está tramando” debería “preocupar mucho a los partidos de oposición”.
Fantasías y fantasmas
El editorialista basa su alarma en cuatro datos, que vincula en forma paranoide. El primer dato es que los resultados del censo realizado en 2023 tienen, entre otras deficiencias, una medición poco precisa de la situación de quienes viven en asentamientos. El segundo, que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) trabaja, junto con el Instituto de Economía de la Universidad de la República, en la actualización del Índice de Carencias Críticas, empleado para evaluar la vulnerabilidad de los hogares y asignar prestaciones.
El tercer dato es que el proyecto de Rendición de Cuentas, como ya se mencionó más arriba, plantea un proceso gradual de unificación y aumento diferencial de transferencias que hoy se perciben por concepto de asignaciones familiares (las tradicionales y las del Plan de Equidad), Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza. El cuarto, que “el Diálogo Social izquierdista” expresó la voluntad de eliminar por completo la exigencia de “contraprestaciones” para recibir esas transferencias (o sea, su condicionamiento a que niñas y niños asistan a clases y se realicen controles médicos).
Interpretando estos hechos, el editorialista creyó descubrir una trama maligna del Frente Amplio (FA). Sostuvo que, al amparo de la incertidumbre sobre cuántas y quiénes son las personas que necesitan “ayuda social”, el Mides “recalcula una nueva ponderación de las [carencias críticas] en función de criterios propios”, y que si bien lo hace “con un manto de legitimidad académica”, “cualquiera sabe que los compañeros de ruta izquierdistas universitarios están simplemente para ofrecer herramientas justificativas en favor de las políticas que lleve adelante el FA”.
A su vez, siempre según el editorial de El País, el Poder Ejecutivo “define una nueva y unificada prestación que otorgará de acuerdo con su criterio”, y todo esto conduce a “disponer de una población necesitada económicamente, desintegrada socialmente y poco educada formalmente, para hacer de ella una clientela partidista en base a recursos del Estado dispuestos con afán sectorial favorable a la izquierda”.
Tengamos criterio
En los censos nacionales, una gran cantidad de gente no especializada registra muchísimos datos de cada habitante del país. La definición de las políticas sociales y de todas las demás requiere información mucho más específica, recabada con criterios profesionales. Las carencias del último censo, que se llevó a cabo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, poco tienen que ver con la necesidad de actualizar el Índice de Carencias Críticas.
Ese índice fue elaborado hace ya 15 años, con la intención declarada de prevenir la asignación discrecional de prestaciones y desde entonces las características de los hogares más vulnerables han cambiado. Ajustar las variables y redefinir cuánto incide cada una en la evaluación es crucial para evitar errores e injusticias.
La tarea es delicada y, por supuesto, los técnicos deben realizarla con sus propios criterios, más precisos que la referencia a datos generales de un censo (y más confiables que procedimientos aplicados durante el gobierno de Lacalle Pou, con declaraciones juradas de las personas que solicitaban prestaciones).
La unificación del sistema de transferencias tiene una justificación obvia en términos de racionalidad y eficacia. En lo referido a las “contraprestaciones”, es cierto que una de las recomendaciones del Diálogo Social fue que dejaran de exigirse, pero la propuesta del Poder Ejecutivo condiciona un 20% de la futura transferencia unificada. Para definir esto se tuvo en cuenta que, de las cuatro prestaciones involucradas, solo está condicionada la asignación familiar del Plan de Equidad, que representa aproximadamente ese porcentaje del total futuro.
La idea de que hay un plan artero para ganar votos en 2029 solo se le puede haber ocurrido a alguien muy poco interesado en las políticas sociales y muy familiarizado con el clientelismo.